ONG, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y TANQUEM LES NUCLEARES DENUNCIAN LA FALTA DE CONSENSO DEMOCRÁTICO EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

Panorama Ambiental
Internacional
Enero de 2010
 

Las organizaciones piden a los grupos políticos que no respalden la estrategia promovida por el ministro de Industria - 19 enero 2010 - Barna, España — Greenpeace, Ecologistas en Acción y Tanquem Les Nuclears denuncian que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha decidido poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo de buscar y lograr el consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, el consenso territorial y el consenso político que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estableció como fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la plataforma Tanquem les Nuclears manifiestan su rotunda oposición a la construcción de un cementerio nuclear centralizado, sea cual sea su denominación (Almacén Temporal Centralizado, u otras) y tipo de residuos radiactivos que fuera a albergar.

Según han afirmado las organizaciones ecologistas, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Barcelona, la estrategia del ministro Sebastián es tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno y la de su comunidad autónoma. Asimismo, estos grupos critican la postura pronuclear de Miguel Sebastián que, promoviendo el almacén, trata de tener un pretexto para alargar la vida de las centrales nucleares, lo que aumenta el riesgo de accidente en unas instalaciones ya muy envejecidas y deterioradas.

Los grupos ecologistas consideran que un problema de relevancia tanto social, como ambiental o económica, no puede resolverse sin un previo consenso social y político. Para que ese acuerdo se logre deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas.

Las organizaciones recuerda que fue el presidente del Gobierno quien reconoció públicamente la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en su solución. Así, en el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 dijo: “Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado”.

“Sebastián maneja un concepto muy laxo y subjetivo de democracia cuando manifiesta que la opinión de una comunidad autónoma no es importante, cuando ésta se opone a su proyecto de cementerio nuclear, pero sí le parece suficiente que sea el consistorio de un pueblo el que decida dónde albergar una instalación tan peligrosa para la salud pública y el medio ambiente como es el almacén de todos los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Nuclear de Greenpeace.

Antecedentes en los planes de ENRESA
De hecho, la falta de acuerdo con los grupos ecologistas y los representantes de la sociedad civil, ha sido la causa de que hayan fracasado, tras provocar una inmensa contestación social, todos los intentos anteriores de ENRESA de construir un cementerio nuclear. La primera ocasión fue el proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finales de los 80; seguido por el proyecto de un ATC en Trillo (Guadalajara), en 1989; o el proyecto El Berrocal, en Toledo, en 1992.

Posteriormente, el proyecto de búsqueda de emplazamientos de ENRESA, ya en su fase AFA (lugares de Alta Favorabilidad), suscitó manifestaciones multitudinarias en todos los lugares designados como candidatos: en Los Pedroches (Córdoba), Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), Sayago (Zamora), Burgos, etc., que obligaron al Gobierno central en 1999 a suspender indefinidamente ese proyecto.

El proyecto del ATC que ahora promueve el ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue iniciado en 2006 por su predecesor en el cargo, José Montilla, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, y desde entonces se encontró con rotundos rechazos. Uno de ellos fue el conflicto que se creó ese mismo año en Castilla y León cuando el alcalde del pueblo de Peque (Zamora), sin consultar a sus vecinos, ofreció su municipio como candidato para el ATC. Ante la enorme presión social suscitada, retiró su propuesta.

Rechazo político
Desde entonces, diversos parlamentos autonómicos (el Parlamento catalán, las Cortes valencianas, la Asamblea de Extremadura, el Parlamento gallego, el aragonés…), diversos presidentes autonómicos (el de Castilla y León, el de Castilla-La Mancha, Andalucía…), y numerosas diputaciones provinciales, consejos comarcales y ayuntamientos han mostrado un rotundo rechazo al ATC.

En Cataluña, el Parlamento (en marzo de 2008), así como 61 ayuntamientos y 7 Consejos Comarcales de Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona se han manifestado en contra de la instalación en Cataluña del cementerio nuclear. En cumplimiento del mandato del Parlament, el Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat envió una carta al Ministerio de Industria demandando que el cementerio nuclear no se instalase en Cataluña.

Debido a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años, y su elevado potencial radiotóxico, la mera existencia de los residuos radiactivos de alta actividad (RR.AA.) supone un grave problema ambiental, económico y de salud pública, que la industria nuclear no ha sabido resolver durante sus 50 años de existencia. Tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en los RR.AA. deje de ser radiactivo, 34.000 años para el radio-226, 112.000 años en el caso del carbono-14, etc.

