Publicado el 07 febrero
2012 - Ecologistas en Acción, Ríos
con Vida, Grupo Especialista en Invasiones
Biológicas, WWF, Greenpeace, SEO/Birdlife,
Amigos de la Tierra, Unipesca, Sociedad Ibérica
de Ictiología y Asociación Ibérica
de Limnología han dirigido escritos
al Ministro de Agricultura, al Secretario
de Estado de Medio Ambiente y a las Comunidades
Autónomas denunciando la aceptación
por parte de las administraciones de los argumentos
de los grupos de presión de las piscifactorías
y de la pesca intensiva para solicitar la
moratoria, e incluso la modificación
a la baja, del Real Decreto de Especies Exóticas
e Invasoras.
Estos grupos de presión pretenden seguir
actuando en contra de la Ley de Patrimonio
Natural manteniendo el beneficio económico
que les reporta el fomento de especies exóticas
que causan un perjuicio muy notable tanto
a las especies autóctonas y a los ecosistemas
como a las actividades económicas verdaderamente
sostenibles. Este el caso del siluro, el black-bass,
el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa,
los cangrejos exóticos, el lucio, el
alburno, las variedades alóctonas de
trucha común y esturión, entre
otras.
Las organizaciones consideran que no es de
recibo que los sectores de la acuicultura
y de la pesca intensiva quieran imponer un
modelo de negocio basado en la explotación
de especies exóticas que causan graves
problemas al medio ambiente y a las fuentes
sostenibles de actividad económica,
máxime cuando hay alternativas y se
puede llevar a cabo una transformación
racional de estas actividades hacia otras
sostenibles que utilicen especies y variedades
autóctonas.
En sus escritos, los firmantes recuerdan al
Ministerio y a las Consejerías que
quienes se oponen a la normativa no pueden
alegar desconocimiento ni falta de tiempo
para aplicarla pues desde 2007, con la Ley
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, están
vigentes en España las limitaciones
que les afectan, con antecedentes que se remontan
a 1979 que derivan del Derecho internacional
y de la UE.
Mostramos nuestra disposición al diálogo
para analizar situaciones concretas, siempre
que no se comprometa la puesta en práctica
del Real Decreto, ya que, aun siendo muy mejorable,
este Real Decreto es un gran avance para afrontar
un problema de primer nivel, de muy difícil
control en muchos casos y que causa importante
daños no sólo ambientales, sino
también económicos y sanitarios.
También supone el primer intento serio
de poner coto a la introducción y expansión
de especies invasoras y de paliar sus perniciosos
efectos ambientales, sanitarios y económicos,
especialmente en el medio acuático.
Por tanto, las organizaciones firmantes solicitamos
a los responsables públicos que redoblen
sus esfuerzos para exigir el cumplimiento
de esta norma con el fin de ampliar su objeto
de aplicación de modo progresivo, invirtiendo
el dinero dilapidado en fomentar las especies
invasoras en afianzar la restauración
del hábitat y la recuperación
de las especies autóctonas, muy perjudicadas
por las invasiones biológicas. Entre
las mejoras que debiera incorporar el Real
Decreto en su desarrollo están la del
aumentar las medidas preventivas que eviten
las sueltas, voluntarias o no.
Por último, recordamos que la liberación
de especies invasoras fue tipificada como
delito por el Código Penal de 1995,
lo que ha motivado la intervención
de la Fiscalía ambiental, y que la
Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007
obliga a indemnizar por los daños económicos
que causan.
