10 Jun 2009 - WWF y Ecologistas
en Acción han presentado alegaciones
al expediente de autorización ambiental
para el cambio de uso de suelo en la parcela
de la finca “La Palomera”,
en el término municipal de Bonares,
en Huelva. Dicha finca, tras haber sido denunciada
y sancionada hace años por daños
ambientales, pretende ahora iniciar la actividad
agrícola.
WWF España y Ecologistas
en Acción consideran inadmisible que
una finca que ha sido deforestada y denunciada,
tras pagar la sanción, quiera recalificar
el suelo para cultivar cereal de secano y
fresas. Ambas organizaciones solicitan a la
Consejería de Medio Ambiente que emita
informe desfavorable al cambio de uso de suelo
e instan a la Agencia Andaluza del Agua el
cierre inmediato de los pozos ilegales existentes.
Esta finca propiedad de
SAT Alconeras, situada en Bonares y con 141
hectáreas, fue denunciada y sancionada
por delitos ambientales en los años
98 y 99, por corta y arranque de árboles
sin autorización. Según estas
ONG, en 2000 hubo problemas de colmatación
en el arroyo la Palomera y daños en
la finca colindante (Arboreto de El Villar),
así como construcciones de barracones
y nave industrial sin licencia Además,
entre los años 2000 y 2002 hubo usurpación
del dominio público hidráulico,
destrucción del bosque ribereño
y vallado.
Todas las denuncias fueron
realizadas tanto por Ecologistas en Acción
como la propia Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, que abrió dos expedientes
sancionadores a SAT Alconeras. La propiedad
tuvo que pagar en el año 2003 los daños
causados y reforestar la zona degradada y
el arroyo La Palomera
WWF y Ecologistas en Acción
afirman que esta queja se produce a raíz
de que el Boletín Oficial de la Provincia
publicara el pasado 30 de abril que la finca
la Palomera solicitaba el cambio de uso de
suelo para 71 hectáreas, 67 de ellas
para cereal de secano y 4 para cultivos de
regadío como la fresa.
Tras la revisión
del expediente, se ha comprobado que esta
finca no dispone ni siquiera de agua para
el riego. Sólo tiene concesión
para 6.000 m3 de agua, que permiten regar
4 ha de olivar, y la propiedad pretende regar
4 ha de fresa, que requieren aproximadamente
18.000m3. Los cálculos realizados por
la empresa para que cuadren los volúmenes
para esas 4 ha estiman que no se regaría
nada entre noviembre y febrero, algo que las
organizaciones consideran irreal y engañoso
para tal cultivo de regadío.
Además, la misma
propiedad comenta que pretende aumentar la
superficie de regadío porque quiere
legalizar unos pozos existentes en la finca,
lo que demuestra que tiene captaciones ilegales
en su terreno al no cumplir con el trámite
administrativo correspondiente antes de realizar
un sondeo
Según informes de
los propios departamentos de la Delegación
de Medio Ambiente, se desaconseja esa autorización
de cambio de uso y se emite informe previo
desfavorable por problemas con el hábitat,
por problemas de riesgo de erosión
y colmatación de arroyos y por otras
incongruencias, como la existencia de incendios
forestales en el año 98 o por la elevada
presencia de lince ibérico en la zona.
Por todo lo expuesto, WWF
y Ecologistas en Acción solicitan se
archive el expediente de autorización
ambiental unificado sobre el proyecto de cambio
de uso en la finca Palomeras, prohibiendo
cualquier cambio de uso diferente al forestal
en toda la zona. Ambas organizaciones también
piden que se obligue a la empresa Alconeras
a una restauración, tanto en los terrenos
de su propiedad, como en los públicos.
+ Más
Las ONG piden un Plan Racional
de la Energía Eólica en Cantabria
para evitar la destrucción del entorno
y la muerte de especies en peligro
30 Jul 2009 - Cinco organizaciones
no gubernamentales de ámbito nacional,
Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente,
Fundación Oso Pardo, SEO/Birdlife y
WWF España, se han reunido hoy, en
rueda de prensa, en la Casa de la Naturaleza
de Alday (Cantabria), demandando un Plan Racional
de la Energía Eólica en Cantabria.
Durante la rueda de prensa
todas las organizaciones coincidieron en destacar
los beneficios de las energías renovables,
ya que no producen emisiones de gases de efecto
invernadero. Esto ocurriría siempre
que la puesta en marcha de este tipo de energías
respeten el entorno y no dañen el hábitat
de especies, sobre todo rapaces, muchas de
ellas en peligro de extinción, como
ocurriría en Cantabria de seguir adelante
el Plan de Energía Eólica propuesto
por la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico. “Desde la Fundación
Oso Pardo arropamos la necesidad de que la
energía eólica se instale en
Cantabria de manera sensata respetando los
valores ambientales y paisajísticos”,
afirmó Guillermo Palomero, Presidente
de la Fundación Oso Pardo.
