A raíz de la información
publicada hoy en El País, basada en
datos de Wikileaks que evidencian una estrategia
conjunta a favor de los transgénicos
de los gobiernos de España y EEUU,
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU
exigen que la política española
sobre organismos modificados
genéticamente (OMG) deje de estar controlada
por las multinacionales y una moratoria inmediata
a su cultivo en España.
Zoom Activistas de Greenpeace
marcan un campo de maíz transgénico
experimental con una gigantesca señal
de "PROHIBIDO".
Las organizaciones de agricultores, ecologistas
y consumidores exigen a la ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar,
que adopte las medidas oportunas, tome inmediatamente
cartas en el asunto exigiendo responsabilidades
a quienes, escandalosamente, han trabajado
para favorecer los intereses de las grandes
multinacionales biotecnológicas en
detrimento de los del conjunto de la sociedad,
de la salud pública y del medio ambiente.
Desde hace más de
una década el Gobierno de España
ha defendido prácticamente en solitario
el cultivo de transgénicos en la UE,
y es el único país que ha tolerado
su cultivo a gran escala (según datos
del propio ministerio, se cultivan entorno
a 70.000 hectáreas de un maíz
modificado genéticamente de Monsanto).
Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas
y españolas de transparencia, sin seguir
los productos a través de la cadena
alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos
transgénicos y sin realizar seguimiento
alguno de los campos cultivados con estas
peligrosas semillas. Los datos hechos públicos
ahora explican por qué se ha permitido
que campen a sus anchas las multinacionales
del sector, a pesar de los innumerables casos
de contaminación genética y
los daños sociales y económicos
que estos cultivos han ocasionado.
Por ello es de vital importancia
que la nueva ministra cambie inmediatamente
la posición del Gobierno de España
y que la primera medida sea prohibir el cultivo
de maíz transgénico de Monsanto
MON 810 para la próxima campaña
de siembra, tal y como llevan haciendo desde
hace años los gobiernos de hasta diez
países de la UE (entre ellos Francia,
Austria o Alemania) debido a las evidencias
científicas sobre sus impactos en el
medio ambiente, la imposibilidad de convivencia
de la agricultura transgénica con la
convencional y ecológica y las incertidumbres
sobre sus efectos sobre la salud a largo plazo.
La prohibición del
cultivo de transgénicos por parte del
Ejecutivo español es imprescindible
para poder defender los intereses de nuestro
medio ambiente, nuestra agricultura y la salud
pública, para que éstos no sigan
en manos de la industria de los transgénicos,
de los intereses de EE UU y de quienes, desde
las instituciones españolas, los han
apoyado abiertamente, tal y como ha quedado
demostrado en los cables de Wikileaks.
+ Más
El contrabando de especies
amenazadas en España queda impune con
el visto bueno de la Comisión Europea
Tras casi dos años
de tramitación, la Comisión
Europea archiva la queja en la que Greenpeace
denunciaba el contrabando de especies de maderas
CITES en España
Greenpeace España ha recibido con sorpresa
la carta de la Comisión Europea donde
se comunica que ha archivado la queja presentada
por Greenpeace el 20 de marzo de 2009 con
motivo del incumplimiento por parte del Estado
español de sus compromisos con el Convenio
CITES, el mayor acuerdo internacional sobre
comercio de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres que persigue preservar la
conservación de las especies mediante
el control de su comercio.
“A la Comisión Europea
no le interesa el incumplimiento del Convenio
CITES en España” ha declarado Miguel
Ángel Soto, responsable de la Campaña
de Bosques y Clima de Greenpeace España.
“Queremos mostrar nuestro rechazo a esta decisión
y denunciar que la Comisión Europea
que ha estado perdiendo el tiempo durante
casi dos años sin ningún interés
por aclarar este asunto”.
La permisividad de las autoridades
españolas con el contrabando de maderas
protegidas en el Convenio CITES era ya una
realidad hace años, tal y como reveló
un informe de Greenpeace en abril de 2009
(1). En él se denunciaba cómo
algunas empresas del sector de la madera importaban
maderas protegidas por el Convenio CITES bajo
otras denominaciones con el objeto de burlar
los controles aduaneros. Como ejemplo, según
recogen los informes de la Autoridad Administrativa
CITES en España, entre los años
2003 y 2006 la Guardia Civil intervino más
de 55 toneladas de madera de palosanto de
río, una especie en peligro de extinción
procedente América del Sur y cuyo comercio
está prohibido. El palo santo de río
se introducía en España bajo
los nombres de caviuna, jacaranda o pitomba.
Algo similar ocurría con la caoba de
hoja ancha, que se encubría como cedro
En el informe de Greenpeace
se recopilaban varios casos de importación
y/o posesión irregular de maderas de
especies amenazadas incluidas en el Convenio
CITES. Estos presuntos delitos cometidos entre
entre 2002 y 2006 son en buena parte resultado
de operaciones “Palo” (2002-2005) y “Tarima”
(2006) del SEPRONA y la UCO de la Guardia
Civil, que supusieron la apertura de diligencias
y causas judiciales en diversos juzgados.
Greenpeace España se presentó
como acusación popular en los procedimientos
abiertos, he intentó que los hechos
fueran sancionados, aunque todas las causas,
menos una, fueron archivadas, lo que pone
de manifiesto las graves carencias del sistema
de control, así como la falta de coordinación
entre las diferentes autoridades implicadas
y la inacción de las mismas. A fecha
de hoy, no existen sanciones por ninguna de
las actividades ilícitas que la Guardia
Civil documentó entre 2002 y 2006.
Para Greenpeace, la Comisión
Europea no ha explicado el motivo del cierre
de este expediente.
“Ni siquiera se han han
molestado en averiguar las razones por las
que ninguna de las operaciones policiales
contra el contrabando de maderas incluidas
en CITES ha acabado en sanción” ha
declarado Soto. “Se han limitado en dar por
buenas las respuestas de las mismas instancias
que han permitido que el contrabando de maderas
preciosas protegidas quede impune en España”.
“La Comisión Europea
ha enviado un mensaje claro al sector de la
madera: el delito de contrabando no se persigue
en España” ha añadido Soto.
Notas:
(1) El informe Comercio Ilegal de maderas
y aplicación del Convenio CITES en
España. Análisis de cinco casos
de tráfico ilícito de especies
maderables incluidas en el Convenio CITES
