La reunión se celebra
tras conocer que dos activistas de Greenpeace
han sido condenados a 18 meses de cárcel
por denunciar el contrabando de
carne de ballena en Japón
21 junio 2010
España — Hoy comienza en Agadir (Marruecos)
la 62ª reunión de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) donde los lideres
que asisten ella se enfrentan a una polémica
agenda; decidir si se abre la caza comercial
de ballenas, sobre la que existe una moratoria
desde 1986. Esta cumbre, además, se
ha visto alterada por el escándalo
publicado por diario The Sunday Times que
denunciaba que la compra de votos, supuestamente
realizada por Japón, es un hecho más
que verídico [1].
A falta de consenso científico,
en las reuniones previas a esta cumbre, el
presidente de la CBI, Cristián Maqueira,
ha presentado una propuesta donde se plantea
que se reabra la caza de cetáceos para
mejorar los vacíos legales presentes
en la moratoria firmada en 1986. Greenpeace
pide que se mejore esta propuesta, ya que
levantar la moratoria, aun con cuotas bajas,
puede acabar con estos mamíferos marinos
en unos años. La organización
ecologista demanda que el acuerdo final de
la reunión sea proteger a las ballenas
y no a quienes las cazan.
Greenpeace se opone a cualquier
tipo de caza comercial de cetáceos
y pide que en esta reunión la CBI se
modernice para convertirse en un organismo
que de una vez por todas proteja a estos grandes
mamíferos. Pew, WWF y Greenpeace han
presentado una propuesta que contiene seis
puntos fundamentales que han de ser aprobados
para que esta cumbre tenga un final positivo
para el futuro de las ballenas. Los puntos
de esta propuesta son: el fin de la caza de
ballenas en el Santuario de la Antártida;
el fin del comercio con carne o productos
derivados de ballenas; la eliminación
de las cuotas unilaterales de caza de ballenas
en peligro de extinción asumidas por
algunos países; el establecimiento
de la ciencia como la base para las decisiones
tomadas por la CBI, y la vigilancia del no
cumplimiento de los acuerdos asumidos por
países miembros de la CBI [2].
"Nos enfrentamos a
una cumbre más de la CBI en la que
los escándalos de la industria ballenera
japonesa siguen saliendo a la luz. Hace dos
años dos activistas de Greenpeace denunciaron
la malversación de fondos que existe
detrás de esta industria, por lo que
podrían ser condenados a 18 meses de
cárcel después de un juicio
injusto donde no se han tenido en cuenta los
derechos humanos ni la libertad de expresión”,
ha declarado Celia Ojeda, responsable de la
Campaña de Océanos de Greenpeace.
“Los gobiernos tienen una fácil elección,
han de decidir si defienden a las ballenas
o a quienes las cazan, y tienen una semana
para ello”, ha añadido Ojeda.
La CBI lleva estancada desde
hace décadas, cuando Japón,
Noruega e Islandia se negaron a firmar la
moratoria y se establecieron unas cuotas de
manera unilateral, continuando la caza de
ballenas de manera comercial o yendo mucho
más allá, como Japón,
que alega una supuesta caza “científica”.
Este año, El Año Internacional
para la Diversidad Biológica, es una
oportunidad única para transformar
la CBI, y eliminar de manera progresiva la
caza comercial que aún queda.
"Recientemente, uno
de los miembros de la tripulación ballenera
que filtró información a Junichi
y Toru, ha confirmado lo que se sospechaba
desde hace años: que Japón compra
votos a países como ayuda al desarrollo
para que voten a favor de la caza de ballenas
en la CBI. Es necesario que los políticos
que están en Agadir tomen decisiones
arriesgadas, ya que ellos no se enfrentaran
a la posibilidad de ser encarcelados, y que
mejoren y acaben con la mala gestión
de la CBI”, ha apuntado, Celia Ojeda. “La
reunión en Agadir puede y debe salvar
ballenas”.
