20 enero 2010 - España
— Esta mañana se han reunido representantes
de las organizaciones Amigos de la Tierra,
CECU, COAG, Ecologistas en Acción,
Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural,
Red de Semillas y Veterinarios
sin Fronteras con Enrique Múgica Herzog
para trasladarle la enorme preocupación
de la sociedad civil ante la agresión
a los derechos sociales, económicos
y culturales que supone el cultivo y el uso
de los transgénicos en España.
Con la presentación
del documento Exposición acerca del
desamparo ante la ley de la alimentación
y agricultura libre de organismos modificados
genéticamente, estas organizaciones,
que consideran imprescindible la misión
del Defensor del Pueblo en la protección
y la defensa de los derechos fundamentales
y las libertades públicas, denuncian
la actitud del Gobierno español en
materia de transgénicos. La reunión
ha sido satisfactoria para todos los asistentes
y el Defensor del Pueblo se ha mostrado interesado
en la queja que se ha formulado, basada en
la documentación entregada.
El Gobierno sigue tolerando
el cultivo a gran escala de Organismos Modificados
Genéticamente (OMG) en territorio español
en contra de la mayoría social y frente
a la actitud de precaución adoptada
por países como Francia, Austria, Alemania,
Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda,
Grecia o Italia, que mantienen moratorias
y prohibiciones a su cultivo. Los niveles
de irresponsabilidad política en el
Gobierno han alcanzado cuotas peligrosas.
De hecho, y por primera vez, el Ministerio
del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció
el pasado mes de octubre la existencia de
personas y de empresas que han sufrido los
efectos de la política de transgénicos
llevada a cabo por el Ejecutivo español
(1).
Pero lejos de ejercer un
contrapeso al constante y agresivo lobby de
las multinacionales agrobiotecnológicas,
sigue rechazando tratar los asuntos que las
organizaciones ecologistas, agrarias y sociales
llevan años poniendo sobre la mesa,
tales como la falta de transparencia en los
mecanismos de aprobación, evaluación
y control, la ausencia de registros públicos
de los cultivos transgénicos, las irregularidades
en el etiquetado de los alimentos transgénicos,
o los reiterados casos de contaminación,
etc (2).
Desde hace una década las organizaciones
de la sociedad civil denuncian los efectos
sociales, ambientales y económicos
de la presencia de maíz transgénico
en España. La alimentación y
la agricultura libres de transgénicos
se encuentran en una situación de indefensión
total y abocadas a la desaparición,
de no poner una remedio inmediato a la actual
situación. Frente a las 76.000 ha de
maíz transgénico MON 810 de
la multinacional Monsanto que se cultivan
en España, la agricultura y la ganadería
ecológicas siguen siendo víctimas
de la multinacional y de la complicidad del
Gobierno.
Además, las organizaciones
que se han reunido hoy con el Defensor del
Pueblo consideran que la situación
actual no reconoce el derecho de consumidoras
y consumidores a elegir si quieren o no ingerir
transgénicos.
Las entidades presentes
en la reunión han solicitado al Defensor
del Pueblo:
?un dictamen sobre la situación
de desamparo legal de la agricultura y alimentación
100% libre de organismos genéticamente
modificados
?en su caso, una propuesta de modificación
legislativa que garantizaría el amparo
legal de la agricultura y alimentación
100% libre de OMG
?el traslado de su dictamen y propuestas a
las instituciones pertinentes.
Notas:
[1] En el orden del día de la Segunda
Reunión del Grupo de Trabajo de OGM
del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA),
convocada para el 21 de octubre de 2009 por
el Ministerio, aparece un punto en el que
se dice textualmente: “Coexistencia de maíz
modificado genéticamente con maíz
convencional y ecológico. Experiencias
de agricultores afectados”.
Ver Comunicado de Prensa del 22 de octubre
de 2009
http://www.greenpeace.org/espana/news/el-ministerio-de-medio-ambient-6
