19
Jun 2009 - El Consejo de la UE celebrado ayer
mantiene a la Unión Europea en una
posición de estancamiento en los temas
cruciales para la Cumbre del Clima de diciembre
en Copenhague. WWF critica que Europa no hace
ninguna promesa sobre su reducción
de emisiones y, en cambio, exige a los países
en desarrollo que expliquen por qué
merecen apoyo financiero para luchar contra
el cambio climático. Además,
la organización considera imprescindible
un compromiso mínimo europeo de reducción
de emisiones del 30% con medidas internas.
WWF denuncia que el Consejo
de la Unión Europea no haya ofrecido
ninguna cifra sobre la ayuda a la que está
dispuesto a comprometerse, ni sobre los mecanismos
necesarios para recaudar recursos económicos.
Sin duda, esta falta de decisión a
seis meses de la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP 15) dificulta
la posibilidad de conseguir un tratado ambicioso
que dé continuidad a Kioto.
En este sentido, WWF afirma
que España puede adquirir un papel
importante si no se llega a un acuerdo en
Copenhague y se prolongan las negociaciones
sobre clima para el primer semestre de 2010,
durante el cual nuestro país presidirá
la Unión Europea.
“Los líderes europeos
tenían razón en afirmar que
ha llegado el momento de que la comunidad
internacional acelere el ritmo de las negociaciones
y se comprometa a limitar el calentamiento
global por debajo de los 2ºC”, afirma
Mar Asunción, Responsable del Programa
de Cambio Climático de WWF España.
Y añade: “desde nuestra ONG no entendemos
por qué aún no han tomado ninguna
decisión que apoye estos objetivos”.
WWF afirma que, manteniendo
el objetivo de los 2ºC, el acuerdo europeo
del 20% de reducción de emisiones en
2020 no es ambicioso, tal y como se ha afirmado,
ni tampoco lo sería una cifra del 30%,
si se diluye comprando créditos de
compensación de países en desarrollo.
El mínimo compromiso europeo tendría
que ser del 30% realizado internamente, y
un adicional 15% mediante financiación
a países en desarrollo. Tanto Europa
como otros países desarrollados tendrán
que están totalmente “descarbonizados”
en 2050.
Después de la tímida
Presidencia checa de la UE, WWF pide a la
futura Presidencia sueca que guíe a
Europa hacia Copenhague, estableciendo una
senda clara que no deje todas las decisiones
críticas para el último Consejo
que tendrá lugar antes de Copenhague,
ni para la propia reunión de las Naciones
Unidas sobre clima de diciembre. Hay demasiadas
posiciones discordantes que tienen que encajar
de aquí a entonces y no hay tiempo
que perder.
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WWF otorga a L´Hospitalet
de Llobregat el reconocimiento de “Ciudad
por los bosques”
18 Jun 2009 - WWF España
concede a L´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) el reconocimiento de “Ciudad por
los bosques” por su compromiso con la compra
pública responsable de productos forestales.
El Ayuntamiento prima en sus contratos la
adquisición de madera y papel certificados
por el sistema FSC. Este sello garantiza que
los productos provienen de bosques gestionados
de forma sostenible y es, por tanto, la mejor
herramienta para luchar contra las talas ilegales
y promover la gestión sostenible de
los bosques.
El Observatorio “Ciudades
por los Bosques” de WWF España destaca
a L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
entre casi 350 ayuntamientos, otorgándole
el título de “Ciudad por los Bosques”.
Tras este nombramiento, se encuentra el compromiso
de L´Hospitalet de Llobregat con la
compra pública de productos forestales
(fundamentalmente papel y madera), primando
aquellos que provienen de bosques gestionados,
tanto ambiental como socialmente, de manera
responsable, y que cuentan con la certificación
forestal FSC (1).
Este Observatorio es un
instrumento creado por WWF en 2005 para evaluar
las medidas que toman los ayuntamientos españoles
de más de 20.000 habitantes con el
fin de evitar la compra de productos forestales
de origen ilegal o insostenible.
Cabe recordar la importancia
de estas políticas de compra, ya que
las Administraciones públicas españolas
gastan anualmente más de 2.000 millones
de euros en madera y papel, siendo necesarias
cada año 2 millones de hectáreas
de superficie forestal para satisfacer sus
necesidades.
WWF considera que el consumo
de productos forestales debe ser preferible
a otros materiales más contaminantes
y que la compra pública es esencial
para promover la gestión sostenible
de los bosques y la lucha contra la pérdida
de biodiversidad, vinculada a los procesos
de deforestación y de degradación
de los bosques.
A pesar de esta situación,
sólo seis ayuntamientos en toda España:
L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona,
Benicarló, Gavá, Sant Boi de
Llobregat y León toman cartas contra
estos problemas y se sitúan, por tanto,
en la lista verde de este Observatorio. Esto
significa que únicamente estas seis
ciudades aplican en la actualidad un programa
de compra responsable y cuentan con un plan
de acción para controlar el origen
de los productos forestales que consumen.
Por el momento, otras 32
entidades públicas ya han mostrado
su compromiso, aunque no han avanzado en el
desarrollo de medidas concretas o en su aplicación,
y el resto, 303 ayuntamientos (el 89%), no
han desarrollado aún instrumentos de
control sobre el origen de los productos forestales
que consumen.
