30 septiembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — El juez federal de Quilmes,
Luis Armella, que tiene a su cargo la ejecución
de la sentencia por la cual
la Corte Suprema de Justicia condenó
al Estado Nacional a sanear el Riachuelo,
exhortó hoy a las empresas asentadas
sobre la cuenca a "invertir para producir
como se debe producir" y a "dejar
de verter sustancias que matan".
Armella, al hablar esta
mañana en un seminario sobre Producción
Limpia para la Cuenca del Riachuelo, organizado
por Greenpeace y la Defensoría del
Pueblo de la Nación, dijo también
que "hay que trabajar mucho sobre el
control de las industrias, uno de los pilares
de este plan de saneamiento, y esto implica
romper con muchos compromisos, muchos acuerdos"
y con "una cultura que se viene arrastrando
desde hace muchos años".
"Vamos a trabajar hacia
un norte, que va a ser un Riachuelo limpio.
Vamos a ser totalmente respetuosos de la actividad
productiva porque entiendo que son compatibles:
se puede producir limpio, se puede producir
en la forma en que se debe producir y no de
otra manera.
Entonces, yo exhorto a las
empresas a que además de gastar en
abogados y estudios jurídicos, gasten
en inversión para producir como se
debe. Porque esta vez no va a haber dispersión
judicial, recursos en Cámara, juzgados
que –aún bien intencionados- diluyan
decisiones claras y contundentes. Esta vez
hay un solo juez y soy yo", enfatizó
Armella.
En este sentido, el juez
sostuvo que "hay que fortalecer a la
(Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) ACUMAR,
independizarla de las coyunturas políticas,
que sea políticamente estéril,
técnicamente apta, éticamente
muy proba, yo quiero dejar eso de la ACUMAR,
que no esté dependiendo de las migajas
que puedan tirarle los gobiernos de turno”.
Armella aseguró también
que velará porque "no haya ningún
tipo de injerencia, ni política ni
de ninguna otra clase en lo que haga al cumplimiento
del saneamiento del Riachuelo" y sostuvo
que "hay que dejar de verter sustancias
que matan".
Por su parte, el defensor
adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo
Sella, consideró que "se podrían
haber generado planes de saneamiento de la
cuenca Matanza-Riachuelo a partir del reclamo
social o a partir de las recomendaciones de
la defensoría del Pueblo, pero eso
no ocurrió. Los cambios llegaron y
se están ejecutando después
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación; es un mérito de
muchos jueces haber avanzado en la protección
de los derechos, lo que no significa sustituir
a las autoridades naturales”.
“Creemos que esto no es
lo normal. Lo normal es que exista una cultura
estatal de protección de los derechos.
La Constitución Nacional dice que las
autoridades proveerán la protección
de los derechos ambientales; es la administración
la que tiene que tomar la delantera. Y si
empezamos a cumplir con nuestra Constitución
habremos dado un enorme paso adelante”, sostuvo
Sella.
Por su parte, el director
Político de Greenpeace, Juan Carlos
Villalonga, dijo que "cuando iniciamos
esta campaña tratamos de mostrar la
situación crítica no solo del
agua a nivel internacional sino de lo que
está pasando en la Argentina. A veces,
quienes vivimos en esta zona, la cuenca Del
Plata, tenemos una visión muy distorsionada
de lo que pasa porque aquí, por las
condiciones climáticas y por los ríos
que tenemos, suponemos que hay sobreabundancia
de agua, lo cual no es cierto".
Al respecto, Villalonga
agregó "si nos alejamos 200 km
de la ciudad de Buenos Aires o vamos a cualquier
provincia nos encontramos con que el agua
es un recurso crítico, que está
sumamente contaminado y que genera enormes
conflictos interprovinciales".
"La sociedad tiene
que sentir que esta vez el esfuerzo para sanear
el Riachuelo va en serio. El camino en que
el avanzamos podrá tener retrocesos
o ir en zigzag pero el objetivo de cumplimiento
de la sentencia es ineludible. La cuenca Matanza
Riachuelo no es muy grande pero está
densamente poblada. La cuenca es lo que se
llama un “área de sacrificio ambiental,
es decir, todo lo peor puede pasar en la Cuenca",
concluyó Villalonga.
