28 de noviembre, acto simbólico
en el Parlamento de Canarias para pedir que
se proteja el medio ambiente de las islas
- 24 noviembre 2009 - España — Las
organizaciones ecologistas Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, ATAN,
Amigos de la Tierra
y Ben Magec-Ecologistas en Acción,
se han unido contra la propuesta de nuevo
Catálogo Canario de Especies Protegidas,
presentado por Coalición Canaria, y
actualmente en fase de trámite parlamentario.
Por este motivo, las ONG
animan a la ciudadanía canaria a participar
en una gran Cadena Humana el próximo
sábado, día 28 de noviembre,
y que rodeará la sede del Parlamento
de Canarias con un perímetro de seiscientos
metros. El fin de este acto simbólico
es solicitar la retirada del nuevo Catálogo
de Especies Amenazadas y su sustitución
por uno consensuado con las autoridades técnicas
y científicas en la materia, y exigir
para Canarias un Parlamento que proteja el
medio ambiente.
El nuevo catálogo
desprotege de diferentes maneras a 341 especies
que en el actual Decreto Legislativo 151/2001,
de 26 de junio, gozan de un tipo de protección
mucho más acorde con su situación
real de amenaza. De hecho, muchas de las especies
a las que se les pretende rebajar su categoría
de protección han visto empeorar su
estado de conservación y sus hábitats
en los últimos años.
Basta algunos ejemplos como
el del gorrión chillón (Petronia
petronia) y la abubilla (Upupa epops), cuyas
poblaciones han disminuido; el guincho (Pandion
haliaetus), cuyo crecimiento de la población
se ha estancado desde la fecha de creación
del actual catálogo; especies emblemáticas
y consideradas símbolos de la naturaleza
canaria, como el drago (Dracaena draco); o
la seba (Cymodocea nodosa), cuyo hábitat
corre tal peligro que la urgencia de su protección
motivó la movilización de los
más prestigiosos científicos
canarios, cristalizada en la solicitud de
su nombramiento como “Hábitat de interés
prioritario” dirigida al Ministerio de Medio
Ambiente.
Los grupos convocantes querieren
destacar la absoluta falta de rigor científico
en la elaboración de este nuevo Catálogo.
La propuesta emanada del grupo parlamentario
adolece de la falta de informes técnicos
de los propios organismos medioambientales
del Gobierno autonómico, de las universidades
canarias, y de cualquier otro organismo científico
con capacidad para evaluar realmente el estado
de conservación de los ecosistemas
canarios.
El propio Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC), en su resolución
del 4 de marzo de 2009, en la que suspendió
las obras del puerto de Granadilla, aludió
con énfasis a “la falta de rigor científico
en la descatalogación del sebadal”,
que el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, Domingo Berriel, firmó
y autorizó para permitir la construcción
del Puerto de Granadilla. Ahora se pretende
cambiar la categoría de todo el conjunto
de especies canarias con la misma falta de
rigor científico.
Las organizaciones coinciden
en valorar que esta Ley, junto a la nueva
Ley de Medidas Urgentes, y el progresivo debilitamiento
de la Consejería de Medio Ambiente,
tienen el objetivo de eliminar cualquier barrera
a la política de desarrollo insostenible
prevista para Canarias.
Concretamente, el nuevo
Catálogo de Especies Protegidas se
convierte en el único instrumento posible
que permite eludir la actual sentencia del
TSJC que paraliza las obras de construcción
del puerto de Granadilla, al convertir a la
seba en una especie “de interés para
los ecosistemas canarios”. De este modo, se
puede destruir el sedabal con la excusa del
supuesto “interés general”que tiene
este puerto, ya que en este emplazamiento
la seba no está protegida en la Red
Natura 2000 y en su LIC “Sebadales del Sur”.
De la misma manera, se actuaría
con el puerto de Fonsalía, en Tenerife,
el puerto de Agando, en Fuerteventura, y por
extensión, con el anillo insular de
Tenerife, la autopista exterior, los puertos
deportivos previstos, el campo de golf de
Tamanca (que afecta al cigarrón palo
palmero, Acrostira euphorbiae, endémico
de La Palma, existente en sólo unas
pocas localidades de la Isla y muy amenazado),
y un largo etcétera de obras previstas
y paralizadas por afectar a valiosas especies
y ecosistemas.
