La organización ecologista
considera necesario que el Ejecutivo ponga
en marcha previamente un adecuado plan de
cierre de las centrales nucleares - 24 enero
2010 - España — Tras la negativa del
presidente de la Generalitat,
José Montilla, a que Cataluña
albergue el cementerio nuclear (ya rechazado
por UICV, ERC y CiU), sumada a la retirada
de los dos pueblos segovianos que se planteaban
presentar su candidatura, y el rechazo inequívoco
del Gobierno de Castilla-La Mancha y de todos
los partidos políticos de esta Comunidad
Autónoma, Greenpeace considera que
el proceso emprendido por el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se puede ya considerar
un fracaso.
Por ello, la organización
ecologista pide que el Gobierno se replantee
su política al respecto y busque un
verdadero consenso social sobre la gestión
de residuos radiactivos.
“El ministro Sebastián
ha fracasado en su intento porque ha ignorado
el sentir de la sociedad y ha pretendido sacar
adelante el cementerio nuclear despreciando
a la sociedad civil e incluso a las Comunidades
Autónomas, y sin buscar un verdadero
acuerdo social y territorial”, ha declarado
Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
Un problema de primer orden
de magnitud, desde el punto de vista social,
medioambiental y económico, como el
de los residuos radiactivos, no se puede resolver
sin un previo consenso social y político,
que únicamente podrá alcanzarse
poniendo sobre la mesa previamente un calendario
de cierre progresivo pero urgente de las centrales
nucleares.
“Si el Gobierno quiere resolver
el problema de los residuos radiactivos y
cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá
que poner sobre la mesa un buen plan de cierre
de las centrales nucleares, paso necesario
para poder avanzar hacia un modelo energético
sostenible. Solo así conseguirá
paz social al respecto”, ha afirmado Carlos
Bravo, responsable de la campaña de
Energía nuclear de Greenpeace.
Desde el principio, Greenpeace
calificó el proceso iniciado por el
Ministerio de Industria como antidemocrático,
además de contradictorio con las promesas
del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien reconoció
en el Congreso de los Diputados la necesidad
de lograr un amplio y previo consenso social
sobre la gestión de los residuos radiactivos
para poder avanzar en la solución de
este grave problema.
En efecto, Zapatero dijo
en el Congreso de los Diputados durante el
Debate del Estado de la Nación del
30 de mayo de 2006 : “Y paralelamente también
está el tema de los residuos, que exige,
sin duda alguna, un amplio consenso social
de organizaciones defensoras del medio ambiente,
que exige el mayor consenso territorial posible
y ojalá el mayor consenso político,
porque, como muy bien sabe S.S., es un problema
de hondo calado”.
Sin embargo, el ministro
de Industria, Miguel Sebastián, haciendo
caso omiso de las premisas del presidente
del Gobierno, decidió poner en marcha
el proceso de construcción del cementerio
nuclear centralizado de residuos de alta actividad,
prescindiendo totalmente de buscar y lograr
ese amplio consenso social de organizaciones
defensoras del medio ambiente, del consenso
territorial y del consenso político
que Zapatero establecía como fundamentales
para poder avanzar en esta cuestión.
La estrategia del ministro
Miguel Sebastián es la de tentar a
los alcaldes con dinero público (de
los fondos de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir
que algún municipio se ofrezca candidato
a albergar el cementerio nuclear, sin importar
si ese Consistorio ha tenido en cuenta la
opinión de la población de ese
municipio, la de los pueblos de su entorno,
y la de su comunidad autónoma. Además
de resultar poco ético, el Gobierno
debe entender que tratar de resolver así
un problema tan grave como el de los residuos
radiactivos es muy poco democrático.
