Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, denuncian
la retirada por parte de la Junta de Castilla-La
Mancha de la propuesta de delimitación
y zonificación de la Reserva de la
Biosfera de la Mancha Húmeda.
En esta página Reportaje - octubre
13, 2011
En una decisión sin precedentes, la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ha dado la espalda a
la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda
y, con ello, pone en serio riesgo el futuro
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
y puede provocar la descatalogación
de la Reserva por parte de la Unesco.
En la reunión del
Comité Español del Programa
MaB, celebrada el pasado lunes 10 de octubre,
la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales de la JCCLM comunicó que
retiraba la propuesta de delimitación
y zonificación de la RB de la Mancha
Húmeda. En la reunión anunció
que no avanzarían una nueva propuesta
“hasta que no se regularizasen los pozos [en
el acuífero 23] y se solucione el problema
del agua”. Además, anunció que
se pondrían en contacto con la Confederación
Hidrográfica del Guadiana para conseguir
este objetivo. Ante las preguntas del Comité,
la Dirección General responsable no
quiso contestar si con el término ‘regularización’
quiso decir ‘legalización’.
De esta manera se echaban
por tierra dos años de trabajo de administraciones,
técnicos, científicos y organizaciones
ecologistas que en el seno del Comité
MaB pretendían dar respuesta a uno
de los requerimientos que la Unesco había
establecido como básico para poder
archivar el expediente abierto a España
(1) por haber desatendido sus compromisos
de protección y gestión para
con la RB de la Mancha Húmeda. Además,
la Comisión Europea ha abierto otra
queja contra España por la mala gestión
de los acuíferos que alimentan a los
numerosos humedales protegidos de la Reserva
de la Biosfera.
Para las organizaciones
ecologistas el paso dado por la Junta de Castilla-La
Mancha es equivocado, pues no se puede condicionar
de ninguna manera el desarrollo de este espacio
protegido con el proceso de regularización
de pozos en el acuífero 23. Esa forma
de actuar es irresponsable y da alas a quienes
presionan para que se les autoricen las extracciones
ilegales de agua que hipotecan el futuro de
los humedales de la zona.
Por el contrario, para las
ONG, apostar por la Reserva de la Biosfera
supone una gran oportunidad para dirigir inversiones
hacia el uso sostenible del agua, como son
optimizar la eficiencia en los sistemas de
riego y reducir a la mitad el volumen de agua
usado para el regadío, actuaciones
previstas en el Plan Especial del Alto Guadiana
y en plena consonancia con la Directiva Marco
del Agua. A la vez, el gobierno regional debería
incentivar el secano en la zona y aportar
una imagen de marca de productos agrícolas
sostenibles diferenciados.
Las ONG exigen de la Junta
que rectifique y prosiga con la aprobación
de la delimitación, zonificación
y aprobación del plan de gestión
del lugar, como paso a la mejora ambiental
del lugar y para abrir la posibilidad a los
fondos que el Estado tiene para invertir en
las Reservas de la Biosfera. El futuro de
La Mancha Húmeda pasa por resolver
el problema de la sobreexplotación
del agua con un modelo de desarrollo rural
compatible con sus valores naturales, no abandonar
la Reserva de la Biosfera a su suerte.
Nota:
(1) La Unesco abrió expediente contra
España a instancias de una denuncia
remitida en noviembre de 2007 por las organizaciones
ecologistas (Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF). En ella se
argumentaba que la Reserva de la Biosfera
de La Mancha Húmeda, y en especial
Las Tablas de Daimiel, presentan un alto nivel
de degradación que supone la pérdida
de los valores que les hicieron merecedoras
de la calificación como Reserva de
la Biosfera. Esto se debe al mantenimiento
de un nivel anual de extracciones superior
a 130 Hm3/año en el acuífero
de La Mancha Occidental, que es el necesario
para recuperar los acuíferos que alimentan
a las Tablas antes de 2027, tal como se pretende
con el Plan Especial del Alto Guadiana y a
la falta de un compromiso firme, realista
y activo por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y Rural y Marino y de la Comunidad
de Castilla-La Mancha para poner fin de a
la explotación ilegal de y a la promoción
del regadío en dicho acuífero.
Por todo ello, las ONG ambientales
solicitaron a la UNESCO la desclasificación
de la “Mancha Húmeda” como Reserva
de la Biosfera. Atendiendo a esta denuncia
la Unesco abrió expediente a España
y realizó una serie de exigencias que
apenas habían comenzado a cumplirse.
El primer paso para dar respuesta a esas exigencias
estaba en la delimitación y zonificación
de la Reserva que no se había hecho
desde su declaración en 1980, proceso
que se inició hace dos años
y que ahora se interrumpe bruscamente con
la decisión del nuevo gobierno castellanmanchego.
+ Más
Los sistemas de certificación
PEFC y SFI suspenden en el uso sostenible
de los bosques
Un informe en el que ha
participado Greenpeace analiza cómo
algunos sistemas de certificación están
controlados por la industria y han renunciado
a la mejora de la gestión forestal
Una coalición de ONG ecologistas (1),
entre las que se encuentra Greenpeace, ha
presentado hoy el informe “On the Ground.
