La organización denuncia
que no se han presentado medidas que garanticen
que los vehículos eléctricos
se recargarán de forma sostenible
- 07 abril 2010 - España — Greenpeace
lamenta que en la Estrategia y el Plan de
Acción para impulsar el vehículo
eléctrico en España, presentada
ayer por el Gobierno, no se incluya ningún
eje de trabajo o medida para garantizar el
punto más importante a la hora de evaluar
la sostenibilidad de los vehículo eléctricos:
que se recarguen con energías renovables.
La organización ecologista
advierte de que si el Gobierno quisiera aprovechar
todo el potencial sostenible del vehículo
eléctrico, debería aumentar
sus objetivos de participación de las
renovables en el mix español para 2020,
para tener en cuenta la demanda adicional
de electricidad debida a los vehículos
eléctricos.
De hecho, las dos iniciativas
del Gobierno para impulsar el vehículo
eléctrico se enmarcan en la Estrategia
de Economía Sostenible, en la que también
se han especificado los objetivos de fomento
de las energías renovables del Gobierno
a medio plazo. Al contrario de lo esperable,
el Gobierno se limita simplemente a transponer
el compromiso europeo de un 20% de participación
de las renovables sobre la energía
final bruta en 2020 y propone un mix eléctrico
en el que las renovables alcanzarían
un 43% de la demanda. Greenpeace considera
que este objetivo debería elevarse
al menos al 50%, de forma que se asegure que
se pueda cubrir ampliamente la demanda adicional
debida a la electrificación de la movilidad
con fuentes limpias.
También en el contexto
europeo, España ha priorizado el fomento
de los vehículos eléctricos
como uno de sus objetivos estratégicos
para la presidencia europea. Sin embargo,
las actuales políticas de la UE no
ofrecen ninguna garantía de que introducir
más vehículos eléctricos
en las carreteras europeas conducirá,
en los próximos años, a un ahorro
en emisiones.
La legislación comunitaria
existente sobre emisiones de CO2 de los coches
permite a los fabricantes utilizar las ventas
de vehículos eléctricos para
compensar el hecho de que sigan produciendo
automóviles muy contaminantes. Los
llamados “supercréditos” para los vehículos
eléctricos permiten a la industria
automovilística vender 3,5 coches de
emisiones elevadas por cada coche eléctrico
que vendan, sin que esto afecte al cumplimiento
de su objetivo legal de reducción de
las emisiones medias de CO2 de su flota. Debido
a esto, se calcula que incrementar las ventas
de coches eléctricos hasta el 10% de
las ventas totales podría conducir
a un aumento del 20% tanto del consumo de
petróleo como de las emisiones de CO2
del total de la flota de vehículos
europeos (convencionales y eléctricos).
Por esto Greenpeace pide
al Gobierno español que: Aumente sus
objetivos de electricidad renovable en consonancia
con la demanda adicional de vehículos
eléctricos.
Desarrolle coches inteligentes
y redes inteligentes capaces de intercambiar
datos y de favorecer el uso de electricidad
renovable.
Como presidencia europea,
comience los pasos necesarios para abolir
los llamados “supercréditos” para los
vehículos eléctricos concedidos
en virtud de la legislación europea
sobre emisiones de CO2 de los automóviles,
así como en la próxima legislación
sobre emisiones de CO2 de los vehículos
comerciales ligeros.
Garantice el apoyo de España
a objetivos europeos ambiciosos y vinculantes
de reducción de las emisiones de CO2
de automóviles y vehículos comerciales
ligeros para 2020. Estos objetivos aumentarán
la eficiencia global, tanto de los vehículos
de motor de combustión interna como
la de los vehículos eléctricos.
+ Más
Greenpeace califica el plan
extraordinario de infraestructuras como “subvención
al cambio climático”
El Gobierno invierte veinte
veces más en nuevas infraestructuras
que en apoyar al transporte público
- 07 abril 2010 - España — Greenpeace
denuncia que el Gobierno sigue dedicando la
gran mayoría de sus inversiones en
las infraestructuras previstas por el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), un plan que aumentará las emisiones
de CO2 del sector transporte un 61% en 2008-2012,
sobre los niveles de 11000.
A pesar de que el Ministerio
de Fomento asegura que invertirá la
mayoría de los fondos en ferrocarriles,
no se puede garantizar la sostenibilidad de
estas infraestructuras ya que el PEIT no ha
tenido nunca Evaluación Estratégica
Ambiental, trámite imprescindible para
evaluar la necesidad y sostenibilidad de las
obras ahí presentadas.
Asimismo, en 2010 el Gobierno
invertirá más de 30.000 millones
de euros en nuevas infraestructuras (1) para
el transporte para seguir con las obras del
PEIT, que se propone (y en parte ya lo ha
logrado) posicionar a España como el
país con más autopistas, líneas
de alta velocidad y triplicar la capacidad
de sus aeropuertos.
Según Greenpeace
la crisis climática aconseja más
bien invertir en nuevos modelos de transporte,
gestión de la demanda y mejor gestión
del servicio de transporte colectivo. Sin
embargo, si se compara la inversión
de Fomento en nuevas infraestructuras con
otros presupuestos se observa que representa
aproximadamente 20 veces lo que el Gobierno
va a invertir para apoyar el transporte colectivo
terrestre en 2010 y unas 50 veces lo que el
Gobierno ha asignado para la promoción
de la movilidad eléctrica.
Greenpeace recuerda, además,
que si se busca crear puestos de trabajo estables
y que generen un alto valor añadido,
la construcción de infraestructuras
no es la respuesta y menos las infraestructuras
viarias, ya que promueven la movilidad por
carretera que ya es responsable del 80% del
gasto energético y de las emisiones
de CO2 de transporte en España.
Además, un informe
para el Instituto de Estudios de Seguridad
de la Unión Europea de 2006 (2) cuantificó
en el ámbito catalán que a paridad
de recorrido de un viaje, gestionar y mejorar
el servicio del transporte colectivo genera
el doble de puestos de trabajo que la movilidad
privada.
Notas:
(1) Suma entre los fondos
de los Presupuestos Generales del Estado 2010
y la parte correspondiente a este año
del Plan Extraordinario de Infraestructuras.
(1) Pau Noy para el Instituto
de Estudios de Seguridad de la UE. Citado
en: Noy, Empleos, movilidad e infraestructuras.
Revista Movilitat Sostenible i Segura. Invierno
2009.
