Buenos
Aires - Greenpeace denunció hoy que
las más de 2 millones de toneladas
de residuos enviadas durante 2010 a rellenos
sanitarios del conurbano representan un récord
histórico y evidencian la desidia del
Gobierno de la Ciudad en la implementación
de la Ley 1854 de Basura Cero. La organización
ambientalista señaló como un
total fracaso de la administración
de Mauricio Macri no haber cumplido con la
primera meta de reducción del 30% de
la basura desechada en rellenos, establecida
por la Ley para diciembre de 2010.
A partir de las estadísticas
publicadas por la Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE) Greenpeace llamó la atención
una vez más sobre el incesante incremento
de la basura enviada desde la Ciudad al conurbano
y la falta de cumplimiento de la Ley de Basura
Cero (1). De acuerdo a la normativa vigente,
el año pasado la Ciudad debió
enviar a los rellenos de la CEAMSE 1.048.000
toneladas de residuos y por el contrario envió
más del doble, alcanzando 2.110.122
toneladas.
“Lo más grave de
haber alcanzado esta cifra es que la Ciudad
cuenta desde 2005 con la Ley de Basura Cero
que establece la reducción progresiva
de los residuos enviados a entierro, pero
es sistemáticamente incumplida. Los
incrementos interanuales de la basura enterrada
desde que asumió la administración
de Mauricio Macri son los más altos
de los últimos 10 años”, señaló
Lorena Pujó, coordinadora de la campaña
de Basura Cero de Greenpeace.
Los años 2008, 2009
y 2010 fueron los peores de la década;
en ellos se alcanzaron cifras récord
de enterramiento de residuos. En 2008 se enviaron
a relleno 1.844.018 toneladas, en 2009 1.847.1000
y en 2010 se pasó el techo histórico
de las 2 millones de toneladas. Hoy la Ciudad
envía al conurbano 5.781 toneladas
diarias, un 14% más que en 2009 y un
50% más de lo que debería.
“El gobierno de la Ciudad
no ha trabajado para que la reducción
de residuos enviados a rellenos sea posible;
se desmanteló el incipiente sistema
de contenedores diferenciados iniciado en
2007; se descontinuó el servicio de
recolección diferenciada; no se avanzó
nunca en materia de concientización
y educación sobre reciclado, entre
otras cosas”, señaló María
Eugenia Testa, Directora Política de
Greenpeace: “Es necesario que se cumpla con
la Ley y no se busquen atajos al reciclado
con falsas soluciones como la incineración
de residuos en cualquiera de sus formas, porque
lo que está en juego es la salud de
la gente que debe sufrir la contaminación
generada por los rellenos y las plantas incineradoras.
Esta cifra alarmante debe hacer que las autoridades
de la Ciudad cumplan de una vez por todas
con la Ley”, agregó.
La Ley de Basura Cero, aprobada
por unanimidad en la Legislatura porteña
en el año 2005, establece un cronograma
de reducción progresiva de la disposición
final de residuos sólidos urbanos:
30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un
75% para el 2017, tomando como base los niveles
enviados a la CEAMSE durante el año
2004.
“Cuando en el año
2004 se comenzó a trabajar en el proyecto
de Basura Cero se pronosticaba un futuro crítico
para Buenos Aires en materia de generación
y gestión de residuos en caso de no
revertir la tendencia incesante de incremento
de la basura enviada a rellenos. Con el objetivo
de intervenir adecuadamente en aquella realidad
y evitar un final anunciado se aprobó
la Ley en 2005. El incumplimiento sistemático
e intencional de la Ley de Basura Cero ha
alejado a la Ciudad de las metas de reducción
progresiva de residuos lo que hace que hoy
Buenos Aires se encuentre en una situación
sumamente crítica”, concluyó
Testa.
Los residuos urbanos que
son depositados en los rellenos del conurbano
contienen una variedad de sustancias químicas
que incluye metales pesados, una enorme cantidad
de compuestos orgánicos como detergentes,
solventes y contenidos de plástico
como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído,
entre otros.
Al descomponerse los residuos
se liberan líquidos lixiviados (líquidos
que se filtran de la basura y contaminan las
napas subterráneas) y gases que son
altamente tóxicos para las comunidades
vecinas. Los líquidos arrastran partículas
de residuos y disuelven metales que son vertidos
en el suelo y llegan así a los cursos
de agua (2).
Estudios realizados (3)
sobre muestras de lixiviados demostraron la
presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc
y PCB en cantidades que superan los límites
permitidos para vertidos en cursos de agua.
Estos elementos pueden provocar daños
renales, malformaciones congénitas,
abortos prematuros, afecciones en la piel,
cáncer y alteraciones hormonales, entre
otras enfermedades.
Notas:
(1) Para leer el informe
de Greenpeace "Mauricio Macri: Reprobado
en gestión de residuos" hacé
click aquí
(2) Resumen sobre los impactos
ambientales y sobre la salud de los rellenos
sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera
revisión septiembre 2008.
(3) Análisis de Muestras
de Lixiviados del Relleno Sanitario de la
CEAMSE en Villa Domínico - Centro de
Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA)
de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
+ Más
Organizaciones ambientalistas
denuncian que ya se venció el plazo
para reglamentar la Ley de Glaciares
Buenos Aires- Amigos de
la Tierra Argentina, la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace
denunciaron que desde el Gobierno Nacional
se está demorando la aplicación
de la Ley de Glaciares.
El plazo para reglamentar
la norma venció la semana pasada y
la Secretaría de Ambiente aún
no definió las áreas prioritarias
para realizar el inventario de glaciares,
donde actualmente se están desarrollando
emprendimientos extractivos, industrias y
obras de infraestructura que deben ser auditados.
Las organizaciones ambientalistas
advirtieron que ya debería estar reglamentada
la norma y definido el listado de áreas
prioritarias para elaborar el inventario de
glaciares y ambiente periglacial, a fin de
revisar el impacto ambiental de los emprendimientos
actuales mediante auditorías. Esto
alcanzaría diversos emprendimientos
entre ellos, Veladero y Pascua Lama (San Juan).
Los ambientalistas denunciaron
que “se está demorando la revisión
de obras y actividades que están en
ejecución y pueden estar afectando
las áreas glaciares y periglaciales
que deben inventariarse durante el verano.
Si no se realiza el inventario en época
estival se corre el riesgo de retrasarlo un
año más.”
En diciembre último
el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales)
entregó a la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación
toda la información necesaria para
dar inicio al proceso de relevamiento de glaciares
y ambiente periglacial establecido por la
Ley.