Estos datos son preocupantes,
ya que existe una legislación nacional,
la Ley de Montes, que incorporó en
2006 la necesidad de que las Administraciones
Públicas tomaran medidas para impedir
la compra de madera procedente de talas ilegales.
No hay que olvidar que el 16% de la madera
y el 3% de los productos de papel importados
por el mercado español provienen de
regiones donde la tala ilegal es una práctica
habitual. Un problema que genera en los países
productores pérdidas de unos 10.000
millones de euros al año, según
el Banco Mundial. Además, la Península
Ibérica es el segundo mayor consumidor
de madera tropical aserrada del mundo.
WWF solicita a los gobiernos
locales que apliquen urgentemente medidas
de compra responsable de productos forestales,
según lo establecido en la Ley de Montes,
dando prioridad a los productos certificados
por sellos como el FSC.
“Las Administraciones públicas
son responsables del 18% del total de los
productos de madera y papel que se consumen
en España. Los Ayuntamientos deben
utilizar este poder de compra para fomentar
la gestión sostenible de los bosques”,
apunta Félix Romero, Responsable del
Programa de Bosques de WWF España.
“Es el momento de que asuman su compromiso,
como lo ha hecho L´Hospitalet de Llobregat,
y apuesten públicamente por dar prioridad
a los productos certificados por el FSC”.
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WWF y Ecologistas en Acción
alertan de un nuevo caso de uso ilegal del
agua y el suelo en Doñana
10 Jun 2009 - WWF y Ecologistas
en Acción han presentado alegaciones
al expediente de autorización ambiental
para el cambio de uso de suelo en la parcela
de la finca “La Palomera”, en el término
municipal de Bonares, en Huelva. Dicha finca,
tras haber sido denunciada y sancionada hace
años por daños ambientales,
pretende ahora iniciar la actividad agrícola.
WWF España y Ecologistas
en Acción consideran inadmisible que
una finca que ha sido deforestada y denunciada,
tras pagar la sanción, quiera recalificar
el suelo para cultivar cereal de secano y
fresas. Ambas organizaciones solicitan a la
Consejería de Medio Ambiente que emita
informe desfavorable al cambio de uso de suelo
e instan a la Agencia Andaluza del Agua el
cierre inmediato de los pozos ilegales existentes.
Esta finca propiedad de
SAT Alconeras, situada en Bonares y con 141
hectáreas, fue denunciada y sancionada
por delitos ambientales en los años
98 y 99, por corta y arranque de árboles
sin autorización. Según estas
ONG, en 2000 hubo problemas de colmatación
en el arroyo la Palomera y daños en
la finca colindante (Arboreto de El Villar),
así como construcciones de barracones
y nave industrial sin licencia Además,
entre los años 2000 y 2002 hubo usurpación
del dominio público hidráulico,
destrucción del bosque ribereño
y vallado.
Todas las denuncias fueron
realizadas tanto por Ecologistas en Acción
como la propia Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, que abrió dos expedientes
sancionadores a SAT Alconeras. La propiedad
tuvo que pagar en el año 2003 los daños
causados y reforestar la zona degradada y
el arroyo La Palomera
WWF y Ecologistas en Acción
afirman que esta queja se produce a raíz
de que el Boletín Oficial de la Provincia
publicara el pasado 30 de abril que la finca
la Palomera solicitaba el cambio de uso de
suelo para 71 hectáreas, 67 de ellas
para cereal de secano y 4 para cultivos de
regadío como la fresa.
Tras la revisión
del expediente, se ha comprobado que esta
finca no dispone ni siquiera de agua para
el riego. Sólo tiene concesión
para 6.000 m3 de agua, que permiten regar
4 ha de olivar, y la propiedad pretende regar
4 ha de fresa, que requieren aproximadamente
18.000m3. Los cálculos realizados por
la empresa para que cuadren los volúmenes
para esas 4 ha estiman que no se regaría
nada entre noviembre y febrero, algo que las
organizaciones consideran irreal y engañoso
para tal cultivo de regadío.
Además, la misma
propiedad comenta que pretende aumentar la
superficie de regadío porque quiere
legalizar unos pozos existentes en la finca,
lo que demuestra que tiene captaciones ilegales
en su terreno al no cumplir con el trámite
administrativo correspondiente antes de realizar
un sondeo
Según informes de
los propios departamentos de la Delegación
de Medio Ambiente, se desaconseja esa autorización
de cambio de uso y se emite informe previo
desfavorable por problemas con el hábitat,
por problemas de riesgo de erosión
y colmatación de arroyos y por otras
incongruencias, como la existencia de incendios
forestales en el año 98 o por la elevada
presencia de lince ibérico en la zona.
Por todo lo expuesto, WWF
y Ecologistas en Acción solicitan se
archive el expediente de autorización
ambiental unificado sobre el proyecto de cambio
de uso en la finca Palomeras, prohibiendo
cualquier cambio de uso diferente al forestal
en toda la zona. Ambas organizaciones también
piden que se obligue a la empresa Alconeras
a una restauración, tanto en los terrenos
de su propiedad, como en los públicos.
