14 mayo
2009 - Aomori, Japón — Durante la jornada
de hoy ha tenido lugar en Aomori (Japón)
la cuarta vista previa al juicio de Junichi
Sato y Toru Suzuki. El tribunal ha dado un
revés a las tentativas del Gobierno
de Japón de ocultar un escándalo
de malversación de dinero público
en el supuesto programa “científico”
de caza de ballenas en la Antártida,
pues ha aceptado las pruebas clave presentadas
por la defensa que cuestionan las razones
por las que se juzga a los dos activistas
de Greenpeace, Junichi Sato y Toru Suzuki.
Sato y Suzuki están
siendo procesados, y pueden ser condenados
hasta a diez años de prisión,
únicamente por destapar el mayor escándalo
de corrupción del Gobierno japonés
con el programa de caza de ballenas del Santuario
Ballenero Antártico. Estos dos activistas
interceptaron una caja con carne de ballena
procedente de la supuesta caza “científica”
cuyo fin era su venta en el mercado, y la
presentaron como evidencia en los tribunales
japoneses para demostrar la existencia de
corrupción en el programa de caza de
ballenas subvencionado por gobierno.
La acusación ha tratado
de denunciar la acción de los demandados
como un caso de robo, argumentando que todas
las pruebas relacionadas con el escándalo
de malversación de fondos públicos
deberían ser aceptadas como irrelevantes.
Sin embargo, en esta vista previa el tribunal
ha aceptado que estas pruebas de malversación
tendrán un lugar en el juicio.
"En esta cuarta vista
previa al juicio, queremos establecer que
Junichi y Toru corroboraron la información
proporcionada por un informador en cuanto
a la malversación de dinero público
dentro de la flota ballenera de Kyodo Senpaku”
ha alegado esta mañana Yuichi Kaido,
el abogado de los dos activistas .
"Con el rechazo por
parte del tribunal a la opinión del
acusador, hemos ganado la oportunidad de demostrar
que de verdad existe la malversación
de carne de ballena por parte de los empleados"
ha declarado Celia Ojeda, responsable de la
campaña Océanos de Greenpeace.
Además, el tribunal
también ha solicitado las pruebas adicionales
que existen sobre la malversación de
fondos que todavía no se han hecho
públicas. Esto posiblemente podría
incluir declaraciones claves hechas a la policía
por los empleados de Kyodo Senpaku, la empresa
contratada para realizar el programa de caza
de ballenas en la Antártida.
"El gobierno esperaba
ocultar este escándalo poniendo a los
mensajeros en juicio" ha añadido
Celia Ojeda. "Sin embargo, a medida que
salen a la luz más pruebas de la malversación
de fondos públicos, se juzgará
la gestión de la supuesta caza “científica”
de ballenas”.
+ Más
Greenpeace pide a las Comunidades
Autónomas que rechacen regalar dinero
para la compra de coches
La organización se
opone al despilfarro de dinero público
para subvencionar una de las mayores causas
del cambio climático
14 mayo 2009 - Madrid, España
— Greenpeace pide a las Comunidades Autónomas
que rechacen de pleno aumentar el gasto público
en favor de una de las industrias que más
se ha opuesto a hacerse cargo de su responsabilidad
frente al cambio climático. Hoy se
ha celebrado la reunión entre el Ministerio
de Industria y las Comunidades Autónomas
con el objetivo de recaudar el apoyo de las
regiones a la nueva subvención directa
propuesta por el presidente del Gobierno a
la compra de turismos.
“Las ayuda directas a la
compra de un turismo es completamente incompatible
con la economía verde de la que tanto
habla Zapatero. Es inaceptable que el Gobierno
siga despilfarrando el dinero de las familias
para alimentar una de las mayores fuentes
de cambio climático” ha declarado Sara
Pizzinato, responsable de la campaña
Transporte de Greenpeace.
La organización ecologista
recuerda que es un grave error, en el año
de las negociaciones de Copenhague sobre el
fututro del protocolo de Kioto, apostar por
mantener la dependencia del transporte del
coche particular, responsable de más
del 12% de las emisiones de CO2 de España.
