30 octubre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace denunció
nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional
que procura extender la vida útil
de la central atómica de Embalse y
avanzar con la construcción de una
cuarta central nuclear es “irracional” desde
el punto de vista económico y un “despropósito
energético”.
La Cámara de Diputados
dio ayer media sanción al proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional
por el cual se prevé un régimen
especial de subsidios para promover el diseño,
construcción, adquisición de
bienes y servicios, montaje, puesta en marcha,
recepción, operación y mantenimiento
de una cuarta central de uno o dos módulos
de energía nuclear a construirse y
el reacondicionamiento para la extensión
de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta
este proyecto mintiendo acerca de un supuesto
resurgimiento de la energía nuclear
y sobre sus bondades para mitigar el cambio
climático” expresó Juan Carlos
Villalonga, Director de Campañas de
Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento
y éste es el modo más caro e
ineficiente para reducir emisiones de gases
que afectan el clima. Este anuncio es simplemente
propaganda falsa del lobby nuclear y muestra
una total falta de visión por parte
del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó
el proyecto de Ley aprobado por una amplia
mayoría de diputados el miércoles
28 con 151 votos a favor, 10 en contra y tres
abstenciones. Asimismo expresó que
la nucleoelectricidad es una “trampa” económica
ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios
permanentes.(2)
“Es una industria que con
más de 50 años aún no
puede desarrollar un solo proyecto sin contar
con inmensos subsidios del Estado”, explicó
Villalonga. “Todos los argentinos estamos
pagando 1,5 millones de dólares diarios
para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro
y que será la planta nuclear más
cara del planeta, sólo para que la
Comisión Nacional de Energía
Atómica se mantenga ocupada en algo”.
La organización ambientalista
cuestionó que mientras no existe ningún
tipo de apoyo a las energías renovables,
como es el caso de la energía eólica,
la fuente energética más dinámica
a nivel mundial, se destinan interminables
subsidios para alentar industrias energéticas
sucias y peligrosas. La energía eólica
ha crecido en los últimos diez años
a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética
que más rápido crece) en tanto
la energía nuclear se ha mantenido
estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está
cada vez más lejos de acrecentar el
porcentaje de energías limpias y renovables
en la matriz energética, a esta pésima
decisión refrendada por la Cámara
de Diputados esta semana debemos sumarle además
la construcción de la usina de carbón
de Río Turbio, basada en un combustible
altamente contaminante y principal emisor
de dióxido de carbono, el principal
gas de efecto invernadero.
La denominada cuarta central
nuclear se trataría de Atucha III a
ser emplazada en la localidad de Zárate.
“El potencial argentino en materia de energías
limpias, seguras y renovables es inmenso,
y las inversiones son significativamente menores
a las necesarias para seguir aumentando el
riesgo nuclear en la Argentina o incrementar
las fuentes de emisiones de gases de efecto
invernadero como el carbón”, concluyó
Villalonga.
Notas:
(1) Proyecto de ley del
17 de marzo de 2009 (0006-PE-09 (TP 13) Mensaje
Nro. 0185)
(2) Se puede ver la nómina
completa de votos en la Cámara de Diputados
en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/nuclear/votaci-n-nominal-del-proyecto.pdf
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Greenpeace: “Las multas
deben garantizar el urgente saneamiento de
la cuenca”
29 octubre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace consideró
como una decisión positiva la sanción
establecida por el juez federal de Quilmes,
Dr. Luis Armella, quien intimó a pagar
multas al Secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y presidente
de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), Homero Bibiloni; a los intendentes
de Lanús, Darío Díaz
Pérez y de Lomas de Zamora, Jorge Rossi;
y al Administrador General de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires, Arcángel
José Curto; a realizar diversas obras
en tiempo y forma en el marco del saneamiento
y recomposición de la cuenca Matanza
-Riachuelo.
En los últimos meses,
el Juez Armella, responsable de la ejecución
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, dictó una serie
de resoluciones con el fin de que la ACUMAR
comience a instrumentar las actividades para
cumplir con la orden judicial. A más
de un año del histórico fallo
de la Corte, y sin haber obtenido acciones
en respuesta a las distintas intimaciones
realizadas con anterioridad, el Dr. Armella
resolvió dar lugar a una nueva intimación,
que, en esta ocasión, establece por
primera vez multas que van desde 5.000 pesos
diarios y que afectan directamente el patrimonio
personal de los funcionarios.
“La recomposición
ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo puede
significar un antes y un después en
la historia ambiental en Argentina. En la
Cuenca se puede ver con claridad el daño
ambiental, social y humano, que se produce
cuando los cursos de agua, arroyos y ríos
son usados como cloacas a cielo abierto y
vertederos para las industrias”, señaló
Martín Prieto, Director Ejecutivo de
Greenpeace Argentina.
Dentro de la resolución
judicial figura la construcción del
muro perimetral del futuro Polo Curtiembrero
(ACuBA) en Lanús, que recae en el Secretario
de Ambiente de la Nación y el reintegro
de los $ 2.700.000 destinados a esa obra por
parte el Intendente de dicho Partido.
“La intimación y
las multas impuestas por el juez que entiende
en la causa son una señal positiva
para entender el saneamiento del Riachuelo
como una medida irrevocable; pero por otro
lado nos muestra la inoperancia y desidia
de los funcionarios a cargo de ello”, concluyó
Prieto.
El Polo, que ha sido postergado
por más de diez años, permitirá
concentrar a las curtiembres en un predio
con una misma planta de tratamiento de cromo.
Por otra parte, también se intimó
a la limpieza de los márgenes de la
feria “La Salada”, cuya ejecución está
a cargo del intendente de Lomas de Zamora
y del director de vialidad provincial.
Greenpeace ha denunciado
en reiteradas ocasiones la inacción
de los funcionarios públicos y considera
que la decisión del juez es un paso
importante para el efectivo cumplimiento de
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
y un mensaje para la ciudadanía, que
refuerza y garantiza la puesta en marcha del
saneamiento de la cuenca.
La organización ambientalista
consideró que son muchos los temas
que aún están pendientes, como
el retraso en el control sobre todas las industrias
que se asientan en la Cuenca y remarcó
que éstas deberían ser las primeras
medidas ejemplificadoras para lograr una solución
definitiva a la contaminación de la
cuenca.
