27 marzo 2010 - Santa Cruz,
Argentina — Greenpeace denunció que
la empresa Isolux comenzó a recibir
pagos del Gobierno Nacional
antes de finalizar y presentar su Estudio
de Impacto Ambiental por la planta de carbón
que está construyendo en la ciudad
de Río Turbio, Santa Cruz. “Tanto el
estudio como la Audiencia Pública fueron
un fraude, la obra ya estaba en marcha” declararon
los ambientalistas.
Greenpeace dio a conocer
hoy la información que demuestra que
el Gobierno Nacional pagó 142 millones
de dólares por la usina a carbón
antes que la empresa constructora presentara
su estudio de impacto ambiental. Isolux Corsán
es la empresa adjudicataria de la construcción
de la Central Térmica de Río
Turbio. “Resulta obvio que se quiso realizar
un trámite expeditivo, que ignorase
todo cuestionamiento ambiental a la central
en base a carbón” explicaron desde
la organización.
La cuestionada usina que
proyecta realizar el Gobierno Nacional en
Santa Cruz comenzó a ser pagada un
año antes de que la empresa presentara
su estudio de impacto ambiental y se realizara
la audiencia pública en la localidad
de Río Turbio. “Se supone que los pagos
adelantados fueron utilizados para iniciar
la compra del equipamiento de la usina en
el exterior, lo cual muestra que el proyecto
se inició independientemente del resultado
de la evaluación ambiental” explicó
Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas
de Greenpeace Argentina. “Todo ese proceso,
tanto el estudio de impacto ambiental como
la audiencia pública fueron un fraude,
ya que la empresa tenía garantizado
el resultado”.
La empresa española
Isolux Corsán resultó adjudicataria
de la obra de la planta de carbón el
6 de diciembre de 2007. La resolución
por la que se emitieron los pagarés
por los primeros 142 millones se difundió
el 27 de diciembre de 2007. Esa suma se fue
abonando durante el año 2008 cuyo último
vencimiento fue en agosto de ese año
(1). La empresa presentó su estudio
de impacto ambiental en septiembre de 2008
y la audiencia pública se realizó
el 24 de ese mismo mes (2).
Según Greenpeace,
los pagos recibidos hasta la actualidad por
Isolux Corsán totalizan 393 millones
de dólares. El proyecto de la Central
Térmica está presupuestado en
unos 700 millones de dólares, lo que
representa otro aspecto conflictivo de la
obra. “Ese precio es muy alto en relación
a los precios internacionales, una usina de
esa potencia cuesta la mitad: 350 millones
dólares”, señaló Villalonga.
Según la ley Nacional
25.675, Ley General del Ambiente, antes iniciarse
la ejecución de la obra debió
haberse producido una declaración de
impacto ambiental aprobando la obra. A pesar
de que el estudio de impacto ambiental recibió
50 observaciones por parte de la Comisión
Evaluadora, conformada por diversos organismos
provinciales, nunca se conoció una
respuesta a las mismas.
La central a carbón
de Río Turbio recibió múltiples
cuestionamientos técnicos y ambientales.
“Es irracional desde todo punto de vista,
económico, ambiental y tecnológico”
explicó Villalonga. “Se trata de avanzar
en una tecnología energética
sucia y que comprometerá a la Argentina
en materia de emisiones que afectan al clima,
el carbón es la fuente energética
que debe ser abandonada urgentemente y Argentina
quiere comenzar a desarrollarla a gran escala”.
Los planes del Gobierno
Nacional estiman que para el año 2025
se alcanzará una potencia instalada
entre 3000 y 5000 MW en base a carbón.
Eso significa entre 12 y 21 plantas como la
usina de Río Turbio. “Eso es un disparate,
Argentina posee un potencial energético
renovable extraordinario y nada se hace por
ponerlo a producir” concluyó Villalonga.
Notas
(1) Carbón, combustible
para el cambio climático – Anexo VI.
http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/no-al-carbon/actualizacion-anexo-vi-informe-carbon
(2) Carbón, combustible
para el cambio climático – Anexo III
http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/informe-carbon-rioturbio
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Formosa: Greenpeace calificó
como inconstitucional la propuesta de Ordenamiento
Territorial de Bosques
26 marzo 2010 - Formosa,
Argentina — Greenpeace denunció hoy
que la propuesta de Ordenamiento Territorial
de la provincia de Formosa (1) es inconstitucional
y contraria a la Ley Nacional de Protección
de Bosques Nativos.
En un documento dirigido
a las autoridades formoseñas (2), la
organización ambientalista señaló
que la propuesta de Ordenamiento Territorial
presentada, que será discutida en Audiencia
Pública el próximo lunes, no
cumple con los criterios de sustentabilidad
ambiental dispuestos en la Ley 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos.
“La propuesta de zonificación
que se presentó no pone ningún
freno al avance de la frontera agropecuaria
ni a la fragmentación de los bosques”
explicó Hernán Giardini, coordinador
de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace
Argentina. “Es contraria al espíritu
de la Ley de Bosques; no protege las zonas
boscosas continuas, los corredores de conservación
ni los bosques que están junto a los
cursos de agua”.
En las conclusiones del
documento, Greenpeace aclara que “si bien
la propuesta de Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos de Formosa se propone
conservar gran parte de los bosques de la
provincia mediante diferentes grados de restricciones
de uso a nivel predial, la misma va en contra
del espíritu de la Ley de Bosques,
ya que al no proteger importantes zonas boscosas
continuas no le pone freno al avance de la
frontera agropecuaria y a la fragmentación
de los bosques”.
“De acuerdo a nuestro análisis,
esta propuesta va en sentido contrario a la
ley Nacional de Protección de Bosques”,
insistió Juan Carlos Villalonga, Director
de Campañas de Greenpeace “ya que no
cumple con los Criterios de Sustentabilidad
Ambiental para el Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos que la ley 26.331 establece
en su Anexo”.
Además, Greenpeace
señaló que la zonificación
propuesta destina un 90 por ciento de la superficie
boscosa de la provincia a la categoría
verde, es decir “sectores de bajo nivel de
conservación que pueden desmontarse
parcialmente o en su totalidad”. Esta proporción
desmedida no se condice con el valor real
de los bosques nativos formoseños”,
expresa el documento.
En este sentido, los ambientalistas
observaron que la propuesta compromete la
supervivencia de los pueblos indígenas,
al considerar como territorio protegido sólo
las propiedades que ocupan y no las zonas
cercanas. “Esta situación pone en riesgo
la sustentabilidad de los recursos naturales,
y por ende, la supervivencia de los integrantes
de estas comunidades”, dijo Giardini.
Los representantes de la
ONG manifestaron en el documento que esperan
que las autoridades formoseñas incorporen
sus sugerencias, y consideren que las medidas
que tomarán serán fundamentales
para el futuro de los bosques nativos de la
provincia, de las comunidades indígenas
y campesinas que necesitan de éstos
para subsistir, y para los habitantes de la
provincia en general.
NOTAS:
1) Propuesta de OTBN de
Formosa. http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/propuesta-ordenamiento-territorial-formosa
2) Observaciones al OTBN
de Formosa http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/observaciones-ordenamiento-territorial-formosa