— Greenpeace
[1] http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7149086.ece
[2] La propuesta de Pew,
WWF y Greenpeace se puede encontrar aquí:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100618-1
+ Más
Bruselas respalda las denuncias
de Greenpeace por los vertidos de fosfoyesos
en Huelva
Los europarlamentarios emiten
un contundente informe en el que denuncian
la falta de acción de las Administraciones
españolas y de Fertiberia
02 junio 2010
España — La Comisión de Peticiones
del Parlamento europeo emitió ayer
un informe sobre la visita que realizó
en febrero a Huelva tras las denuncias de
Greenpeace y otros dos colectivos onubenses.
Las conclusiones del mismo son claras y señalan
como principales responsables del desastre,
sanitario y ambiental que vive la ciudad,
a las Administraciones españolas y
a la empresa Fertiberia.
El informe de la Comisión
afirma que en la zona existen riesgos que
no han podido cuantificar y que las respuestas
de Fertiberia fueron “bastantes evasivas”
y que “no dieron satisfacción a los
miembros presentes”.
En la misma línea
exigen a la empresa que facilite la inspección
in situ de sus instalaciones a los denunciantes
para que puedan indicar la localización
de los puntos peligrosos y nocivos por fugas
o contaminación.
Además, considera
que los fosfoyesos son “residuos industriales”
y que son “materiales tóxicos y ligeramente
radiactivos”, por lo que habría que
realizar un estudio específico de la
contaminación del suelo y del agua,
incluidos los lechos de los ríos así
como de la cuenca fluvial. El estudio debería,
según el informe, cubrir toda la zona
incluida el CRI-9, donde se encuentran los
residuos radiactivos de Acerinox.
Los europaralamentarios
destacan que la zona debe ser descontaminada
para cumplir con las normativas europeas,
y adoptar el principio de que “quien contamina
paga” en clara alusión a la empresa
causante del problema. Concluye, que cualquier
estudio nuevo o futuro proyecto de planificación
en la zona debería contar con la participación
de los peticionarios y de afectados. Esta
situación no se ha cumplido, ya que,
por ejemplo, Greenpeace fue excluida del proceso
de realización de los estudios para
recuperar las marismas del río Tinto
realizados por la Junta de Andalucía.
“De nuevo Bruselas da la
razón a Greenpeace y pide a España
que cumpla con sus obligaciones de salvaguardar
la salud de los ciudadanos y el medio ambiente,
además, han quedado demostradas las
malas prácticas de Fertiberia. Nos
preguntamos entonces ¿Hasta cuándo
y quién más debe dictaminar
que nos encontramos ante el mayor caso de
contaminación industrial de Europa
para tomar medidas?”, ha declarado Julio Barea,
responsable de la Campaña de Contaminación
de Greenpeace.
+ Más
Greenpeace denuncia en el
Día Mundial de los Océanos el
abandono de las políticas para asegurar
su protección
En el Día Mundial
de los Océanos y en el Año Mundial
de la Biodiversidad se dan más actuaciones
contra quienes denuncian la desprotección
de la biodiversidad marina que para proteger
el futuro de nuestros mares
08 junio 2010
España — Greenpeace quiere llamar la
atención en este Día Mundial
de los Océanos por la falta de protección
que sufren nuestros mares a pesar de las amenazas
que se ciernen sobre ellos como la sobreexplotación
pesquera, la contaminación, el cambio
climático o la destrucción costera.
Greenpeace recuerda que el futuro de nuestros
océanos está en juego y que
los organismos internacionales, cuya misión
es protegerlos, están haciendo una
dejación de funciones.
Hay tres casos sobre los
que la organización quiere llamar la
atención ya que son un ejemplo de cómo
no sólo no se están protegiendo
los mares sino que además se está
persiguiendo duramente a los que los defienden.
El primer caso se relaciona
con la caza de ballenas, que no sólo
se sigue permitiendo bajo el la falsa “caza
científica” sino que se está
juzgando duramente a los que la denuncian.
A pocos días de la reunión en
Marruecos de la Comisión Ballenera
Internacional, dos activistas de Greenpeace,
Junichi Sato y Toru Suzuki, están siendo
juzgados por denunciar las mentiras de esta
caza científica.