Para Greenpeace todavía
tiene menos sentido que los criterios según
los cuales se aplicaría el Plan 2000E
no añaden nada nuevo a los del Plan
VIVE, ya que se propone un límite de
emisiones de CO2 del nuevo vehículo
de 140 g/km. Esto representa una mejora muy
insuficiente sobre la actual media de las
emisiones de la flota de nueva adquisición
en España (152 g CO2/km en 2007). Además,
Greenpeace recuerda que, según las
falsas promesas del sector automovilístico,
en 2008 ya las emisiones medias de los vehículos
comercializados en Europa debían ser
de 140 gCO2/km con lo que se estaría
subvencionando una vez más al sector
automovilístico para cubrir el incumplimiento
de sus propias promesas.
Por otra parte, según
un estudio llevado a cabo por la Conferencia
Europea de Ministros de Tranporte (ECMT) en
1999, los beneficios económicos a largo
plazo de tales medidas son muy dudosos (1).
A esto se añade que numerosos informes
llaman la atención sobre las mejores
prestaciones de las inversiones en transporte
público sobre el empleo. A igualdad
de recorrido de un viaje, el transporte público
genera cerca del doble de puestos de trabajo
que la movilidad privada (2).
España ya cuenta
con 481 turismos por 1.000 habitantes con
una de las cuotas más elevadas de la
Unión Europea. Las ayudas directas
a la compra de coches representan un incentivo
para mantener la dependencia del vehículo
privado. El uso indisciminado de este medio
ha causado un grave aumento del impacto del
transporte sobre el clima a pesar de que la
eficiencia de los vehículos haya mejorado
ligeramente.
Greenpeace apoya mejores
sistemas y más justos para reducir
las emisiones de CO2 de la flota española
y reducir la importancia del automóvil
en el transporte. La aplicación de
una fiscalidad verde para los vehículos
que internalice los costes ambientales favorecería
automáticamente los medios más
eficientes y menos contaminantes. Es el caso
de lo que ha ocurrido con el impuesto de matriculación
por tramos de emisiones. Greenpeace pide que
también el impuesto de circulación
tenga en cuenta las emisiones de CO2 del vehículo.
De esta manera no serían todos los
ciudadanos quienes deberían soportar
el peso del coste de la reducción de
las emisiones de CO2 de la flota sino los
mismos consumidores y usuarios de coches.
La organización pide,
además, que cualquier medida de ayuda
que se aplique al sector del automóvil
ponga un límite de emisiones que represente
un incentivo a superar los objetivos obligatorios
de la nueva directiva europea en materia de
emisiones de CO2 de los turismos. Teniendo
en cuenta que la tasa de renovación
de la flota española ronda los siete
años, Greenpeace pide que se ayuden
sólo aquellos vehículos que
cumplen 7 años antes con los objetivos
de la Directiva Europea, es decir 110 gCO2/km.
“¿Por qué
el Gobierno no se ha atrevido a presentar
una opción más sostenible? Ayudar
a todos aquellos ciudadanos que quieren deshacerse
de su coche para pasar a medios menos contaminantes
debería ser uno de los objetivos del
Ejecutivo“ ha declarado Pizzinato.
Greenpeace ha lanzado hoy
una ciberacción dirigida al Ministro
Sebastián y a los Presidentes de las
CCAA para pedirles que estudien mejores sistemas
de fiscalidad verde para reducir las emisiones
de la flota española de turismos y
que toda medida se aplique a los vehículos
que no se superan el límite de 110
gCO2/km. La ciberacción se puede encontrar
en http://www.ciberactuacongreenpeace.es/.
NOTAS:
(1): ECMT 1999: Cleaner Cars. Fleet Renewal
and Scrappage Schemes. Guide to Good Practice.
(2): PTP, 2006; investigación del Instituto
Nacional de Investigación sobre los
Transportes y la Seguridad, INRETS; informe
conjunto de dos del Instituto de Wuppertal
para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía
e INFRAS de Zurich.
Depana, Ecologistes en Acció
de Catalunya y Greenpeace se oponen al nuevo
modelo de gestión de residuos para
Barcelona
