19 octubre 2009 - Madrid,
España — La Coordinadora Estatal Antinuclear,
que agrupa a todas las organizaciones y plataformas
del territorio español contrarias a
la energía nuclear, ha presentado esta
mañana un vídeo y unos paneles
conmemorativos del accidente sufrido en la
central nuclear catalana el 19 de octubre
de 1989.
A las 21:39 de aquel día
se inició un incendio que ocasionó
importantes disfunciones en diversos sistemas
necesarios para garantizar la refrigeración
del reactor. Alertados por los propios bomberos,
algunos vecinos de las poblaciones del entorno
abandonaron sus hogares.
Según el propio informe
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el
incendio se declaró “en el grupo turboalternador
principal número dos a consecuencia
de un fallo mecánico generado por un
proceso de figuración en las ranuras
de anclaje de los alabes correspondientes
a la rueda número ocho de la turbina
principal, y como consecuencia la pérdida
repentina de 36 alabes consecutivos de los
98 que posee la rueda, que al girar a 3.000
revoluciones por minuto, produjo la rotura
por cizalla de las tuberías de aceite
y vapor, originando puntos calientes suficientes
para producir la ignición de la mezcla
aire-aceite y una explosión en los
cojinetes, así como la rotura de la
Bomba número 3 con salida de hidrógeno,
que al inflamarse produjo una segunda explosión,
la cual causó la inflamación
del aceite de lubrificación que salía
en ese momento como consecuencia de las roturas
de las tuberías de alimentación
de los cojinetes, provocando todo ello un
incendio de grandes proporciones que afectó
en cadena a gran número de sistemas
relacionados con la seguridad de la central”.
El accidente fue calificado
a posteriori como suceso de nivel 3 en la
Escala Internacional de Sucesos Nucleares
(INES), que consta de 7 niveles. Debido a
los graves errores cometidos en la extinción
del incendio, a diversos fallos de equipos
afectados y a una serie de problemas de seguridad
que nunca fueron subsanados por el titular,
aunque se le había requerido al respecto
con anterioridad, el accidente afectó
a la parte nuclear de la central. El incendio
a punto estuvo de provocar un escape radiactivo
al exterior, de no haber sido por una serie
de afortunadas circunstancias que, tras hacer
temer lo peor, permitieron que pudiera disminuir
la enorme presión acumulada en el cajón
de su reactor y llevarlo a parada fría.
El elevado coste de las
medidas para su eventual reparación
exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear,
presidido entonces por Donato Fuejo, y la
negativa del Ministerio de Industria de que
estos costes se repercutieran a la tarifa
eléctrica, hicieron que Hifrensa, la
empresa explotadora, decidiera su cierre definitivo.
El Ministerio de Industria entonces revocó
la licencia de explotación que tenía
la central. Era 11000. Vandellós-1
había funcionado unos 18 años.
Se inició su desmantelamiento
parcial en virtud de la Orden Ministerial
de fecha 28 de enero de 1998. Esta orden transfería
la titularidad de la instalación a
la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA), a la vez que autorizaba la ejecución
de las actividades de desmantelamiento reflejadas
en el Plan de desmantelamiento y clausura
de Vandellós I.
En la actualidad se encuentra
parcialmente desmantelada, estando el cajón
del reactor, ya descargado de sus elementos
combustibles, en un período de espera
y decaimiento denominado fase de latencia,
que dura 25 años. En 2028 se procederá
supuestamente a ejecutar el nivel 3, que consiste
en el desmantelamiento del cajón del
reactor para liberar totalmente el emplazamiento.
Durante el periodo de latencia el cajón
permanecerá encerrado en una especie
de sarcófago, de 350 toneladas de peso.
Las organizaciones ecologistas
han querido aprovechar este aniversario para
hacer hincapié en la irresponsabilidad
del Gobierno al permitir el funcionamiento
de la central nuclear de Garoña hasta
2013, es decir, durante más de 40 años.
Ya en su momento manifestaron su indignación
y advirtieron a Zapatero de su responsabilidad
si en estos años ocurre algún
accidente en la vieja y peligrosa central
burgalesa.
También manifestaron
la necesidad de un plan de cierre de las centrales
nucleares que culmine con el abandono definitivo
de la que consideran una forma de producción
de electricidad cara, peligrosa, que forma
parte del ciclo del uranio utilizado en armamento
y que genera unos residuos extremadamente
peligrosos para los que no hay solución
después de más de medio siglo
de industria nuclear.
+ Más
Recurso legal de Greenpeace
contra el secretismo nuclear del Ministro
de Industria, Miguel Sebastian
Hace ma´s de un an~o
que el Ministerio de Industria y el CSN deberi´an
haber puesto en marcha el Comite´ Asesor
para la Participacio´n Pu´blica
sobre Seguridad Nuclear - 17 octubre 2009
España — Greenpeace presento´
ayer un recurso legal ante el Ministro de
Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastia´n,
en el que le reclama que adopte las medidas
oportunas y requiera a la Presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Marti´nez
Ten, para que proceda a constituir de forma
urgente el Comite´ Asesor para la informacio´n
y la participacio´n pu´blica sobre
seguridad nuclear. Ello en cumplimiento del
mandato contenido en la Ley de Ley 33/2007,
de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980,
de 22 de abril, de creacio´n del Consejo
de Seguridad Nuclear y en la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la informacio´n,
de participacio´n pu´blica y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
La Ley 33/2007, en su arti´culo
15 establece la creacio´n de este Comite´
Asesor, cuya misio´n sera´ emitir
recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia,
el acceso a la informacio´n y la participacio´n
pu´blica en las materias que son de
su competencia. Entre los miembros del Comite´
Asesor debe haber un representante a propuesta
de cada una de las dos organizaciones ecologistas
de mayor implantacio´n en el Estado.
