Greenpeace confía
en que Tokio revise las subvenciones a la
caza “científica” por sus numerosas
irregularidades - 11 noviembre 2009 - Tokio,
Japón — Apenas 48 horas antes de que
el nuevo Primer Ministro de Japón Hatoyama
reciba al presidente de EE.UU. Barack Obama,
activistas de Greenpeace instalaron en Tokio
una gran escultura de una ballena frente a
la cámara legislativa de Japón
para recordarle a los dos líderes que
cumplan con sus respectivas promesas electorales
de acabar con la corrupción y financiación
de la llamada caza “científica” de
ballenas.
Un comité de revisión
del Gobierno japonés ha identificado
más de 200 programas financiados por
el Gobierno que deberían ser analizados,
entre los que destacan dos que podrían
tener un impacto directo en la financiación
de la caza de ballenas –el programa de subvenciones
de la Overseas Fishery Cooperation Foundation
(OFCF) y el del Ministerio de Asuntos Exteriores–.
La OFCF financia directamente al Instituto
para la Investigación de Cetáceos,
que realiza la caza “científica” de
ballenas (1), y el Ministerio de Asuntos Exteriores
usó la “compra” de votos para apoyar
dicha caza en la Comisión Ballenera
Internacional (CBI).
Greenpeace emitió
una propuesta en la que recomienda la revisión
del programa por sus numerosas irregularidades,
ya que no sólo es objeto de numerosos
casos de corrupción (2), sino que también
supone un gran despilfarro de impuestos, que
alcanza los 795 millones de yens anuales (8,8
millones de dólares americanos), en
subvenciones del Gobierno.
Durante las elecciones de
este año, el Primer Ministro Hatoyama
prometió eliminar la corrupción
en las agencias gubernamentales y erradicar
el derroche del dinero de los contribuyentes
japoneses. La industria ballenera es un ejemplo
claro de estos dos casos y además influiría
de manera positiva en la Administración
de EEUU.
La revisión propone
cuatro criterios para determinar si el Gobierno
debe continuar financiando el programa. La
propuesta presentada por Greenpeace al comité
de revisión demuestra que la caza “científica”
de ballenas incumple tres de ellos.
1. Uso apropiado del dinero
del contribuyente: El objetivo del programa
ballenero es recoger información para
permitir una reanudación de la caza
comercial de ballenas. La caza comercial está
actualmente prohibida por regulaciones internacionales
y la principal compañía comercial
ballenera en Japón ha dejado claro
que no tiene intención de retomarla
dada la falta de demanda.
2. Efectividad del programa:
Una revisión de los primeros 18 años
del programa ballenero concluyó que
había fallado en el cumplimiento de
sus objetivos.
3. Eficiencia del programa:
El programa es deficitario y la ICR es incapaz
de devolver los préstamos al Gobierno
por el alto coste de las operaciones y la
caída del precio debido a la escasa
venta de la carne de ballena.
4. Mayores necesidades que
otros programas: Este programa no es necesario
de manera nacional ni internacional.
Si el nuevo primer Ministro
Hatoyama revisa el programa y recorta la ayuda,
demostrará a los japoneses que cumple
sus promesas electorales. La revisión
acabará días antes de que el
presidente Obama visite Japón y el
Primer Ministro tiene una oportunidad única
de resolver un punto de desacuerdo con los
Estados Unidos.
Notas:
(1) Declaración del
departamento de EE.UU. sobre la caza de Ballenas:
Estados Unidos se compromete a avanzar en
la conservación y gestión global
de las poblaciones de ballenas a través
de políticas científicas y liderar
la Comisión Ballenera Internacional
(CBI). Estados Unidos ve como necesaria la
continuación a la moratoria ballenera
internacional como medida necesaria y cree
que el estudio científico que implica
la muerte de ballenas es innecesario en una
conservación y gestión ballenera
moderna.
(1) En abril de 2008 Greenpeace
comenzó una investigación a
partir de las declaraciones de un informador,
donde se destapó el mayor escándalo
de corrupción del Gobierno japonés
con el programa de caza de ballenas del Santuario
Ballenero Austral, financiado con los impuestos
japoneses. Siguiendo esta información
Junichi Sato y Toru Suzuki comenzaron una
investigación en el programa ballenero.
Estos dos activistas interceptaron una caja
con carne de ballena procedente de la supuesta
caza “científica” cuyo fin era su venta
en el mercado, y la presentaron como evidencia
en los tribunales japoneses para demostrar
la existencia de corrupción en el programa
de caza de ballenas subvencionado por el gobierno.
+ Más
Los escasos fondos para
la Ley de Bosques en el Presupuesto 2010 demuestran
la ausencia de una política ambiental
seria
12 noviembre 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace manifestó
su profunda preocupación frente a la
exigua partida prevista en la recientemente
sancionada Ley de Presupuesto 2010 para la
conformación de los Fondos para el
Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos establecidos por la Ley
de Bosques, lo que demuestra la ausencia de
una política ambiental seria.
El artículo 23 de
la Ley de Presupuesto 2010 aprobada ayer establece
una partida de 300 millones de pesos “como
máximo” para la constitución
de dicho fondo, pero la Ley 26.331 de Presupuestos
Mínimos para la Protección Ambiental
de los Bosques Nativos dicta en su artículo
31 que el monto destinado “no podrá
ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”.
De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto
para 2010, de más de 273 mil millones
de pesos, los fondos deberían ser,
como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de
Bosques establece que a esta suma debería
agregarse “el dos por ciento del total de
las retenciones a las exportaciones de productos
primarios y secundarios provenientes de la
agricultura, ganadería y sector forestal,
correspondientes al año anterior del
ejercicio en consideración”, por lo
que los recursos podrían ascender a
1.300 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto
presupuesto el Estado es el primero en incumplir
con la Ley de Bosques. De esta manera se da
una muy mala señal hacia los gobiernos
provinciales y las empresas, lo que demuestra
la ausencia de una política ambiental
seria en defensa de los bosques nativos”,
señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques
de Greenpeace.
Dichos fondos deberán
distribuirse entre las provincias que sancionen
por ley provincial el Ordenamiento Territorial
de sus Bosques Nativos bajo los criterios
de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de
ese dinero apunta a fortalecer la capacidad
técnica y de control de las provincias
y fomentar las actividades productivas que
los pequeños productores rurales y
comunidades indígenas realizan en los
bosques, y el 70 por ciento restante estará
destinado a compensar a los titulares que
realicen tareas de conservación y manejo
sostenible.
Hasta el momento, Santiago
del Estero, Salta y Chaco son las únicas
provincias que sancionaron por ley provincial
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques
Nativos.
Greenpeace destacó
que la Ley Bosques significó un avance
sin precedentes en materia ambiental para
nuestro país y un logro significativo
en la participación de la sociedad
civil, que apoyó su sanción
con un millón y medio de firmas, pero
advirtió dificultades políticas
en su implementación.
“Lamentablemente la falta
de decisión política dificulta
su plena aplicación. Si bien desde
su sanción la deforestación
disminuyó en un 60%, es fundamental
que aumenten los controles y que el resto
de las provincias concluyan, de manera participativa,
los procesos de ordenamiento territorial de
sus bosques nativos y que los mismos sean
reglamentados mediante leyes provinciales”,
sentenció Giardini.