Además, desde SEO/Birdlife,
Felipe González, expresó: “Nuestra
asociación considera que un plan de
estas características y de enorme trascendencia
para Cantabria debería contar con el
mayor de los consensos, y al igual que ha
ocurrido con otros planes sectoriales, debería
someterse a consulta pública tal y
como establecen las leyes comunitarias”.
Las organizaciones consideran
que el plan debe ser racional en cuanto a
la potencia instalada y coherente con otras
políticas desarrolladas en el territorio
desde hace años. La potencia debería
estar subordinada a la capacidad real del
territorio sin afectar a la biodiversidad
y a los paisajes sobresalientes y no al revés.
En palabras de Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España, “Pretender instalar
500 ó 700 aerogeneradores sin tener
en cuenta estrictos criterios ambientales
en una región, montañosa y sensible
como es Cantabria, ocasionaría un gran
impacto ambiental”.
Asimismo, estas cinco ONG
ven imprescindible que el plan contenga una
definición clara y legalmente vinculante
de las áreas de exclusión, entre
las que estarían: La Montaña
Oriental y Pasiega, la Montaña Oriental
Costera, la Montaña Occidental, el
área del Monte Hijedo y los bosques
aledaños, así como la Montaña
Central en el área delimitada por los
Montes Tejas Dobra, Montecanales y el área
de Selviejo y Vozpornoche. “Estas son la áreas
de exclusión prioritarias en Cantabria,
que no las únicas, para evitar pérdidas
irreversibles en la biodiversidad”, afirmó
Carlos Sánchez, Presidente de la Fundación
Naturaleza y Hombre y Presidente del Comité
Español de UICN.
Durante el acto se dio lectura
a la recomendación 4135 de la Unión
Internacional por la Conservación de
la Naturaleza, UICN -la mayor red mundial
que trabaja para la conservación y
el uso sostenible de los recursos-, sobre
impacto ambiental en áreas de montaña
hispano-lusas, en la que insta a los gobiernos
de España y Portugal a:
Evitar el desarrollo de
la producción de energía eólica
en sistemas montañosos protegidos y
no autorizar el establecimiento de instalaciones
conexas en el interior de áreas protegidas
(incluyendo las de la Red Natura 2000 y las
áreas consideradas pertinentes para
especies en peligro potencialmente afectadas
en los planos internacional, nacional y regional).
Y, en lo que respecta a las zonas circundantes,
evaluar las alternativas y aplicar estrictamente
el artículo 6 de la Directiva Hábitats
estableciendo zonas de exclusión de
instalaciones de producción de energía
eólica alrededor de la red de natura
2000 de los espacios protegidos y de zonas
de reproducción de especies de interés.
La energía eólica,
instalada en lugares inadecuados, tiene impactos
paisajísticos y provoca la mortalidad
de la fauna. Además, en Cantabria estaría
instalado en zonas de gran valor conservacionista
que se verían destruidas por la necesidad
de construir infraestructuras como carreteras,
tendidos eléctricos, subestaciones.
“La industria eólica necesita infraestructuras
que puedes tener un impacto paisajístico
muy grave en Cantabria cuando el paisaje se
ha convertido en un recurso importante para
la economía de la región, especialmente
en el desarrollo rural”, afirmó Óscar
Prada, técnico de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente.
Estas organizaciones también
se hicieron eco del malestar existente entre
la población dentro y fuera de Cantabria
por la instalación de los aerogeneradores
en zonas susceptibles de causar un intenso
daño a la biodiversidad y a los paisajes
sobresalientes de la región, y solicitaron
el aplazamiento del concurso de adjudicación
de potencias, en tanto no se disponga de:
La Reducción de potencia
y la realización de evaluación
estratégica ambiental.
El establecimiento de zonas
de exclusión vinculantes, determinantes
y permanentes en todas aquellas zonas que
contengan biodiversidad y paisajes sobresalientes.
La participación
pública en todo el proceso de desarrollo
del plan.
+ Más
IU-ICV presenta en el Congreso
junto a WWF, Ecologistas en Acción,
Greenpeace y CCOO una Proposición de
Ley sobre Fiscalidad Ambiental
21 Jul 2009 - Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV)
ha presentado hoy el Congreso de los Diputados,
junto a WWF España, Ecologistas en
Acción, Greenpeace y CC.OO, una Proposición
de Ley (PL) sobre Fiscalidad Ambiental. El
objetivo es acometer cambios en el actual
marco normativo fiscal introduciendo criterios
ambientales en los impuestos existentes, creando
nuevos impuestos y reformando con criterios
ambientales la fiscalidad de las haciendas
locales.
Esta Proposición
de Ley, que se ha presentado esta mañana
en rueda de prensa en el Congreso, prevé
nuevos impuestos sobre la energía nuclear,
el vertido y la incineración de residuos
y las bolsas de plástico. Estos impuestos
se suman a modificaciones que se introducen
en los ya existentes sobre hidrocarburos,
matriculación, impuesto de sociedades,
IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas
locales, se modifican las tasas de residuos,
el impuesto de circulación, el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras
y el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE).
