La organización ecologista
acudirá a los tribunales para impugnar
la Resolución que dio inicio al proceso
del ATC - 5 febrero 2010 - España —
Veinticinco activistas de Greenpeace han llevado
esta mañana diez “bidones de residuos
radiactivos de alta actividad” al Ministro
de Industria, Miguel Sebastián, para
pedirle que anule su antidemocrático
proceso de búsqueda
de un emplazamiento para construir un cementerio
nuclear centralizado y su centro de experimentación
nuclear, con el que sólo ha logrado
cosechar un rotundo rechazo social y la ausencia
total de consenso territorial y político
al respecto. Los activistas portaban, además,
varias pancartas con el lema “Cementerio nuclear
no”.
Este proceso, iniciado por
el Ministerio de Industria mediante la publicación
en el BOE el pasado 29 de diciembre de una
Resolución solicitando municipios candidatos
a albergar el cementerio nuclear, se ha caracterizado
por la falta de transparencia, la ausencia
de mecanismos participativos y la falta de
información veraz a la población
y a los municipios.
En ese sentido, el proceso
puede considerarse ilegal pues vulnera claramente
los principios jurídicos contenidos
en el Convenio sobre el acceso a la información,
la participación del público
en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, conocido
como Convenio Aarhus (1). Por este motivo,
Greenpeace acudirá a los tribunales
para impugnar la citada Resolución.
Como han demostrado los
hechos, la estrategia seguida por el Ministerio
que dirige Miguel Sebastián ha consistido
en tentar a los alcaldes con dinero público
(de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir
que los municipios se ofreciesen como candidatos
a albergar el cementerio nuclear, sin importar
ni si quiera si se había tenido en
cuenta la opinión de los vecinos, la
de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad
autónoma.
“El proceso ha sido un esperpento.
ENRESA ha ido fomentando “cacicadas” en los
pueblos. Hemos constatado que ENRESA ha alentado
a los alcaldes de diversos municipios a que
primero aprobasen en Pleno la candidatura
y que luego, si querían, informasen
a sus vecinos de la decisión tomada.
Algún alcalde, como el de Villar del
Pozo (Ciudad Real) presentó la candidatura
sin tan siquiera realizar el Pleno correspondiente“,
ha declarado Carlos Bravo, responsable de
la campaña Nuclear de Greenpeace.
Paralelamente, ENRESA y
el Ministerio de Industria han llevado a cabo
una intensa campaña de desinformación
con el fin de promocionar el cementerio nuclear
(denominado “Almacén Temporal Centralizado”,
ATC), minimizando sus riesgos, mintiendo sobre
la supuesta urgencia del mismo y falseando
aspectos económicos relacionados, como
el verdadero coste de mantener en Francia
los residuos radiactivos procedentes del reprocesamiento
del combustible nuclear gastado de la central
Vandellós-1 (cerrada en 11000 tras
un accidente), enviados al país vecino
desde 1972 hasta mediados de los 90.
Además estos organismos
han obviado deliberadamente informar sobre
la verdadera naturaleza del denominado “Centro
Tecnológico Asociado” al ATC, en realidad
una instalación experimental nuclear
para investigar con técnicas de transmutación
nuclear. Su funcionamiento implicaría
tener que poner en marcha un reactor nuclear
experimental, instalaciones para el reprocesamiento
y elaboración de elementos combustibles
nucleares para ese reactor, con los riesgos
de accidentes nucleares y escapes de radiactividad
inherentes a su funcionamiento, y generación
de nuevos residuos. Ya en 1971 se produjo
un grave escape de agua altamente radiactiva
en el reactor experimental JEN-1, en la antigua
Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT.
A pesar de todo su esfuerzo,
el Ministerio sólo ha logrado publicar
una lista con 13 candidatos, de los 8.112
municipios que existen en España. En
dicha lista, publicada a última hora
del miércoles, incluían a un
municipio (Campo de San Pedro, Segovia) que
presentó su candidatura fuera de plazo
(a pesar de que días antes la Corporación
emitió un comunicado declarando que
no iba a presentar su candidatura). También
incluyó al municipio segoviano de Santiuste
de San Juan Bautista. que el lunes 1 de febrero
celebró un Pleno para retirar la candidatura
que había presentado el viernes 29
de enero, de lo cual informaron los medios
de comunicación. Varios pueblos más,
como Torrubia de Soria, incumplen claramente
algunas de las bases de la propia convocatoria
del Ministerio.
— Greenpeace
Nota:
(1) El convenio Aarhus, fue elaborado en la
ciudad de Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio
de 1998, ratificado por España mediante
instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en
vigor en nuestro país desde el 29 de
marzo de 2005
