Posted on 22 marzo 2010
Las ONG ambientales reivindican
la ley de costas como principal herramienta
para frenar la depredación del litoral
español. Y, además, subrayan
su compatibilidad con el derecho a la propiedad
en Europa y, su aportación al desarrollo
de los principios propugnados por la Recomendación
2002/413/CE, del parlamento europeo sobre
la aplicación de la gestión
integrada de las zonas costeras en Europa.
Ante las numerosas iniciativas
en varias Comunidades Autónomas que
persiguen la modificación de la Ley
22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales
en España quieren subrayar la valía
de la actual Ley que tiene como fin proteger
las playas y acantilados vitales para el bienestar
de la ciudadanía española, y,
por ende, la europea. De hecho, la masiva
urbanización y destrucción que
sufre el litoral español, otorgan un
gran valor a las zonas que quedan por urbanizar,
de ahí que la aplicación de
la Ley 22/1988 sea una de las herramientas
legales más válidas para la
conservación del patrimonio natural.
Amigos de la Tierra, Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF España subrayan la valía
de esta norma ambiental que está amenazada
por: la permisividad de la Administración
General del Estado, por las diferentes iniciativas
autonómicas que pretenden legalizar
los desmanes urbanísticos en la costa
y por último, amenazada por presiones
urbanizadoras y especuladoras, promovidas
de forma interesada, con fines económicos
a corto plazo y en perjuicio del interés
general.
Los eurodiputados dedican
esta semana dos días en la comisión
de Peticiones para escuchar en Bruselas el
punto de vista de las autoridades españolas
y las denuncias de los afectados por la aplicación
de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento
europeo ya hizo referencia al problema en
el último informe sobre urbanismo español
presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana
de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama
una moratoria urbanística y la congelación
de fondos de cohesión europeos que
financian muchos de los proyectos urbanísticos
que no cumplen con la normativa estatal y
europea. En ningún momento el informe
Auken perseguía como objetivo la desprotección
del litoral, o la reforma de la ley de costas
española.
Varios ciudadanos europeos,
que compraron propiedades en la costa, han
instado a las autoridades europeas a velar
para que ningún acto administrativo
limite su propiedad basado en leyes adoptadas
después de la construcción del
inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas,
esta reclamación es completamente legítima
ya que, la normativa no puede aplicarse con
carácter retroactivo, pero debe tener
sus límites en la función social
que el litoral está llamado a cumplir.
La aplicación e implementación
de la Ley de Costas es necesaria tanto para
la conservación de nuestro litoral,
su valor y los servicios y beneficios que
reporta a la ciudadanía, como para
evolucionar hacia un modelo de desarrollo
más sostenible y con futuro.
Además, las organizaciones
ambientalistas recordamos que la Ley de Costas
española realiza plenamente los principios
propugnados por la Recomendación 2002/413/CE
del parlamento Europeo y del Consejo de 30
de mayo de 2002, sobre la aplicación
de la gestión integrada de las zonas
costeras en Europa. Por ello, resulta una
grave amenaza que se pretenda reformar esta
ley para ceder a las presiones urbanizadoras
y especuladoras, promovidas de forma interesada,
con fines económicos a corto plazo
y perjuicio del interés general.
+ Más
La comisión avala
la tesis de Greenpeace y WWF y considera que
los fosfoyesos de huelva son residuos industriales
Posted on 18 marzo 2010
Las organizaciones ecologistas aplauden el
Dictamen de la Comisión Europea que
insta a España a presentar los planes
de restauración de la zona en dos meses
Ante el problema sanitario
y ambiental que sufre la ciudad de Huelva,
la Comisión Europea (CE) ha emitido
un Dictamen Motivado (1) en el que asegura
que los fosfoyesos son “residuos industriales”
arrojados al estuario de Huelva y no un "subproducto",
como insistentemente han venido manifestando
la Junta de Andalucía y la empresa.
Esta tesis había sido defendida por
Greenpeace y WWF.
En el Dictamen Motivado
se exige a España que presente, en
el plazo de dos meses, los planes que tiene
para eliminar a los vertidos industriales
de forma respetuosa con el medio ambiente.
Si la Comisión no se diera por satisfecha
con dicha respuesta, podría llevar
el asunto ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.
En mayo de 2008 Greenpeace
y WWF España presentaron una queja
ante la Unidad de Infracciones de la Comisión
en relación con las actividades contaminantes
de la empresa Fertiberia en las marismas del
río Tinto en Huelva. Los vertidos de
fosfoyesos, ahora por fin considerados como
residuos industriales, infringen las Directivas
de Residuos, Vertidos e IPPC según
la CE. Más de 120 millones de toneladas
de estos residuos se acumulan a escasos 500
metros de las casa de la ciudad con elevados
niveles de metales pesados tóxicos
y elementos radiactivos.
La reclamación de
los ecologistas dio lugar a una visita de
una representación de la Comisión
a la zona los días 24 y 25 de noviembre
de 2008, en la que se percataron que los vertidos
se realizaban sin las medidas necesarias de
protección del medio ambiente y, por
tanto, contraviniendo la normativa comunitaria.
Ello motivó una segunda carta de emplazamiento
complementaria, que finalmente ha desembocado
en el presente dictamen motivado.
“La Comisión ha estimado
nuestra petición y aceptado el volumen
de los residuos. Es el momento de pensar en
la recuperación de la marisma y de
dar paso a una nueva forma de gestión
del medio natural”, ha manifestado Rita Rodríguez
directora de la Asesoría Jurídica
de WWF España.
Para Julio Barea, responsable
de la campaña de Contaminación
de Greenpeace “es una vergüenza que tengan
que ser las autoridades europeas quienes vengan
a poner orden en Huelva ante la desidia e
inacción del Ministerio de Medio Ambiente
y la Junta de Andalucía con una empresa
contaminante como es Fertiberia”.