Los activistas destaparon
un escándalo de contrabando de carne
de ballena que denunciaron ante la Fiscalía
de Tokio, desvelando la corrupción
y el desfalco realizado por el Gobierno de
Japón para encubrir la caza “científica”
de ballenas en el Santuario Antártico,
una actividad financiada con dinero público.
Hoy es la última
jornada del juicio y han escuchado cómo
la acusación les pide 18 meses de cárcel
en un juicio marcadamente político
y en el que Naciones Unidas ha reconocido
que se han vulnerado varios derechos fundamentales
(1). “Se debe juzgar la caza de ballenas,
no a quienes demuestran su ilegalidad”, ha
declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña
Océanos de Greenpeace. “Las actuaciones
de Junichi y Toru han sido siempre pacíficas
y por el interés público. Es
muy preocupante que puedan llegar a ser condenados
a prisión.” Esta es la mayor condena
solicitada a un activista de Greenpeace en
sus 40 años de historia.
El segundo caso toca muy
cerca a España y a una de las especies
icónicas de nuestros océanos,
el atún rojo. Hasta el 15 de junio
está abierta la temporada de pesca
de esta especie única que viene a desovar
a las aguas mediterráneas.
Dos barcos de Greenpeace,
el Arctic Sunrise y el Rainbow Warrior, han
realizado acciones pacíficas cerca
de las costas de Malta para denunciar que
se continúe con la pesca del atún
rojo a pesar de la crítica situaciónde
esta especie, fruto de la mala gestión
del organismo regulador de esta pesquería,
la Comisión Internacional para la Conservación
de Atún Atlántico (ICCAT en
sus siglas en inglés). En ambos casos
la respuesta por parte de los barcos atuneros
ha sido violenta, llegando a herir a uno de
los activistas de la organización con
un arpón.
La población de atún
rojo ha descendido hasta un 15% de su población
original, por lo que Greenpeace demanda el
cierre de la pesquería y la creación
urgente de un Santuario Balear (2) al sur
de las islas Baleares, en zona de reproducción
y alevinaje, petición respaldada por
el Parlamento Balear y a la que el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
decidido hacer oídos sordos. “España
debe dar ejemplo y proteger las aguas donde
esta especie desova. Por ello, es imprescindible
la creación del Santuario Balear antes
de que sea demasiado tarde”, ha añadido
Ojeda. “Greenpeace está actuando de
manera pacífica y tomando las riendas
para salvar esta especie ya que los gobiernos
no lo están haciendo.”
Finalmente, otro ejemplo
de las actuaciones políticas que promueven
la pérdida de la biodiversidad marina
es la aprobación de la Ley sobre el
Catálogo Canario de Especies Protegidas
del Gobierno de Canarias. Esta Ley rebaja
la categoría de protección de
muchas especies marinas. Entre otras, se limita
la protección de la fanerógama
marina Sebadal (Cymodocea nodosa) exclusivamente
a los Espacios Naturales Protegidos y por
tanto queda desprotegida en el entorno del
proyectado puerto de Granadilla (Tenerife).
Se elimina así el último escollo
para construir el puerto, paralizado por la
Justicia, que destruiría una extensión
importante de hábitats marinos del
sur de Tenerife. "El Catálogo
Canario es incoherente con las medidas de
protección de los océanos que
reclama Naciones Unidas y así se lo
hemos hecho saber hoy, junto con el resto
de organizaciones ecologistas, al Defensor
del Pueblo", ha declarado Pilar Marcos,
responsable de la campaña Costas de
Greenpeace.
(1) Dictamen del Grupo de
Trabajo de Detención Arbitraria de
Naciones Unidas que reconoce las irregularidades
en el proceso judicial contra Junichi Sato
y Toru Suzuki http://www.greenpeace.org/espana/reports/100210-02
(2) Mapa de la propuesta
de Santuario Balear http://www.greenpeace.org/espana/reports/100305-3