+ Más
Greenpeace exige el fin
de las subvenciones a la electricidad producida
por incineradoras de residuos
a organización señala
la quema de basuras como un lastre para la
gestión sostenible de residuos y una
barrera en la lucha contra el cambio climático
- 25 noviembre 2009 - España — Las
diez incineradoras que existen en España
generan electricidad a partir de los residuos
que queman, por lo que se acogen al régimen
especial de producción de electricidad
que les proporciona primas del Estado, al
igual que si fueran fuentes renovables de
energía.
El informe que Greenpeace
ha presentado hoy, Incineración de
residuos: malos humos para el clima, (1) pone
de manifiesto cómo las incineradoras
de residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen
una importante fuente de contaminación
química y son responsables de casi
el 3% de las emisiones estatales.
“Resulta perverso que se
prime la generación de residuos y la
emisión de CO2 bajo un envoltorio verde”,
ha declarado Julio Barea, responsable de la
campaña de Contaminación de
Greenpeace. “Las incineradoras de RSU emplean
ingentes cantidades de combustibles auxiliares
como gasóleo o gas natural para que
arda la basura, lo que provoca que emitan
importantes cantidades de CO2 y quemen recursos
naturales”, ha añadido Barea.
Las diez incineradoras en
activo queman unos dos millones de toneladas
de residuos al año y emiten en ese
mismo periodo casi 1,7 millones de toneladas
de CO2 a la atmósfera.
Sin embargo, el reciclado
de residuos se encuentra en torno al 13%,
muy alejado de otros países de la Unión
Europea y del objetivo europeo del 50% que
establece la nueva directiva para 2020. Esto
demuestra la discreta evolución ambiental
que ha sufrido el sector en España.
Como se observa en el informe de Greenpeace,
el sector del tratamiento y gestión
de residuos es el que ha experimentado el
mayor aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero en el periodo 11000-2007 hasta
alcanzar un 83% frente al 62% del sector de
procesado de la energía tradicional.
El estudio, el primero de
estas características realizado en
España, ofrece argumentos para asegurar
que las plantas incineradoras no pueden considerarse
como recuperadoras de energía debido
a su ineficiente funcionamiento. Respecto
al empleo, los puestos de trabajo generados
por el sector de la incineración, en
comparación con los del sector de la
reducción, reutilización y reciclaje,
son sustancialmente inferiores. “El próximo
sábado 28 es el Día Internacional
contra la incineración. Este es un
buen momento para que nuestros gobernantes
reflexionen sobre este grave problema”, ha
comentado Julio Barea.
“Actualmente, además
de las 10 plantas en funcionamiento, las diferentes
comunidades tienen sobre la mesa al menos
ocho nuevos proyectos de incineradoras y la
ampliación de cuatro (2) instalaciones
existentes. En un contexto de lucha contra
el cambio climático, no podemos permitirnos
seguir subvencionando la emisión de
CO2 al tiempo que quemamos recursos”, ha declarado
Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
Los ciudadanos pagan la
factura
Asimismo, según Greenpeace
la incineración supone un tapón
para el desarrollo de modelos sostenibles
de tratamiento de residuos y constituye un
negocio redondo para las empresas. Municipios,
mancomunidades o diputaciones pagan unos 60
euros por tonelada tratada, lo que hipoteca
así el futuro de las zonas donde se
ubican estas instalaciones porque han de garantizar
que la planta tenga suficientes residuos para
quemar y así hacer frente a los gastos
millonarios que implican. En España
se incineran unos dos millones de toneladas
al año, lo que supone gastar en quemar
recursos naturales 120 millones de euros anualmente.
La organización ecologista
considera que la única solución
eficaz para atajar el grave problema de los
residuos es apostar por políticas de
prevención, reducción y reciclaje
que contribuirían, además, a
la reducción de las emisiones de CO2
y que conllevaría descartar la incineración
como opción. Para esto sólo
sería necesaria una clara voluntad
política.
Nota
(1) El informe está
disponible en: http://www.greenpeace.org/espana/reports/091124-02
(2) Nuevos proyectos y ampliaciones de plantas
incineradoras de RSU en España
