11 marzo
2010 - Aomori, Japón — Un ex ballenero
detalló la magnitud de la corrupción
que ha presenciado durante el tiempo que laboró
en los barcos balleneros del gobierno japonés
en el Santuario Ballenero Austral
Esta semana comenzó
en Aomori, Japón, la segunda parte
del juicio contra los activistas Junichi Sato
y Toru Suzuki, que denunciaron las ilegalidades
y malversaciones que existen tras la caza
de ballenas “científica” japonesa.
La organización ecologista denuncia
que los argumentos de la acusación
se caen por su propio peso entre contradicciones
e incongruencias y asegura que cada vez más
evidente es la necesidad de reabrir la investigación
para encontrar a los verdaderos delincuentes.
En esta parte del juicio
han comenzado a declarar los testigos de la
defensa. Un antiguo trabajador de la flota
ballenera japonesa ha sido el centro de las
alegaciones. En su declaración ha constatado
la malversación institucionalizada
con la que el Gobierno japonés financia
el programa “científico” de caza de
ballenas.
El ahora miembro retirado
de la tripulación dijo a la corte que
apoya la caza comercial de ballenas, pero
que la investigación de ballenas ha
sido desacreditada por la malversación
de fondos.
También dijo que
después de haber acudido a Greenpeace
como un informante, la policía había
tratado de que el cambiara su declaración
antes del juicio, y negar que nunca había
presenciado o han participado alguna malversación
de carne de ballena. Él se negó.
El informante, que fue un
ballenero durante 40 años, fue autorizado
a prestar testimonio detrás de una
pantalla para proteger su identidad de todos
los jueces y representantes legales, por temor
a represalias por su testimonio incriminatorio.
Él le dijo al tribunal que sabía
que la carne de ballena era enviada a parlamentarios
japoneses y a funcionarios de la Agencia de
Pesquerías de Japón (FAJ). Añadió
que los funcionarios del Instituto de Investigación
de Cetáceos (ICR) del buque factoría
Nisshin Maru, se hacían también
de grandes porciones de carne de la cola de
ballena, muy apreciados, para sí mismos
afirmando que era para fines de investigación.
Le dijo al tribunal que
fue testigo de la malversación de fondos
en la década de 11000 y cuando planteó
su preocupación a funcionarios de Kyodo
Senpaku, el operador de la flota, fue trasladado
a un puesto de trabajo diferente a bordo de
buques de investigación "no letales".
El director de programas
de Greenpeace Japón, Junichi Sato,
también subió al estrado hoy.
Durante el testimonio de tres horas, describió
su propia experiencia antes de unirse a Greenpeace
y su campaña de ballenas. Habló
de cómo había sido contactado
por un ex ballenero quien detalló la
corrupción en el programa de caza de
ballenas y de cómo eso llevo a una
investigación por parte de Greenpeace,
y a denunciar lo que fue corroborado por el
informante el día de hoy.
Asimismo, expresó
su decepción porque las pruebas clave
en apoyo de su defensa no habían sido
divulgadas en audiencia pública, y
que una gran parte de las declaraciones de
testigos (incluido el ex miembro de la tripulación
que prestó declaración ayer
- lunes) fueron censurados.
El equipo legal de Greenpeace
pidió que el reciente informe del Grupo
de trabajo sobre la Detención Arbitraria
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas pueda ser admitido
como prueba. Éste declaró que
las dos investigaciones de los Dos de Tokio
habían sido legítimas y que
su detención posterior fue con la intención
de ser intimidado, pero la objeción
de la fiscalía para su inclusión
fue confirmada.
Sato terminó la jornada
en el tribunal diciendo que él creía
que era el deber de todo ciudadano japonés
el denunciar las ilegalidades. Él será
interrogado mañana, así como
su colega de Greenpeace Toru Suzuki comenzará
a dar su testimonio.
+ Más
ONG irrumpe en acto de la
presidenta en El Calafate para protestar contra
la usina de carbón de Río Turbio
12 marzo 2010 - Santa Cruz,
Argentina — Activistas de Greenpeace irrumpieron
este viernes en el acto en el que Cristina
Fernández de Kirchner anunciaba la
apertura de sobres de la licitación
de la extensión de las líneas
de alta tensión en la Patagonia, en
protesta contra la construcción de
una usina a carbón en Río Turbio.
Ante la Presidenta y los
funcionarios nacionales y provinciales que
participaban del acto, activistas de la organización
ambientalista desplegaron carteles con consignas
de rechazo a la usina de carbón que
se construye en Río Turbio.
Greenpeace consideró
que el proyecto constituye “una irracionalidad
ambiental y económica, ya que se está
impulsando el desarrollo del carbón
para producir electricidad, que además
de ser cara es la opción que más
contamina y más cambio climático
genera”.
La protesta se realizó
en el marco de la apertura de sobres de la
licitación para la extensión
de las líneas de alta tensión
hacia el sur de la Patagonia, ocasión
en la que la presidenta enfatizó el
apoyo que el gobierno está otorgando
a la construcción de la Central Térmica
a carbón en Río Turbio.
En el acto junto con la
presidenta se encontraban el ex presidente
de la Nación, Néstor Kirchner,
el Secretario de Energía de la Nación,
Daniel Cameron; el Ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido y el gobernador de
Santa Cruz, Daniel Peralta; quienes dieron
su respaldo al proyecto.
“Río Turbio es el
primer paso en el plan del gobierno para comenzar
a quemar carbón a gran escala para
producir electricidad”, explicó Juan
Carlos Villalonga, director de Campañas
de Greenpeace Argentina. “Se está apostando
por uno de los métodos más sucios
para generar energía y el que más
contribuye al calentamiento global, un verdadero
disparate”.
Para Greenpeace el desarrollo
del carbón como fuente de energía
es un grave error que comete el gobierno nacional
cuando dispone de abundantes recursos energéticos
limpios sin desarrollo alguno, como la energía
eólica.
“Mientras se destinan anualmente
cientos de millones de dólares en energías
sucias, para las energías renovables
sólo existen promesas y anuncios que
nunca se concretan”, explicó Villalonga.
“El muy pobre desarrollo de la energía
eólica es una clara muestra del fracaso
de la política energética”,
agregó.
Para los ambientalistas
esta decisión demuestra que el gobierno
“no está tomando responsablemente lo
que está en juego en relación
al cambio climático”.
“Argentina puede iniciar
ya mismo la transición hacia las energías
renovables, reduciendo emisiones y contaminación,
minimizando impactos sociales y generando
empleos sustentables. El potencial de recursos
existente lo permite, la capacidad tecnológica
también, sólo falta la voluntad
política de cambiar”, concluyó
Villalonga.
