03 noviembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace realizó
hoy una protesta en la sede del Ministerio
de Planificación Federal para reclamar
por la construcción de una central
térmica en base a carbón que
producirá un alto impacto en el clima
y acusó al Gobierno
Nacional de invertir en opciones energéticas
que agravan el calentamiento global y la destrucción
de los glaciares.
En la mañana de hoy,
martes, activistas de Greenpeace subieron
a la cornisa del primer piso del Ministerio
de Economía, donde funciona también
la cartera de Planificación, desde
donde desplegaron un gigantesco cartel con
la leyenda: “Cristina: Carbón o Glaciares”.
Después de desplegar
el cartel, los cuatro escaladores de Greenpeace
fueron detenidos por la Policía Federal
y trasladados a la comisaría segunda.
“El ministro Julio De Vido impulsa un proyecto
energético en base a carbón
que es una verdadera insensatez, ya que es
un combustible que podría ser fácilmente
reemplazado por fuentes de energía
limpia. Esta decisión profundiza nuestra
dependencia de las peores opciones energéticas,
las más contaminantes y las más
caras” explicó Juan Carlos Villalonga,
director de Campaña de Greenpeace Argentina.
El Gobierno planea instalar
la cuestionada planta en la localidad de Río
Turbio, en la provincia de Santa Cruz y tiene
como objetivo utilizar carbón del yacimiento
de esa localidad. “La usina proyectada es
costosa, contaminante e ineficiente” agregó
Villalonga. “Ese dinero colocado en un plan
de apoyo a inversiones en energía eólica,
le daría un enorme impulso esa fuente
energética limpia en la Patagonia”.
Según las estimaciones
que maneja la propia empresa constructora
española Isolux Corsán, la planta
emitirá anualmente 1.800.000 toneladas
de dióxido de carbono (CO2), el principal
gas que provoca el calentamiento global. El
Gobierno Nacional está propiciando
un plan masivo de reemplazo de lámparas
incandescentes por lámparas eficientes,
lo que reduciría en 1.100.000 toneladas
las emisiones de CO2 anuales. Es decir, la
puesta en marcha de la Central de Río
Turbio neutralizará todo el beneficio
ambiental del programa de recambio de lámparas
que se está realizando a escala nacional.(1)
“Esta simple comparación
muestra la total incoherencia entre una medida
que implica un avance tecnológico y
ambiental y la decisión de subsidiar
un nuevo impulso al uso del carbón”,
aclaró Villalonga.
El cambio climático
está ocasionando la masiva desaparición
de glaciares y otras masas de hielos permanentes
en todo el planeta. Esta situación
pone en riesgo las más importantes
reservas de agua dulce del mundo al mismo
tempo que ocasiona la crecida del nivel del
mar. La región de Cuyo, en la Argentina,
sufrirá en las próximas décadas
la desaparición de los glaciares que
son esenciales para la provisión de
agua a los ríos de esa zona.
La puesta en marcha de la
Central de Río Turbio significará
una contribución energética
de casi un 2% de la producción total
nacional, un porcentaje que podría
producirse por otras fuentes limpias. A su
vez, aportará el 6% de las emisiones
de todo el sector eléctrico: será
la electricidad más sucia que produce
la Argentina en términos de emisiones
de gases de efecto invernadero.
El carbón sólo
se utiliza para producir electricidad, el
servicio energético que más
fácilmente puede ser provisto por fuentes
de energía con cero emisiones, como
la eólica. “Una planta como la que
se propone en Río Turbio comenzará
a pagar penalidades económicas por
sus emisiones durante la próxima década
si las negociaciones internacionales avanzan
acorde a lo que la ciencia climática
aconseja realizar”, concluyó Villalonga.
NOTAS:
(1) La Ley Nacional 26.473
que prohíbe el uso de lámparas
incandescentes para fines del 2010 fue promovida
por el Gobierno Nacional con consideraciones
como: “La experiencia internacional reconoce
al uso eficiente de la energía como
la medida más efectiva, a corto plazo
y mediano plazo para lograr una significativa
reducción de emisiones de dióxido
de carbono (CO2) y de otros gases de efecto
invernadero. La aplicación de políticas
de eficiencia energética en un marco
de exigencias ambientales, protección
de los recursos naturales y compromisos para
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero
responsables del proceso de cambio climático
global, contribuirá al establecimiento
de condiciones que favorezcan el desarrollo
sostenible de la nación, el crecimiento
del empleo y el aumento de la productividad”.
+ Más
Greenpeace denuncia que
la Secretaría de Ambiente de la Nación
boicotea la aplicación de la Ley de
Bosques
04 noviembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace consideró
insuficiente la creación del Programa
Experimental de Manejo y Conservación
de Bosques Nativos, anunciado ayer por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
que financiará 110 proyectos por 97
millones de pesos hasta 2011. La organización
ambientalista manifestó además
su profunda preocupación frente a la
exigua partida prevista en el proyecto de
Ley de Presupuesto 2010 para la conformación
de los Fondos para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos
establecidos por la Ley de Bosques y denunció
que la Secretaría de Ambiente de la
Nación boicotea la efectiva aplicación
de la ley.
“Para nuestra sorpresa,
la aplicación de la Ley de Bosques
es boicoteada por la propia Secretaría
de Ambiente de la Nación que no reclama
ni pareciera querer que en el Presupuesto
2010 se establezcan los fondos correspondientes
para la protección de los bosques”,
señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques
de Greenpeace.
El artículo 23 del
actual proyecto de Ley de Presupuesto 2010
establece una partida de 300 millones de pesos
“como máximo” para la constitución
de dicho fondo, pero la Ley de Bosques dicta
en su artículo 31 que el monto destinado
“no podrá ser inferior al 0,3% del
presupuesto nacional”. De acuerdo al Presupuesto
Nacional previsto para 2010, de más
de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían
ser, como mínimo, de 821 millones de
pesos.
Además, la Ley de
Bosques establece que a esta suma debería
agregarse “el dos por ciento del total de
las retenciones a las exportaciones de productos
primarios y secundarios provenientes de la
agricultura, ganadería y sector forestal,
correspondientes al año anterior del
ejercicio en consideración”, por lo
que los recursos podrían ascender a
1.200 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto
presupuesto el Estado es el primero en incumplir
con la Ley de Bosques. De esta manera se da
una muy mala señal hacia los gobiernos
provinciales y las empresas, que demuestra
la ausencia de una política ambiental
seria en defensa de los bosques nativos”,
afirmó Giardini.
Dichos fondos deberán
distribuirse entre las provincias que sancionen
por ley provincial el Ordenamiento Territorial
de sus Bosques Nativos bajo los criterios
de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de
ese dinero apunta a fortalecer la capacidad
técnica y de control de las provincias
y fomentar las actividades productivas que
los pequeños productores rurales y
comunidades indígenas realizan en los
bosques, y el 70 por ciento restante estará
destinado a compensar a los titulares que
realicen tareas de conservación y manejo
sostenible.
“La ley Bosques significó un avance
sin precedentes en materia ambiental para
nuestro país y un logro significativo
en la participación de la sociedad
civil, que apoyó su sanción
con un millón y medio de firmas, pero
para su plena aplicación resulta fundamental
que el Congreso Nacional incorpore la partida
correspondiente en el presupuesto del año
2010”, sentenció Giardini.