La propia Ley 33/2007 establece que este Consejo
Asesor es un mecanismo de participacio´n
de gran relevancia.
El Ministro de Industria
y la Presidenta del CSN deberi´an haber
puesto en marcha hace ma´s de un an~o
el citado Comite´ Asesor sobre seguridad
nuclear y por tanto esta´n vulnerando
de forma clara la Ley 33/2007. E´sta,
en su Disposicio´n final primera, establece
que el Gobierno, en un plazo ma´ximo
de nueve meses a contar desde la fecha de
entrada en vigor de esta Ley (el 8 de noviembre
de 2007), aprobari´a la modificacio´n
del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.
Es decir, el 8 de agosto de 2008. La aprobacio´n
de este nuevo Estatuto automa´ticamente
activari´a el funcionamiento del Consejo
Asesor.
Teniendo en cuenta que la
funcio´n del Comite´ Asesor es
emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad,
al no haberse constituido el mismo y por ende,
no poderse hacer esas recomendaciones, los
acuerdos del Consejo de Seguridad Nuclear
esta´n adopta´ndose al margen
de la participacio´n de la sociedad,
e incumpliendo lo previsto en la citada Ley
de seguridad nuclear.
Todo ello conlleva que las
decisiones y acuerdos del CSN se este´n
adoptando sin conocer las recomendaciones
del Comite´ Asesor, cuando no cabe duda
de que esas recomendaciones deben servir para
conformar el contenido de las mismas.
“Congelando la creacio´n
del Comite´ Asesor, el Ministro de Industria
y la Presidenta del CSN han impedido de facto
que los grupos ecologistas conocieran de primera
mano informacio´n relevante sobre los
problemas de seguridad de Garon~a y sobre
el escape radiactivo de Asco´-1”, ha
declarado Carlos Bravo, responsable de la
campan~a de Energi´a de Greenpeace.
“Desde el inicio de sus
mandatos, Carmen Marti´nez Ten y Miguel
Sebastia´n no han dado ningu´n
paso, salvo los puramente cosme´ticos,
para aplicar los cambios que la Ley 33/2007
introdujo en pro de una mayor transparencia
e independencia del CSN. Greenpeace les exige
que abandonen la reto´rica y hagan de
una vez una verdadera poli´tica de transparencia
y participacio´n pu´blica en materia
de energi´a nuclear”, an~adio´
Bravo.
Con respecto a Garon~a,
la actuacio´n poco transparente del
CSN ha impedido conocer por que´ este
organismo emitio´ el pasado 5 de junio,
envuelto en un gran secretismo, su dictamen
favorable a la continuidad de la central nuclear,
a pesar de que e´sta habi´a incumplido
varios de los requisitos que el CSN previamente
les habi´a exigido para prorrogarle
la licencia: la substitucio´n del cableado
ele´ctrico y solventar los reiterados
problemas de la ventilacio´n de emergencia
de la contencio´n.
Por otro lado, el CSN au´n
debe decir la verdad sobre el accidente en
la central Asco´-1, que se mantuvo oculto
a la opinio´n pu´blica hasta que
Greenpeace lo desvelo´ el 5 de abril
de 2008, tras recibir la informacio´n
por parte de los trabajadores. La cantidad
total de radiactividad emitida en este accidente,
entre otras cuestiones, au´n no ha sido
dada a conocer por el CSN. Marti´nez
Ten debe explicar adema´s por que´
el CSN no actuo´ inmediatamente cuando
la Red de Vigilancia Radiactiva Ambiental
(REVIRA), que el CSN gestiona en Catalun~a
conjuntamente con la Generalitat, detecto´
de forma clara el escape radiactivo de Asco´-1.
Las sondas de deteccio´n de la REVIRA
del CSN y la Generalitat detectaron con total
claridad la fuga, incluso en sondas separadas
decenas de kilo´metros entre si´.
El Prea´mbulo de la
Ley 33/2007 no deja lugar a dudas (ver NOTAS,
ma´s abajo). Como en e´ste se
dice expresamente, uno de los objetivos prioritarios
de la Ley es el acceso y la participacio´n
de tal forma que la sociedad en su conjunto
pueda intervenir y participar en las cuestiones
relativas a la seguridad nuclear. Para ello
se establecen varios cauces y un Comite´
Asesor sobre estas cuestiones. Pero es que
adema´s la Ley recoge en varios arti´culos
esos derechos de participacio´n y la
forma de canalizacio´n de los mismos,
entre otros, a trave´s del Comite´
Asesor.
El Consejo de Seguridad
Nuclear se encuentra sometido al igual que
las administraciones pu´blicas a la
Ley y al Derecho en virtud de lo dispuesto
en el arti´culo 103 de la Constitucio´n
Espan~ola, y el incumplimiento de la obligacio´n
de creacio´n del Comite´ Asesor
lesiona gravemente los derechos de participacio´n
reconocidos en la Ley.
Adema´s al no haberse
creado el Comite´ Asesor de Seguridad
Nuclear no solo se priva de un cauce de informacio´n
a la sociedad, sino que tambie´n se
le esta´ privando de las recomendaciones
que le corresponde emitir al mismo tal y como
se reconoce en la Ley.
