31 agosto 2010
Greenpeace y organizaciones sociales manifiestan
al Senado la importancia vital de la protección
de los glaciares.
Buenos Aires, Argentina — Mediante una carta
dirigida a los senadores nacionales, organizaciones
ambientalistas manifestaron su adhesión
al proyecto de “Ley
de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”
aprobado hace tres semanas por la Cámara
de Diputados y reclamaron su urgente sanción,
prevista para el próximo miércoles
8 de septiembre.
La carta, firmada por Amigos
de la Tierra Argentina, la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación
Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, y el
Taller Ecologista, señala que “el texto
aprobado contiene todos los elementos necesarios
para establecer un régimen eficaz de
protección de las áreas glaciares
y de un sistema de monitoreo de la evolución
y estado de las mismas”. (1)
Las organizaciones ambientalistas
afirmaron que existe un consenso generalizado
a nivel mundial sobre el valor intrínseco
que, tanto los glaciares como el ámbito
periglacial, poseen como reservas de agua
dulce, así como sobre la imperiosa
necesidad que su protección impone
frente a actividades con el potencial de producir
en ellos daños irreversibles. Además,
el calentamiento global amenaza con su desaparición
total en pocas décadas si los estados,
en particular los más afectados, no
asumen su defensa con legislación y
medidas coherentes tanto en el ámbito
local como internacional.
Frente a esta grave situación,
las organizaciones consideran que “las herramientas
estratégicas que plantea la ley son
imprescindibles para la urgente y adecuada
protección de las reservas de agua
dulce y los ecosistemas de alta montaña,
en los cuales los glaciares son un componente
clave. Las regiones en las que se desarrollan
actividades de alto impacto, como la minería,
deben implementar dichas herramientas y fundamentalmente
valorar los servicios ambientales que prestan
los ecosistemas contribuyendo a sostener las
economías locales”.
En ese sentido, manifestaron
que “resulta de vital importancia que el Senado
de la Nación apruebe sin demora este
proyecto, para otorgar no sólo la protección
necesaria para estos recursos vitales, sino
también una eficaz planificación
estratégica para un área de
sensible valor ambiental como lo es la Cordillera
de los Andes”.
+ Más
Greenpeace celebra el compromiso
asumido por Duracell
10 toneladas de pilas de
la Ciudad31 agosto 2010
Greenpeace exige ahora a Energizer que se
sume al compromiso y asuma responsabilidad
por los residuos de sus pilas.
Buenos Aires, Argentina — La empresa Procter
& Gamble S.A.,importadora de pilas y baterías
Duracell, se hará responsable de las
10 toneladas de pilas recolectadas por el
Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró
el compromiso asumido por la empresa pero
ahora exige que Energizer Argentina S.A.,
entre otras importadoras, siga el ejemplo
y participe de esta responsabilidad compartida.
Greenpeace celebró
hoy el compromiso asumido por la empresa Procter
& Gamble, importadora de pilas y baterías
Duracell, de hacerse responsable de las 10
toneladas de pilas recolectadas y acopiadas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
el año pasado. Mediante una carta dirigida
a la organización ambientalista, los
representantes de Duracell manifestaron estar
dispuestos a hacerse responsables con sus
recursos y conocimientos para buscar una solución
ambientalmente adecuada al problema. No obstante,
Greenpeace exige ahora que la empresa Energizer
SA, quien ocupa mayoritariamente el mercado
argentino de pilas, se sume al compromiso
y asuma esta responsabilidad colectiva.
Greenpeace había
iniciado semanas atrás una campaña
en vía pública y en Internet,
destinada a exigir a las empresas importadoras
de pilas y baterías que se responsabilicen
de las 10 toneladas de pilas y baterías
acopiadas por el Gobierno de la Ciudad y las
exporten para su reciclado. La primera de
las empresas a la que Greenpeace dirigió
su reclamo fue Duracell.
“Es muy importante el compromiso
asumido por Duracell porque demuestra que
algunas marcas son concientes y responsables
del destino de sus productos”, señaló
Yanina Rullo de la campaña de residuos
electrónicos de Greenpeace. “Pero es
necesario que las demás compañías,
como Energizer, se hagan responsables también
de estas 10 toneladas de pilas”, agregó.
La Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (APRA), lanzó en 2008 una campaña
de recolección de pilas y baterías
en dos etapas. La primera, a cargo del Gobierno
de la Ciudad, llamaba a los vecinos a desechar
sus pilas primarias (comunes) en los Centros
de Gestión y Participación Ciudadana
(CGPC) para luego ser gestionadas por el propio
Gobierno de la Ciudad. En la segunda etapa,
y mediante la Resolución 262 de finales
de 2008 la APRA convocó a las empresas
importadoras de pilas recargables a hacerse
cargo, mediante planes voluntarios, de la
recolección diferenciada, transporte,
acopio y tratamiento de las pilas recargables
en todo el ámbito de la Ciudad.
El resultado de la primera
etapa de campaña de la APRA fue la
recolección de 10 toneladas de pilas
primarias. El Gobierno de la Ciudad intentó
en primera instancia destinar estas pilas
a un relleno de seguridad en la provincia
de Córdoba pero, por presión
de los vecinos que rechazaron este envío,
no pudieron disponerse allí. Luego,
y conflicto político mediante, la APRA
tampoco pudo enviar las pilas a rellenos de
seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Según Rullo, “desde
Greenpeace cuestionamos en un principio el
Programa de la APRA, porque consideramos que
son las empresas importadoras las que deben
encargarse de darle la mejor gestión
y tratamiento a los residuos de sus propios
productos”. “Resolver de manera correcta,
es decir con las empresas involucradas el
destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas,
es un gran primer paso dado mientras esperamos
que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos que
está siendo tratada en el Senado”,
agregó.
Greenpeace impulsa a través
de un proyecto de ley nacional de Gestión
de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos – entre ellos pilas
y baterías agotadas- el principio que
establece la Responsabilidad Extendida del
Productor para que la población, a
través de sus impuestos, y los gobiernos
locales dejen de ser los responsables de administrar
la contaminación de los dispositivos
eléctricos y electrónicos, y
pasen a ser quienes colocan estos productos
en el mercado los responsables de su recolección,
acopio y tratamiento.
“Resolver el caso de las
10 toneladas de pilas recolectadas por la
Ciudad es un paso muy importante que sienta
un buen precedente. Pero debemos tener en
cuenta que las pilas y baterías junto
con el resto de los aparatos eléctricos
y electrónicos se encuentran hoy en
una zona gris con respecto a la legislación
vigente en materia de residuos. Por un lado
corresponden a los residuos domiciliarios
porque surgen del flujo habitual de los residuos
domésticos, pero por el otro cumplen
con los criterios de residuos peligrosos,
por sus componentes”, señaló
María Eugenia Testa, directora Política
de Greenpeace.
“Es necesario que, para
este tipo de residuos, se establezca el principio
de Responsabilidad Extendida del Productor,
que amplía la responsabilidad legal
y financiera de los fabricantes e importadores
una vez finalizada la vida útil de
estos artefactos”. La solución al problema
de las 10 toneladas de pilas del Gobierno
de la Ciudad es un primer paso, para dar una
solución definitiva al problema en
todo el país es necesario el urgente
tratamiento de una ley nacional de residuos
electrónicos”, concluyó Testa.