Los participantes en la
presentación de la PL han subrayado
que con esta iniciativa se persigue gravar
en mayor medida las actividades más
contaminantes, eliminar ciertos beneficios
fiscales ambientalmente injustificables y
bonificar las prácticas más
sostenibles. El objetivo fundamental y prioritario
de la propuesta es modificar comportamientos
de los ciudadanos y las empresas en el consumo
de bienes y servicios, sustituyendo los de
mayor impacto ambiental y emisiones de CO2,
por otros de menor impacto y más eficientes
energéticamente.
También se busca
promocionar sistemas de transporte y usos
del suelo “más sostenibles” con transporte
público y vehículos menos contaminantes,
rehabilitación, agricultura más
sostenible, energías renovables e inversiones
ambientales.
Esta Proposición
de Ley no tiene la intención de incrementar
la recaudación, sino actuar sobre las
vías por las que se obtiene, favoreciendo
una economía más sostenible.
Aumenta en algunos casos la recaudación
fiscal (hidrocarburos, energía nuclear,
vertido e incineración, bolsas de plástico,
pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de
residuos...), pero la disminuye en otros casos
(impuesto de sociedades, IAE, IRPF...). En
otros aspectos, como el IVA o en los impuestos
de matriculación y circulación,
aumenta o disminuye la recaudación
en función del tipo de productos objeto
de gravamen.
Los ingresos que se deriven
de esta propuesta no tendrían por lo
general destino finalista, sino que irían
a las arcas del Estado, de las comunidades
autónomas o de los municipios. De forma
excepcional, el impuesto sobre la energía
nuclear se destinaría parcialmente
a un Fondo estatal para la reactivación
de las zonas donde se ubican las centrales
nucleares y el impuesto sobre el cambio del
uso del suelo iría al ya existente
Fondo Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
Algunas de las modificaciones
que se introducen en los impuestos actualmente
existentes son:
- En el impuesto sobre hidrocarburos
se elimina la exención que hasta ahora
tenía para los vuelos domésticos,
se aumentan las tarifas del fuelóleo
y se busca la convergencia de tipos entre
el gasóleo y la gasolina.
- En el impuesto sobre determinados
medios de transporte (matriculación),
se elimina la exención del impuesto
de la que disfrutaban hasta ahora todas las
embarcaciones de recreo y las aeronaves. En
los vehículos y motocicletas se refuerza
el vínculo entre el tipo impositivo
y las emisiones de CO2, aumentando el número
de categorías existentes y tomando
en consideración otras formas de contaminación
por medio de las categorías euro.
- En el Impuesto de sociedades,
se introducen deducciones para inversiones
de ahorro de energía y agua y en gastos
para favorecer la movilidad sostenible de
sus trabajadores.
- En el IRPF, se introduce
una deducción por adquisición
de abonos de transporte público por
parte de los trabajadores.
- En el IVA, se aplicaría
el tipo normal en vez del reducido a servicios
como la fumigación de plantaciones
o el transporte aéreo y se aplicaría,
sin embargo, el IVA reducido a las rehabilitaciones
y viviendas protegidas.
Los nuevos impuestos (estatales)
que se crearían son:
- Un impuesto sobre la energía
nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos,
cuya recaudación se destinaría
en parte a un fondo para el desarrollo alternativo
de las zonas donde se ubican las centrales.
- Un impuesto sobre el vertido
y la incineración de residuos, cuyos
ingresos se cederían a las CC.AA. y
del que se excepcionan las CC.AA. que ya lo
tienen establecido.
- Un impuesto sobre las
bolsas de plástico de un sólo
uso, similar al establecido por Irlanda.
- Un impuesto sobre el cambio
de uso del suelo, cuya finalidad es desincentivar
la urbanización excesiva gravando las
actuaciones de nueva urbanización y
favoreciendo un urbanismo compacto. La recaudación
se destinaría al Fondo para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad creado por la ley
42/2007.
- Un impuesto sobre sustancias
de elevado nivel de preocupación, como
las clasificadas por la normativa como carcinógenas,
mutágenas o tóxicas para la
reproducción, para favorecer el consumo
de sustancias alternativas menos dañinas
para la salud humana y laboral.
Por lo que respecta a las
Haciendas locales se modificarían en
el siguiente sentido:
- Las tasas de residuos
se definirían con criterios ambientales.
- Los tipos del IBI se modularían
en función del certificado energético
del edificio y la segunda residencia tendría
un recargo.
- El impuesto de circulación
se modularía también según
las emisiones de CO2 y las categorías
euro.
- En el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras se diferenciaría
entre las de suelo urbano consolidado o edificado
y las unifamiliares y se bonificaría
el aprovechamiento de aguas grises. Similar
diferenciación se aplicaría
en el impuesto de plusvalías.
- Se define un impuesto
sobre la pernocta, que gravaría la
estancia en alojamientos turísticos,
que se podría aplicar voluntariamente
por parte de los ayuntamientos.
- En el IAE se eliminaría
la bonificación que ahora tienen las
empresas alejadas del casco urbano, que actualmente
carece de sentido, y se bonificaría
a empresas con transporte colectivo o plan
de movilidad, o con sistema de gestión
ambiental EMAS.
