La masiva asistencia a la
jornada de debate sobre
la PAC, celebrada ayer en Madrid, pone de
manifiesto el enorme interés social
en el tema y la falta de participación
pública y real sobre esta importante
política Se reconoció la necesidad
de integrar objetivos y criterios ambientales
en la futura PAC y en la propia actividad
agraria, así como de una mayor orientación
de las ayudas a los productores locales, para
legitimar esta política y garantizar
su presupuesto.
Políticos de instituciones
europeas, estatales y regionales, agricultores,
representantes de las ONG ecologistas y otros
muchos grupos de interés pusieron en
común sus puntos de vista ante la reforma
de la Política Agraria Común
(PAC) en la jornada “La PAC a examen: ¿más
verde? ¿más justa?”, celebrada
ayer, 28 de mayo.
La jornada de debate, convocada
por las organizaciones ecologistas WWF, SEO/BirdLife,
Greenpeace, Ecologistas en Acción y
Amigos de la Tierra, se centró especialmente
en las implicaciones y oportunidades ambientales
y sociales de las propuestas de la Comisión
Europea para la PAC más allá
de 2013. Además de debatir sobre si
la posición mantenida por España
en el proceso de negociación es la
más adecuada.
Dichas organizaciones destacaron
la pertinencia de la celebración de
este evento ante la falta de debate público
en España sobre la política
europea de mayor presupuesto para nuestro
país. Una política que condiciona
cómo se producen los alimentos y, con
ello, la gestión del 80% del territorio
y los recursos naturales de la UE y el futuro
del medio rural.
Las diferentes posiciones
Entre las instituciones participantes se manifestó
la diferente posición de las mismas.
El representante de la Comisión Europea,
Tomás García Azcárate,
dejó claro que sólo se podrá
mantener el presupuesto actual y garantizar
el futuro del sector agrario si se integran
nuevos criterios ambientales en el pilar de
ayudas directas. Su intervención fue
especialmente convincente cuando señaló
que “la agricultura debe ser sostenible o
no será”.
En este sentido, la eurodiputada
Iratxe García planteó la necesidad
de más flexibilidad en la definición
del “greening” para que pueda adaptarse a
las condiciones mediterráneas. Mientras,
desde el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, Alicia Villauriz señaló
que las propuestas de “ecologización”
de las ayudas directas podrían ser
antiproductivas y poco aplicables a la realidad
de la agricultura española. Por su
parte, el representante de la Junta de Extremadura
reflejó la diversidad agraria de su
región y su preocupación por
el futuro de las ayudas a la dehesa.
De manera novedosa, se recogió
también la experiencia de agricultores
de distintos sectores y regiones, que reivindicaron
la vinculación de las ayudas al trabajo
real en el campo parafraseando la conocida
expresión de los jornaleros del campo,
“la PAC para quien la trabaja”. Además,
señalaron la necesidad de un mayor
apoyo a los sistemas más frágiles,
como el secano, la dehesa o la ganadería
extensiva, la diversificación de la
actividad en las explotaciones y las oportunidades
que ofrecen modelos como la agricultura ecológica.
Reflejaron, en última instancia, su
preocupación por garantizar que la
tierra quede en buen estado para las generaciones
futuras.
Por último, desde
las organizaciones agrarias mayoritarias,
hasta asociaciones de consumidores, pasando
por sindicatos, asociaciones de mujeres, redes
de desarrollo rural, productores forestales
y universidades, entre otros, expresaron sus
posiciones y demandas. De manera mayoritaria
se solicitó algún control sobre
los mercados y las cadenas de distribución
en el ámbito de los productos alimentarios
–para asegurar un precio justo a productores
y consumidores-, junto con un enfoque más
territorial en el diseño y aplicación
de la PAC. Igualmente, se demandó que
la futura PAC mantenga y genere empleo y renta
en el sector primario y el medio rural, y
sea capaz de proteger la calidad y especificidad
de las distintas producciones españolas
y europeas. Más presupuesto para el
pilar de desarrollo rural, reforzar el enfoque
de género, la importancia del sector
forestal y, sobretodo, una mayor información
y participación públicas, fueron
elementos también destacados.
En cuanto a las organizaciones
convocantes, consideran que las propuestas
para la nueva PAC defendidas por las instituciones
europeas no son suficientes para solucionar
la destrucción de empleo y explotaciones
agrarias, ni reducirán los altos impactos
ecológicos de la agricultura en la
UE y en el mundo. Pero el debate de esta reforma
supone una oportunidad para mejorarlas y por
eso, a modo de conclusión, demandaron:
•Un debate plural y transparente
en torno a la reforma;
•El cumplimiento de los objetivos europeos
en materia de biodiversidad, aguas y cambio
climático, en coherencia con la normativa
en vigor y las estrategias aprobadas;
•La protección de los modelos agroalimentarios
locales, retomando medidas públicas
de control de mercados y fomentando los canales
cortos de comercialización, como medio
para mantener y generar empleos en el sector
primario y conseguir precios justos para productores/as
y consumidores/as;
•Una apuesta firme por una PAC que minimice
los impactos sociales y ambientales tanto
en nuestro territorio como en terceros países,
y como única forma de garantizar el
futuro de la actividad agraria a medio y largo
plazo, y
•Un apoyo claro a la agricultura ecológica
y la ganadería extensiva, la producción
de leguminosa local y la protección
de agrosistemas de alto valor natural, así
como medidas de lucha contra el cambio climático
basadas en la reducción emisiones,
en lugar del impulso de agrocombustibles.