+ Más
Greenpeace: el problema
de la basura sigue sin solución
25 septiembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace criticó
nuevamente el convenio entre la Ciudad y la
provincia de Buenos Aires por la construcción
de dos nuevos rellenos sanitarios que fue
tratado ayer en la Legislatura porteña.
Tal como lo había manifestado en agosto
de 2008 la organización ambientalista
advirtió que el texto del acuerdo firmado
no garantiza la disminución de los
residuos que hoy se entierran ni la correcta
gestión de los mismos.
La organización ambientalista
Greenpeace criticó nuevamente el acuerdo
firmado en agosto de 2008 por el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia,
ya que no garantiza la disminución
de los residuos que hoy se entierran ni la
correcta gestión de los mismos a la
par que celebró la no aprobación
del convenio por parte de la Legislatura el
día de ayer.
“En lugar de pensarse en
un plan interjurisdiccional para resolver
verdaderamente el problema de los residuos
sólidos urbanos a un lado y al otro
de la General Paz, se acuerda la solución
más fácil y más contaminante,
la de seguir enterrando basura tal como se
viene haciendo”, señaló M. Eugenia
Testa, coordinadora de la Unidad Política
de Greenpeace.
Por su parte, el Diputado
Martín Hourest presentó un despacho
de minoría que rechazaba el acuerdo
ya que "el expediente no hace referencia
alguna al costo presupuestario que la Ciudad
deberá realizar para cumplir con lo
convenido por las partes" y "debiera
aclarar cuáles serán los sistemas
y tecnologías de disposición
final".
La organización ambientalista
reclama el cumplimiento de las metas de reducción
de residuos sólidos urbanos establecidas
por la Ley 1854 de Basura Cero de la Ciudad
de Buenos Aires a través de la implementación
de un sistema de recuperación y reciclado
de los residuos secos de la Ciudad; asimismo
reclama el tratamiento de los residuos orgánicos
en plantas de tratamiento de este tipo de
desechos.
“El acuerdo es una declaración
de voluntad de ambas partes, pero en referencia
a cómo va a ser la gestión de
residuos no dice nada. No debería ser
posible que se llegara a un acuerdo como este,
sin considerar las leyes de gestión
de residuos que rigen una y otra jurisdicción
y sin tener en cuenta cuáles son los
sistemas de recuperación y reciclado
ambientalmente adecuados para cada clase de
residuos. El acuerdo no establece nada al
respecto”, agregó Testa.
La provincia de Buenos Aires
también cuenta con la Ley 13.592 de
Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, pero tampoco ha avanzado demasiado
en su implementación; además
recibe diariamente las 5 mil toneladas de
residuos de la Ciudad de Buenos Aires.
Greenpeace plantea la necesidad
de cumplir con la Ley de Basura Cero y de
establecer una lógica común
al área metropolitana para la gestión
de los residuos sólidos urbanos. “La
Provincia de Buenos Aires se negó semanas
atrás a recibir en rellenos de seguridad
las 10 toneladas de pilas de la Ciudad, argumentando
que protegían a su gente, no se entiende
cómo acuerdan la construcción
de dos nuevos rellenos sanitarios en su territorio-
a los que irán los residuos de la ciudad,
con pilas incluidas- mediante un convenio
que no deja en claro cuáles serán
las consecuencias sanitarias y ambientales
de la puesta en práctica del mismo”,
concluyó Testa.
El contrato firmado por
el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el
Gobernador Daniel Scioli, que establece la
creación de dos nuevos rellenos sanitarios
en territorio de la provincia de Buenos Aires
y dos nuevas plantas de transferencia, fue
tratado ayer en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires buscando su ratificación,
pero la sesión debió ser levantada
por falta de quórum. Pasadas las 23
horas la oposición, quien criticó
duramente el proyecto, se levantó del
recinto.
