ORGANIZACIONES DE TODO EL PAÍS RECLAMAN LA URGENTE SANCIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE GLACIARES APROBADO EN DIPUTADOS

Panorama Ambiental
Internacional
Septiembre de 2010
 

21 septiembre 2010 - Buenos Aires, Argentina — Más de cien organizaciones sociales, asociaciones de productores y partidos políticos entregaron a los senadores nacionales una declaración conjunta (1) en la que expresaron su plena adhesión al Proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión del 11 de agosto pasado.

En el texto, las organizaciones firmantes consideraron que el proyecto de Ley aprobado en Diputados “contiene todos los elementos necesarios para establecer un régimen eficaz de protección de las áreas glaciares y periglaciales y de un sistema de monitoreo y estado de las mismas” y que “el ámbito de aplicación y las herramientas que plantea la media sanción de la Cámara Baja resultan imprescindibles para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua y los ecosistemas de montaña en los cuales podamos encontrar la presencia de áreas glaciares y periglaciales contribuyendo, de esta manera, a sostener las economías locales y regionales”.

El documento conjunto afirma que “existe un consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor fundamental que tanto los glaciares como el ámbito periglacial poseen como reservas de agua dulce, así como sobre la imperiosa necesidad que su protección requiere frente a actividades de alto impacto ambiental que pudieran producir daños irreversibles sobre ellos”.

Frente a esta situación, las organizaciones señalaron que “resulta de vital importancia que el Senado de la Nación apruebe sin demora este proyecto, tal como fue sancionado en Diputados, para otorgar no sólo la protección necesaria para estos recursos vitales, sino también una eficaz planificación estratégica para un área de sensible valor ambiental como lo es la Cordillera de los Andes”.

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Greenpeace denunció en La Rioja y Catamarca que sus gobernadores decidieron entregarle los glaciares y el agua al sector minero.

18 septiembre 2010 - La Rioja y Catamarca, Argentina- Greenpeace presentó pedidos de audiencia al Gobernador de La Rioja, Beder Herrera, y al de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, con motivo del inminente tratamiento de la “Ley de Glaciares”, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación. Al mismo tiempo, la organización ambientalista remarcó que la oposición de los gobernadores a la norma pone en evidencia que el Gobierno provincial prioriza los intereses del sector minero frente a los glaciares y áreas periglaciares.

Miembros de Greenpeace estuvieron en La Rioja y Catamarca reunidos con sus socios y activistas locales, y con sectores sociales y productivos que apoyan la Ley de Glaciares aprobada en Diputados y señalaron como preocupante la posición asumida por ambos gobernadores en relación a la “Ley de Glaciares”, ya que se desconoce la facultad del Congreso Nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, que tienen por objeto preservar y proteger los recursos naturales según lo establece la Constitución Nacional.
“Resulta alarmante la oposición manifestada por los gobernadores Beder Herrera y Brizuela del Moral, ya que la ley que hoy se debate en el Congreso Nacional sólo tiene como finalidad la protección de los glaciares y el área periglacial como reservas de agua dulce, indispensable para la vida humana y las actividades productivas”, señaló desde La Rioja y Catamarca, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Clima de Greenpeace. “La dura oposición a la Ley consensuada en el Congreso nacional demuestra la existencia de fuertes presiones de las corporaciones político – económicas sobre el Senado para frenar la Ley”, agregó.

Greenpeace apoya y promueve el proyecto de ley resultante de la media sanción en el Senado con las incorporaciones realizadas por la Cámara de Diputados en el mes de agosto último. Para la organización ambientalista el proyecto consensuado establece las herramientas necesarias para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los glaciares son un componente clave. Greenpeace sostiene que las provincias en las que se desarrollan actividades de alto impacto como la minería, deben implementar estas herramientas y fundamentalmente valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a sostener las economías locales.

En este sentido, la organización ambientalista salió al cruce de la “Declaración de la provincias cordilleranas: afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental” firmada por varios gobernadores cordilleranos en julio pasado. En la declaración pública firmada en Buenos Aires por los gobernadores de San Juan, La Rioja, Catamarca; Tierra del Fuego, Río Negro; Salta, Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios “rebeldes” liderados por José Luis Gioja, declaran que la “Ley General del Ambiente” es legislación suficiente en materia ambiental, ya que esa norma delega en las provincias la evaluación de impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a sus recursos.

Desde Greenpeace explicaron que los gobernadores “rebeldes” deciden ignorar concientemente que la propia “Ley General del Ambiente” establece al “ordenamiento ambiental del territorio” como el primero de los instrumentos de la política y gestión ambiental, estableciendo al mismo tiempo que uno de los criterios que señala la norma para desarrollar el mencionado ordenamiento es la “conservación y protección de ecosistemas significativos”: la “Ley de Glaciares” intenta exactamente eso.

Por otro lado, los ambientalistas consideraron como una señal preocupante que desde las provincias se desconozca la función del Congreso Nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, tal como lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 41.”

“La minería, tal como la conocemos hoy, es una actividad que comenzó a desplegarse en una escala gigantesca en los últimos años. Es por ello natural que, frente a este nuevo escenario, se procure adecuar el marco jurídico del país a la nueva realidad. La “Ley de Glaciares” es un paso en ese sentido. Nunca antes se había desarrollado minería de estas características a más de 4.000 metros de altura. Es por ello que la aparición de la explotación minera en sitios en los que existen glaciares de alta montaña exige hoy que se establezcan mínimos criterios de ordenamiento territorial en la Cordillera para preservar estos ecosistemas del avance de los emprendimientos mineros”, concluyó Giardini.

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“Hay una confrontación total con la ley aprobada en diputados”

Greenpeace se reunió con el Gobernador José Luis Gioja y su gabinete - 17 septiembre 2010 - San Juan, Argentina — En su visita a la ciudad de San Juan, la organización ambientalista fue recibida por el gobernador provincial, José Luis Gioja y miembros de su gabinete y colaboradores.

“Vemos que la posición del gobierno de San Juan es de confrontación total con la ley aprobada en Diputados” explicó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “Nuestra evaluación es que la oposición del gobernador Gioja no se focaliza en ningún aspecto particular de la ley, es absoluta y se basa en argumentos muy discutibles”.

Uno de los argumentos sostenidos en la reunión por el gobernador José Luis Gioja y sus colaboradores es que no se puede admitir una ley de “presupuestos mínimos” que contenga prohibiciones. “Sin embargo, en varios tramos de la reunión, manifestó el apoyo a la ley aprobada el año pasado en el Senado, algo totalmente contradictorio, ya que ese proyecto también prohíbe actividades y es mucho más restrictivo” explicó Villalonga.

En relación a las definiciones de áreas glaciares y periglaciares se cuestionó el rol del IANIGLA como organismo ejecutor del inventario de las áreas a proteger. “Aquí tenemos otra contradicción, la ley que supuestamente apoya San Juan, la del Senado, también otorga al IANIGLA el mismo rol” concluyó Villalonga.


 

Fuente: Greenpeace – Internacional
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