La generación de residuos radiactivos de alta actividad es un hecho técnicamente inevitable que está unido a la tecnología de fisión nuclear; es decir, que las centrales nucleares son las productoras es estas sustancias. Su gestión es hoy en día un problema no resuelto en ningún país del mundo ante el que ha quedado demostrado que no existe, ni ahora ni en un futuro previsible, ninguna forma de gestión definitiva satisfactoria desde el punto de vista técnico.

Centro Tecnológico Asociado
Asimismo, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la plataforma Tanquem les Nuclears manifiestan su rechazo al denominado “Centro Tecnológico Asociado” al ATC, una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación. Implicaría tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento.

A estos riesgos hay que sumar los derivados de la presencia, manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior de la instalación ATC, así como los previos de los transportes de esos residuos radiactivos desde las centrales nucleares al ATC.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Tanquem les Nuclears demandan al Gobierno central que cualquier estrategia o plan de gestión de los residuos radiactivos quede supeditado a la previa consecución de un amplio y verdadero consenso social que incluya a las organizaciones de defensa del medio ambiente. Y que con carácter previo a lo referido en el punto anterior, se apruebe y ponga en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, dado que éstas son las productoras de estos peligrosos residuos. El abandono de la energía nuclear y su sustitución por recursos energéticos limpios (energías renovables y programas de ahorro y eficiencia energética) es posible gracias a su elevado potencial.

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Greenpeace, Ecologistas en Acción i Tanquem les Nuclears denuncien la falta de consens democràtic en la gestió dels residus radioactius

Les organitzacions demanen als grups polítics que no recolzin l'estratègia promoguda pel ministre d'Industria

Greenpeace, Ecologistas en Acción i Tanquem Les Nuclears denuncien que el ministre d'Industria, Miguel Sebastián, ha decidit posar en marxa el procés de construcció del cementiri nuclear centralitzat de residus d'alta activitat, prescindint de buscar i aconseguir el consens social d'organitzacions defensores del medi ambient, el consens territorial i el consens polític que el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va establir com a fonamentals per poder avançar en aquesta qüestió.

Greenpeace, Ecologistas en Acción i la plataforma Tanquem les Nuclears manifesten la seva rotunda oposició a la construcció d'un cementiri nuclear centralitzat, sigui quina sigui la seva denominació (Magatzem Temporal Centralitzat, o d'altres) i tipus de residus radioactius que allotjaria.

Segons han afirmat les organitzacions ecologistes, durant una roda de premsa celebrada avui a Barcelona, l'estratègia del ministre Sebastián és temptar els alcaldes amb diners públics (dels fons de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, ENRESA) per intentar aconseguir que algun municipi s'ofereixi candidat a allotjar el cementiri nuclear, sense que importi si aquest consistori ha tingut en compte l'opinió de la població d'aquest municipi, la dels pobles del seu entorn i la de la seva comunitat autònoma. Així mateix, aquests grups critiquen la postura pronuclear de Miguel Sebastián que, promovent el magatzem, vol tenir un pretext per allargar la vida de les centrals nuclears, la qual cosa augmenta el risc d'accident en unes instal•lacions ja molt envellides i deteriorades.

Un problema de tal magnitud tant social, ambiental o econòmica, Greenpeace, Ecologistas en Acción i Tanquem Les Nuclears consideren que no es pot resoldre sense un previ consens social i polític. Perquè aquest consens s'aconsegueixi han d'estar inclosos tots els agents interessats, incloses les organitzacions ecologistes.

Les organitzacions recorden que va ser el president del Govern que va reconèixer públicament la necessitat d'aconseguir un ampli i previ consens social sobre la gestió dels residus radioactius per poder avançar en la seva solució. Així, en el Debat de l'Estat de la Nació del 30 de maig de 2006 va dir: "I paral•lelament també està el tema dels residus, que exigeix, sense cap dubte, un ampli consens social d'organitzacions defensores del medi ambient, que exigeix el major consens territorial possible i tant de bo el major consens polític, perquè, com molt bé sap S.S., és un problema de profundes implicacions".

"Sebastián maneja un concepte molt lax i subjectiu de democràcia quan manifesta que l'opinió d'una comunitat autònoma no és important, quan aquesta s'oposa al seu projecte de cementiri nuclear, però sí li sembla suficient que sigui el consistori d'un poble el que decideixi on allotjar una instal•lació tan perillosa per a la salut pública i el medi ambient com és el magatzem de tots els residus radioactius de les centrals nuclears espanyoles", ha declarat Carlos Bravo, responsable de la campanya de Nuclear de Greenpeace.

Antecedents en els plans d'ENRESA
De fet, la falta d'acord amb els grups ecologistes i els representants de la societat civil, ha estat la causa que hagin fracassat, després de provocar una immensa contestació social, tots els intents anteriors d'ENRESA de construir un cementiri nuclear. La primera ocasió va ser el projecte IPES (Instal•lació Pilot Experimental Subterrània) en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finals dels 80; seguit pel projecte d'un ATC a Trill (Guadalajara), el 1989; o el projecte El Berrocal, a Toledo, el 1992.

