Bogotá, 19 de agosto
de 2009 (MAVDT).- Con el apoyo de expertos
surafricanos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hará un control
a los hipopótamos de la Hacienda Nápoles,
con el propósito de evitar que el macho
dominante de la manada expulse a otros en
una disputa de grupo generada por el crecimiento
de la población.
Así lo afirmó
el Ministro Carlos Costa Posada durante el
desarrollo de un debate realizado en la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes.
Costa Posada explicó
que el principal objetivo del plan de manejo
es encontrar un hogar definitivo para los
animales.
Los expertos africanos también
ayudarán a identificar el sexo de los
hipopótamos y conceptuarán sobre
la posible separación de machos y hembras
en sitios diferentes, así como la esterilización
de los mismos, con el fin de evitar el crecimiento
del grupo y su posible dispersión por
la vasta zona del centro del país.
El Ministro reiteró
que los hipopótamos de Nápoles
no han sido considerados como sujetos de caza
de control, y no lo serán mientras
que no representen un riesgo para la integridad
y vida de los pobladores de la región
en el desarrollo de sus actividades económicas
de pesca, agricultura y ganadería.
Por: Ricardo Amórtegui - MAVDT.
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Cuenta regresiva al Tráfico
Ilegal de madera en Colombia
El ministro Carlos Costa,
la viceministra de Ambiente Claudia Mora y
el director de la Corporación Autónoma
de Risaralda durante la firma del pacto. Fotografía:
René Valenzuela - MAVDT.
Bogotá, 21 de agosto
de 2009 (MAVDT).- Nuevas condiciones para
la comercialización, distribución,
transporte y utilización de madera
en el país fueron establecidas hoy
tras la suscripción del 'Pacto Intersectorial
por la Madera Legal en Colombia', liderado
por el Ministerio de Ambiente, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, la
Federación Nacional de Industriales
de la Madera y el Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF - Colombia.
Minambiente estableció
que en todos los proyectos de vivienda y desarrollo
territorial de todos los niveles (especialmente
aquellos que cuenten con la promoción,
financiación y subsidio total o parcial
por parte del Estado) se establezca como requisito
previo el compromiso de utilizar única
y exclusivamente madera o guadua que provengan
de fuentes legales.
También se adoptarán
directrices según las cuales en las
licitaciones públicas y en los respectivos
procesos de compra de todas las entidades
públicas del país que involucren
madera, guadua, muebles y/o productos derivados
de estos materiales se tomen medidas que permitan
asegurar y verificar la legalidad de su procedencia.
En concordancia con esos
propósitos, los constructores agremiados
en CAMACOL se comprometieron a adquirir este
tipo de insumos a través de vendedores
que certifiquen el origen legal de estos materiales.
Además, incentivarán entre los
consumidores la adquisición de viviendas
y proyectos de construcción en los
que se garantice que la madera o la guadua
empleadas provengan de bosques explotados
legalmente.
Entre tanto, los transportadores
de carga agrupados en la Asociación
Colombiana de Camioneros y COLFECAR realizarán
el traslado de estos materiales y sus derivados
con empresas que únicamente acepten
llevar esos fletes cuya procedencia sea certificada
como legal.
En la mesa principal: el
delegado de Fedemadera, Adolfo Aristizabal;
el director de CARDER, Alberto Arias; la viceministra
de Ambiente, Claudia Mora; el ministro Carlos
Costa; el delegado de la Comisión Europea
Colombia, Thierry Dudermel y la directora
de WWF Colombia, Mary Lou Higgings. Fotografía:
José Roberto Arango - MAVDT.
La suscripción del
'Pacto Intersectorial por la Madera Legal
en Colombia' beneficiará sectores de
la geografía nacional como Riosucio
(Chocó), Villa Garzón (Putumayo)
Cimitarra (Santander) y Piamonte (Cauca),
núcleos de aprovechamiento forestal
afectados severamente por el tráfico
forestal ilegal.
Estas prácticas al
margen de la ley por esta actividad se estiman
en 60 millones de dólares al año.
También tienen en riesgo la totalidad
de los bosques naturales del país,
dispersos en 61 millones de hectáreas
a lo largo y ancho de la geografía
nacional, incluyendo áreas protegidas
como sectores de los Parques Nacionales Naturales
de El Cocuy, Paramillo y Los Katíos.
Según estimativos
oficiales, este tráfico ilegal ha generado
la devastación de por lo menos 48.000
hectáreas de bosques anualmente, y
tiene en riesgo de sobreexplotación
a 21 especies, entre ellas el cedro, muy apetecidas
por su valor comercial en los mercados nacionales
e internacionales.
El 'Pacto' fue suscrito
por los Ministerios de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial; de Comercio, Industria
y Turismo; y de Defensa Nacional; también
fue firmado por la Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible - ASOCARS - ; las Federaciones
Colombianas de Municipios y de Departamentos;
las Corporaciones Autónomas Regionales
de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte
de Santander; el Instituto Colombiano Agropecuario
y la Policía Nacional.
Del sector privado se sumaron
a la iniciativa la Federación Nacional
de Empresarios de la Guadua, la Federación
Nacional de Industriales de la Madera, la
Asociación Nacional de Empresarios,
la Cámara Colombiana de la Construcción,
la Federación Nacional de Productores
de Carbón, el Consejo Empresarial Colombiano
para el Desarrollo Sostenible, la Federación
Nacional de Ganaderos, la Federación
Colombiana de Transportadores de Carga por
Carretera, la Asociación Colombiana
de Camioneros, la Confederación Colombiana
de Consumidores y el Fondo Mundial para la
Naturaleza WWF-Colombia.
Esta iniciativa se adelanta
gracias al apoyo del Proyecto Gobernanza Forestal
- Bosques FLEGT (de la sigla en inglés
del Forest Law, Enforcement, Governance and
Trade), respaldado por la Unión Europea,
coordinado por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER-, el sector
académico representado en la Red de
Universidades Públicas del Eje Cafetero
- Alma Mater, la Fundación para el
Desarrollo del Quindío -FDQ-, la Asociación
de Corporaciones Autónomas Regionales
-ASOCARS- y la Corporación Aldea Global.
Por: Ricardo Amórtegui - MAVDT.
