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04 December 2009 - Las poblaciones de atún
rojo están al borde del colapso. La
especie es objetivo de una flota sobredimensionada
y víctima de la pesca ilegal, principalmente
por barcos de la UE. A pesar de ello, entre
2000 y 2008 la UE ha dado 34.5 millones de
euros a la industria del atún para
construir o modernizar su flota.
Raúl Romeva, Eurodiputado
de Iniciativa per Catalunya Verds, adscrito
a Los Verdes europeos, envió en septiembre
una pregunta parlamentaria a la Comisión
Europea, expresando su preocupación
por la sobrecapacidad de la flota que se dirige
al atún rojo, y pidiendo información
sobre los subsidios que se estaban concediendo
a esta industria. Ante ello, se le ha dado
la siguiente respuesta (1/12/09):
Entre 2000 y 2008, la UE
dio 34.5 millones de euros a la industria
de atún rojo en el Mediterráneo
para apoyar a su flota. Además, los
Estados miembros aportaron, de forma individual
y adicional, otras cantidades de dinero que
no se reflejan en los datos facilitados por
la UE. De igual forma, Europa ha financiado
también la construcción de las
granjas de engorde de atún, lo que
ha agravado el problema. En el caso de España,
se destinaron a este objetivo seis millones
de euros hasta el año 2003. 23 millones
de euros fueron destinados a ayudas a la construcción
de nuevos barcos, incluyendo modernos cerqueros,
buques de pesca que usan alta tecnología
y que son capaces de capturar grandes cantidades
de atún en una sola operación.10.5
millones de euros se destinaron a la modernización
de los pesqueros ya existentes. Sólo
se invirtió un millón de euros
en el desguace de buques, todos ellos artesanales.Un
total de 611 pesqueros se vieron involucrados,
y los beneficiarios fueron Chipre, Francia,
Grecia, Italia, Malta y España.La respuesta
de la Comisión Europea dice que “el
número de barcos comunitarios con licencia
para pescar atún rojo en 2009 fue 859,
lo que equivale a 52.553 de GT (tonelaje bruto),
una capacidad de pesca mucho mayor de la cuota
de captura asignada a la UE para 2009: 12.400
toneladas.En el mismo periodo, la media de
la talla de capturas de atún rojo pescado
en el Mediterráneo se ha reducido a
la mitad. Como ejemplo, en aguas españolas
la media eran 159 kg en 1994, mientras que
en 2009 apenas se ha llegado a 77 kg. Esto
indica claramente un declive de los atunes
reproductores, y que, si la tendencia continúa,
esto podría suponer su desaparición
en 2012.“Estoy impresionado ante la cantidad
de subsidios que se le dan a la flota de atún
rojo”, comentó Raúl Romeva i
Rueda. “Esto muestra claramente la hipocresía
de la UE, que insiste en la necesidad de conservar
las poblaciones pesqueras, mientras fomenta
la rápida expansión de una flota
que ya es desmesurada”.
“Es un escándalo
que los subsidios dañinos de la UE
hayan ayudado a crear una flota monstruosa
que está a punto de acabar con la especie”,
apuntó Raúl García, Responsable
de Pesquerías de WWF España.
“Los ciudadanos europeos han regalado millones
de euros a la industria del atún, dando
como resultado el fin de una pesquería
milenaria. Y concluyó: WWF pide que
la UE no dé más dinero público
para alimentar este negocio”.
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La CE admite una queja de
WWF contra la Junta de Castilla y León
por la Ciudad del Medio Ambiente
Posted on 02 December 2009
- La Comisión Europea ha admitido a
trámite una queja de WWF España
por incumplimiento de varias directivas europeas
al aprobar mediante ley la Ciudad del Medio
Ambiente. La organización denuncia
que no se ha permitido la participación
de las ONG ecologistas y que el informe de
evaluación ambiental realizado no contempla
la destrucción de la zona inundable
del Duero en El Soto de Garray (Soria). Este
proyecto también causará un
daño irreparable al Complejo Arqueológico
e Histórico de Numancia.
WWF denunció ante
la Comisión Europea el plan de actuaciones
urbanísticas y energéticas cercano
a la ciudad de Soria, conocido como “Ciudad
del Medio Ambiente”, el pasado 24 de noviembre.
Ahora, tan sólo una semana después,
la CE acaba de admitir a trámite esta
queja, lo que significa que este organismo
va a solicitar información a España
sobre el procedimiento seguido para realizar
la evaluación del impacto ambiental
de este proyecto.
WWF sostiene que la aprobación
mediante ley del citado plan impide a las
ONG de medioambiente realizar cualquier recurso,
y esto vulnera la Directiva 2003/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
La Junta de Castilla y León
forzó la aprobación de este
plan mediante la Ley 6/2007 de 28 de marzo,
de la Ciudad del Medio Ambiente, acogiéndose
a varios artículos de la Ley de Ordenación
del Territorio de Castilla y León para
los proyectos de interés de la Comunidad
Autónoma. Sin embargo, esta ley ya
ha sido objeto de otro recurso, el interpuesto
ante el Tribunal Constitucional y admitido
a trámite el 11 de septiembre de 2007.
WWF denuncia que, por la
defectuosa evaluación y la documentación
presentada a información pública,
no se conocen los daños derivados de
la ejecución del Plan urbanístico
de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), ni
los impactos sinérgicos entre los proyectos
dentro de dicho plan o entre este y otros
proyectos ya en marcha.
Juan Carlos del Olmo, Secretario
General de WWF España afirma: “esta
ley ha ignorado el riesgo de inundación
de más de la mitad de la superficie
que se pretende construir y que predicen los
estudios de la Confederación Hidrográfica
del Duero”. Y añade: “Tampoco se ha
considerado el daño al Complejo Arqueológico
e Histórico de Numancia”.
Hasta el momento, la legalidad
de la CMA ha sido rechazada por organizaciones
ecologistas, como ASDEN -Ecologistas en Acción
de Soria-, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF España,
y numerosos estamentos culturales, académicos
y científicos. Por ello, lo han puesto
en conocimiento de la Fiscalía de Soria
con el fin de solicitar la paralización
cautelar de las obras y la exigencia de las
responsabilidades oportunas. De hecho, el
Procurador del Común de Castilla y
León promulgó un dictamen en
contra los proyectos que afectan al Soto de
Garray y a la cercana Numancia, apelando a
la defensa del paisaje en sí mismo
de estos entornos, al considerarlo un recurso
digno de protección.
A pesar de estas denuncias
en instancias nacionales y europeas, el pasado
23 de septiembre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León
sacó a información pública
el proyecto de urbanización del Sector
1 de la CMA (129,92 hectáreas del Soto
del Garray); iniciando a continuación
las obras por la vía de los hechos
consumados sin terminar el proceso de alegaciones.