Posteriorment, el projecte de recerca d'emplaçaments d'ENRESA, ja en la seva fase AFA (llocs d'Alta Favorabilitat), va suscitar manifestacions multitudinàries en tots els llocs designats com a candidats: en Los Pedroches (Còrdova), Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), Sayago (Zamora), Burgos, etc., que van obligar el Govern central el 1999 a suspendre indefinidament aquest projecte.

El projecte de l'ATC que ara promou el ministre d'Industria, Miguel Sebastián, va ser iniciat el 2006 pel seu predecessor en el càrrec, José Montilla, actual president de la Generalitat de Catalunya, i des d'aleshores es va trobar amb un immens rebuig. Un d'ells va ser el conflicte que es va crear aquell mateix any a Castella i Lleó quan l'alcalde del poble de Peque (Zamora), sense consultar als seus veïns, va oferir el seu municipi com a candidat per a l'ATC. Davant de l'enorme pressió social suscitada, va retirar el seu oferiment.

Rebuig polític
Des de llavors diversos parlaments autonòmics (el parlament català, les Corts valencianes, l'Assemblea d'Extremadura, el parlament gallec, l'aragonès...), diversos presidents autonòmics (el de Castella i Lleó, el de Castella-la Manxa, Andalusia...), i nombroses diputacions provincials, consells comarcals i ajuntaments han mostrat un immens rebuig de l'ATC.

A Catalunya, el Parlament (el març de 2008), així com 61 ajuntaments i 7 Consells Comarcals de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona s'han manifestat en contra de la instal•lació a Catalunya del cementiri nuclear. En compliment del mandat del Parlament, el Conseller d'Economia i Finances de la Generalitat va enviar una carta al Ministeri d'Indústria demandant que el cementiri nuclear no s'instal•lés a Catalunya.

A causa del seu alt nivell de radioactivitat, que persisteix durant cents de milers d'anys, i el seu elevat potencial radiotòxic, la mera existència dels residus radioactius d'alta activitat (RR.AA.) suposa un greu problema ambiental, econòmic i de salut pública, que la indústria nuclear no ha sabut resoldre durant els seus 50 anys d'existència. Hauran de passar 482.000 anys per a que el plutoni-239 que es troba en els RR.AA. deixi de ser radioactiu, 34.000 anys per al radi-226, 112.000 anys en el cas del carboni-14, etc.

La generació de residus radioactius d'alta activitat és un fet tècnicament inevitable que està unit a la tecnologia de fissió nuclear; és a dir, que les centrals nuclears són les productores d'aquests residus. La gestió d'aquests residus és avui en dia un problema no resolt a cap país del món davant del qual ha quedat demostrat que no hi ha, ni ara ni en el futur previsible, cap forma de gestió definitiva satisfactòria des del punt de vista tècnic.

Centre Tecnològic Associat
Així mateix, Greenpeace, Ecologistas en Acción i la plataforma Tanquem li Nuclears manifesten el seu rebuig del "Centre" denominat "Tecnològic Associat" a l'ATC, una instal•lació experimental nuclear per investigar amb tècniques de transmutació. Implicaria haver de construir i allotjar un reactor nuclear transmutador, instal•lacions per al reprocessament i elaboració d'elements combustibles nuclears per a aquest reactor, amb els riscs d'accidents nuclears i fuites de radioactivitat inherents al seu funcionament.

A aquests riscs cal sumar els derivats de la presència, manipulació i emmagatzematge dels elements de combustible nuclear que s'ubicarien en l'interior de la instal•lació ATC, així com els previs dels transports d'aquests residus radioactius des de les centrals nuclears a l'ATC.

Greenpeace, Ecologistes en Acció i Tanquem li Nuclears demanden al Govern central que qualsevol estratègia o pla de gestió dels residus radioactius quedi supeditat a la prèvia consecució d'un ampli i verdader consens social que inclogui les organitzacions de defensa del medi ambient. I que amb caràcter previ al referit en el punt anterior, s'aprovi i posi en marxa un pla de tancament progressiu però urgent de les centrals nuclears, ja que aquestes són les productores d'aquests perillosos residus. L'abandonament de l'energia nuclear i la seva substitució per recursos energètics nets (energies renovables i programes d'estalvi i eficiència energètica) és possible gràcies al seu elevat potencial.
Organizaciones de Agricultores, Consumidores, Ecologistas y de Cooperación recurren ante el Defensor del Pueblo por la imposición de los transgénicos.


 

Fuente: Greenpeace – Internacional
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