03 febrero 2010 - DF, México
— Interponen denuncia ante CIDH y acusan a
Sagarpa, Profepa y PGR; el caso de Chihuahua
es evidencia contundente de la falta de capacidad
efectiva y voluntad política del gobierno
mexicano para detener
la contaminación transgénica
del maíz nativo
Representantes del ejido
El Consuelo en el municipio de Carichí,
Chihuahua y seis organizaciones no gubernamentales
más, denunciaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación
(Sagarpa), la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa)
y la Procuraduría General de la República
(PGR), por la falta de investigación
sobre el caso de entrada ilegal y transgénica
en cultivos de maíz en el estado de
Chihuahua, lo cual vulnera los derechos de
consumidores y productores, así como
sus derechos culturales.
A dos años de que
presentaron una primer denuncia ante la Procuraduría
General de la República (PGR), sin
que hasta el momento se tenga respuesta, las
organizaciones El Barzón, Frente Democrático
Campesino, Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, Consultoría Técnica
Comunitaria A.C. (Contec), representantes
del ejido El Consuelo, el Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace
México escalaron la denuncia ante la
CIDH.
"Los hechos que se
denuncian son la falta de una investigación
adecuada y la ausencia de un recurso legal
efectivo en materia de Organismos Genéticamente
Modificados lo cual vulnera los derechos de
los consumidores y productores, así
como el derecho a la propiedad y el derecho
a la información además de atentar
contra derechos como un debido proceso legal,
acceso a la justicia y derechos culturales",
explicó Luz Esthela Castro del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
“Recurrimos a una instancia
internacional para evidenciar la falta de
actuación del gobierno mexicano ante
la introducción y siembra ilegal de
maíz transgénico a territorio
nacional, violando la normatividad existente,
haciendo patente que aún falta mejorar
la legislación vigente, aplicarla y
terminar de instalar los debidos mecanismos
de control y vigilancia en materia de bioseguridad”,
expresó Pedro Torres, presidente del
Frente Democrático Campesino.
“México es reconocido
como centro de origen y diversidad genética
del maíz y se ha recomendado ampliamente
su protección; a pesar de esto, en
2007 se sembró, de manera ilegal, maíz
transgénico en el Valle de Cuauhtémoc
en el estado de Chihuahua, razón por
la cual acudimos a la PGR a fin de que se
hicieran las indagaciones necesarias por tratarse
de conductas que atentan contra la bioseguridad.
Los resultados no fueron los esperados, observamos
dilación y falta de pericia en la investigación
lo cual constituye un primer punto de nuestra
denuncia”, informó Gabino Gómez,
dirigente de El Barzón Chihuahua.
“A pesar de que la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) establece la protección
para el maíz, el gobierno mexicano
ha aprobado un reglamento y un marco normativo
que en conjunto no protege al maíz
nacional frente a las variedades genéticamente
modificadas, por el contrario, pone en riesgo
varios de los derechos de productores y consumidores
y no respeta el principio precautorio que
debe regir a este tipo de disposiciones",
declaró Victoria Beltrán del
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria.
“Los productores quedamos
expuestos a que se contamine nuestro maíz,
ante la contaminación transgénica
detectada desde 2003-4 (1) y la contaminación
confirmada en 2008 en algunos campos menonitas
donde se recolectaron muestras. El resultado
de esos muestreos se canalizó al gobierno
del Estado y a la Sagarpa; solicitamos que
se declare la Sierra Tarahumara libre de transgénicos,
y que se organice la ayuda alimentaria de
maíz que da el gobierno a las comunidades
para su alimentación, con base en la
compra de maíz a productores mexicanos
que garanticen que el grano es de origen local,
con precios justos, y mercados regionales
ya que el grano que entrega desde el 2003
viene contaminado con maíz transgénicos.
Sin embargo, no hubo ninguna respuesta”, denunció
Florencio Cruz Cortés, representante
del ejido El Consuelo.
“El caso de Chihuahua es
evidencia contundente de la falta de capacidad
efectiva y voluntad política del gobierno
mexicano para detener la contaminación
transgénica del maíz nativo.
Es inadmisible que en un centro de origen
y de diversidad genética, como lo es
México para el maíz, el gobierno
federal falle en aplicar efectivamente la
legislación ambiental. La tardanza
de dos años tres meses entre el primer
anuncio de siembra ilegal y las primeras actuaciones
de la autoridad han puesto en riesgo a las
23 razas y el resto de variedades locales
de maíz que se encuentran en el estado
de Chihuahua”, denunció Aleira Lara,
coordinadora de la campaña de agricultura
sustentable y transgénicos de Greenpeace.
La denuncia presentada ante
la CIDH este 2 de febrero del presente año
está fundamentada en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (2);
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (3); y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (4).
— Greenpeace México
1. Los resultados del muestreo se presentaron
en febrero del 2003 y en ellos aparecieron
105 muestras positivas a proteínas
transgénicas. De las cuales, 21% positivas
a Cry 1 a /1 a c; 26.67% positivas a Cry9c
(Starlink) y 34% positivas a CP4 EPSPS
2. http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm
3. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
4. http://www.oas.org/Juridico/spanish/firmas/b-32.html
