EL PARLAMENTO EUROPEO REFUERZA EL DERECHO DE LOS ESTADOS A PROHIBIR LOS CULTIVOS DE TRANSGÊNICOS

Panorama Ambiental
Internacional
Julio de 2011
 

La Eurocámara refuerza la propuesta legislativa que endurece las normas de aprobación y cultivo de OMG
Julio 6, 2011 - Greenpeace aplaude la decisión del Parlamento Europeo a favor de fortalecer un proyecto de ley de la Unión Europea (UE) que otorga a los Estados miembros mayor capacidad para prohibir el cultivo organismos modificados genéticamente (OMG) en sus territorios. El Parlamento Europeo respalda de este modo que consumidores, agricultores y medio ambiente deben ser protegidos de manera más eficaz frente a los OMG y que todos los impactos de su cultivo han de ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones.

De este modo, el Parlamento se suma a la mayoría de los ciudadanos europeos, quienes se oponen a los cultivos transgénicos y permanecen profundamente preocupados por el creciente aval científico existente sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.

"Con la votación de ayer, el Parlamento ha dado un empujón definitivo a los proyectos legislativos cuya finalidad es proteger nuestra agricultura y nuestra alimentación. Sin embargo, no olvidemos que la contaminación genética no respeta fronteras, y que las prohibiciones nacionales no son un sustituto de las evaluaciones de impacto y de los estudios de seguridad rigurosos a nivel europeo, algo que la UE por el momento no está llevando a cabo”, ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace.

El Parlamento Europeo votó a favor de:

-Un respaldo jurídico más sólido para las prohibiciones nacionales. Concretamente el cambio de la base jurídica basada en los artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE relacionados con el Mercado Interno a los artículos sobre Medio ambiente.

-El reconocimiento de que se pueden basar las prohibiciones en motivos ambientales concretos, incluyendo el desarrollo de hierbas resistentes a herbicidas y efectos sobre la biodiversidad.

-Medidas obligatorias para evitar la contaminación en todos los países de la UE.
-Sistemas de responsabilidad civil obligatorios para los casos de contaminación, si fallan las medidas para evitar la contaminación.

-Evaluaciones regionales y nacionales de riesgo ambiental, complementariamente a la evaluación realizada a nivel europeo; posibilidad de prohibir los cultivos transgénicos a nivel regional.

-Posibilidad de prohibir transgénicos cuando la falta de información está impidiendo que se realicen estudios de seguridad completos. Las empresas semilleras manejan sin transparencia la información sobre sus productos. La decisión de hoy permitiría obligar a las empresas biotecnológicas a dar acceso al material necesario para la investigación independiente sobre los riesgos de los OMG.

-Una nueva llamada a la Comisión Europea para que se aplique plenamente la decisión unánime del Consejo de Medio Ambiente (diciembre de 2008) para que los estudios sobre la seguridad de los OMG a nivel Europeo y la evaluación de riesgos sean grandemente mejorados.

-El principio de precaución sea asumido plenamente en el derecho a prohibir el cultivo de OMG.

“Ahora la Comisión Europea y los gobiernos nacionales tienen la última palabra y la responsabilidad de asegurarse de que se mantienen las cláusulas de salvaguardia (moratorias) contra los cultivos transgénicos en aquellos países que, a diferencia de España, han optado desde hace años por prohibir estos peligrosos cultivos”, ha añadido Carrasco.

Cabe destacar que mientras los europarlamentarios del PP han votado en contra de la mayor parte de los puntos de la propuesta, los del PSOE los han apoyado prácticamente todos, una postura contradictoria con la política a favor de los cultivos transgénicos del actual Ejecutivo. España sigue siendo el único país de la UE en el que se cultivan OMG a gran escala, mientras la agroecología y la agricultura sostenible son la única respuesta correcta a los desafíos de seguridad alimentaria, cambio climático y productividad a largo plazo.


 

Fuente: Greenpeace – Internacional
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