The controversies of PEFC and SFI“ (2), donde
se exponen las serias deficiencias de estos
sistemas de certificación forestal
a través de 14 casos de estudio (3).
Estas deficiencias van desde
no tener en cuenta los derechos de las comunidades
indígenas en Chile, Canadá o
Finlandia, la certificación de grandes
extensiones de bosque primario en EEUU, Tasmania
y Suecia, pasando por la permisividad que
PEFC manifiesta al permitir etiquetar productos
papeleros con su sello a pesar de estar fabricados
con madera procedente de talas ilegales o
de la conversión de selvas tropicales
en plantaciones en Indonesia.
En el caso de España,
el sistema PEFC ha certificado sin exigir
ningún cambio en sus prácticas
forestales a empresas responsables de agresiones
a la biodiversidad, envueltas en grandes polémicas
y con numerosos expedientes sancionadores
abiertos por la administración pública
contra la empresa certificada. En España,
como en el resto de los casos analizados,
el PEFC se limita a certificar el status quo,
sin exigir cambios o buscar una mejora de
las prácticas forestales.
“No todos los sistemas de
certificación forestal son iguales”,
ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable
de la Campaña de Bosques y Clima de
Greenpeace España. “Los resultados
de este informe muestran claramente que la
certificación forestal es creíble
si va acompañada con cambios reales
y sobre el terreno en la gestión forestal.
Y el PEFC está fallando en esto. Los
consumidores tienen que ser conscientes de
este lavado de imagen”, ha añadido
Soto.
Tras el análisis
de estos catorce casos de estudio, la coalición
de ONG concluye que los productos certificados
por PEFC y SFI:
•No aseguran la conservación
de los valores ambientales de los bosques,
como son los ecosistemas importantes o las
especies amenazadas.
•No tienen en cuenta adecuadamente a las comunidades
locales e indígenas que dependen de
los bosques.
•No evitan los conversión de ecosistemas
naturales en plantaciones forestales.
Pese a esta realidad, estos
sistemas de certificación propagan
mensajes falsos sobre su carácter responsable
y su garantías de sostenibilidad, aunque
las evidencias muestran el escaso o nulo interés
por mejorar la gestión forestal, buscar
la participación o evitar impactos
ambientales en los bosques y plantaciones.
Uno de los casos analizados
es el de la empresa Asia Pulp & Paper
en Indonesia. Esta empresa papelera fabrica
productos a partir de madera procedente de
la conversión de las selvas tropicales
y bosques de turbera de alto contenido de
carbono en plantaciones. Pese al daño
que esta empresa origina sobre la biodiversidad
y el clima, PEFC permite el etiquetado de
sus productos ya que considera que esta madera
de plantaciones no es conflictiva y puede
ser utilizada en los productos de papel que
se venden bajo la etiqueta PEFC. Además,
algunas de estas plantaciones se establecen
en áreas que deberían estar
legalmente protegidas por la legislación
de Indonesia.
“Cualquier comprador de
un producto forestal certificado esperaría
que ese certificado garantizara que se han
tenido en cuenta los aspectos sociales y ambientales
en la gestión forestal, algo que los
sistemas PEFC y SFI no pueden garantizar”,
ha señalado Soto.
El sistema de certificación
PEFC ha prometido una serie de reformas para
satisfacer las exigencias del mercado, pero
los resultados de este informe demuestra que
el sistema PEFC sólo puede conseguir
mejorar su credibilidad mejorando sus estándares
y revocando los certificados fraudulentos
que permiten malas prácticas, aceptan
la conversión de bosques en plantaciones,
no respetan los derechos de las comunidades
indígenas o agreden a la biodiversidad.
Aunque esto suponga la reducción del
número de certificados PEFC.
Notas:
(1) La coalición de ONG está
formada por Climate for Ideas (Reino Unido),
Forests of the World (Dinamarca), Dogwood
Alliance (Estados Unidos), Hnutí DUHA
(Amigos de la Tierra, República Checa),
Greenpeace, Sierra Club of British Columbia
(Canadá), y Finnish Association for
Nature Conservation (Finlandia).
(2) El informe está
disponible en inglés en el siguiente
enlace. http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/On-The-Ground-2011-/
El Programa para el reconocimiento de sistemas
de Certificación Forestal (PEFC) es
un sistema de certificación de bosques
a nivel mundial; y SFI es el Sustainable Forestry
Initiative un sistema de certificación
utilizado en América del Norte.
(3) El informe detalla catorce
casos de estudio de áreas de bosques
certificados con PEFC y SFI en todo el mundo:
Suecia, Finlandia, República Checa,
EE.UU., Canadá, Malasia, Australia,
Chile, España, etc., así como
análisis de las deficiencias y errores
en las cadenas de custodia de estos sistemas
de certificación".