En definitiva, se destacó
la necesidad del debate y se plasmaron las
posibilidades que ofrece un modelo de agricultura
y ganadería extensiva en España,
en el que nos podemos considerar referente
europeo. Y la necesidad de reorientar las
ayudas públicas hacia aquellos que
producen alimentos respetando la capacidad
natural de los agrosistemas y que generan
bienes públicos no compensados por
los mercados.
+ Más
La crisis económica
no debe servir de excusa para dejar de cumplir
la Ley sobre Comercio de Armas
Las organizaciones de la
coalición española de “Armas
bajo control” analizan las ventas españolas
de armas y material de defensa en 2011
Las ONG denuncian que se han seguido produciendo
exportaciones preocupantes a Arabia Saudí,
Bahréin, y Egipto en plena primavera
árabe
Madrid/Barcelona, 29 de
mayo.- Durante 2011, España continuó
realizando operaciones de exportación
de armas y material de defensa y seguridad
que las organizaciones de la campaña
española de "Armas bajo control"
consideran preocupantes. En su reciente informe
sobre las exportaciones españolas de
armas en el primer semestre de 2011, publicado
a finales del mes de abril, las ONG denunciaron
que se siguieron efectuando exportaciones
preocupantes desde el punto de vista de los
derechos humanos a países como Arabia
Saudí, Bahréin y Egipto en plena
primavera árabe.
En un nuevo informe relativo
al total de exportaciones realizadas en 2011,
las ONG alertan del peligro de que la crisis
económica sirva de excusa para dejar
de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas,
que en su artículo 8.1 establece que
no se podrán autorizar exportaciones
de armas cuando “puedan ser utilizados de
manera contraria al respeto debido y la dignidad
inherente al ser humano, con fines de represión
interna o en situaciones de violación
de derechos humanos”.
El informe, elaborado por
Amnistía Internacional, Fundació
per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam
con la asistencia técnica del Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH), pide además que
las estadísticas sean hechas públicas
con mayor antelación por parte del
gobierno. El informe gubernamental sobre las
exportaciones españolas de armas le
ha sido remitido a los distintos grupos parlamentarios
tan sólo una semana antes de la comparecencia
en la Comisión de Defensa del secretario
de estado de Comercio para dar cuenta de dichas
exportaciones, que se produce hoy mismo.
Las organizaciones de la
campaña “Armas bajo control” muestran
su preocupación por la posibilidad
de que, en un momento en que la reducción
del presupuesto del Ministerio de Defensa
se traduce en una menor capacidad para absorber
buena parte de la producción del sector
industrial de la defensa, “el impulso gubernamental
para incrementar las exportaciones de dicho
sector coloque los intereses comerciales por
encima de la preocupación por los derechos
humanos”.
En este sentido, las organizaciones,
ante las deciones anunciadas el pasado viernes
25 de mayo tras el consejo de ministros de
apoyar con dinero público las exportaciones
de armas españolas a través
de créditos y de acciones de promoción,
instan al gobierno a que cualquier operación
de este tipo se ajuste escrupulosamente a
la normativa vigente, a que de manera general
se refuerce el control sobre operaciones que
por sus características y destino pudieran
resultar preocupantes para los derechos humanos,
y que se aplique plenamente la dimensión
preventiva de la Ley.
El contra-informe de la
sociedad civil sobre las exportaciones españolas
de armas en 2011 señala varias operaciones
que no serían justificables desde la
perspectiva de la Ley 53/2007 sobre comercio
de armas. Estas operaciones posibilitarían
que determinados productos de defensa terminen
pudiesen ser utilizadas para cometer o facilitar
graves violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones denuncian
que a pesar de algunas medidas adoptadas para
la zona, se siguieron realizando exportaciones
de material a países del Norte de África
y Oriente Próximo (Bahréin,
Arabia Saudí y Egipto) que corría
el riesgo de ser usado para cometer violaciones
de derechos humanos.
Arabia Saudí constituye
uno de los casos que más preocupación
despierta en las organizaciones, no sólo
por las exportaciones del pasado año
sino por la operación, actualmente
en marcha, que podría culminar en la
venta al reino saudí de 250 carros
de combate Leopard. El Gobierno debería
dar información pública detalladas
sobre este asunto, y detener de forma cautelar
esta operación. En todo caso, la realización
efectiva de esta operación debería
estar condicionada al establecimiento de salvaguardias
y de sistemas de rendición de cuentas,
para evitar que el material exportado pueda
ser utilizado en la comisión de graves
violaciones de derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario por parte de las
fuerzas armadas saudíes.
Además de los países
del Norte de África y Oriente Próximo,
en la lista de operaciones preocupantes figuran
entre otras las realizadas a Colombia, México,
EE. UU., Ghana, Israel y Pakistán.
El informe señala también operaciones
no estrictamente preocupantes, pero sí
sobre las que se debiera facilitar más
información. Estas operaciones tuvieron
por destino Emiratos Árabes Unidos,
Perú, Venezuela, Túnez, Turquia,
Irán y China.
El informe reconoce ciertos
avances en la política de transferencias
seguida por el Gobierno español que
tienen que ver con medidas adoptadas con motivo
de la llamada primavera árabe hacia
los países del Norte de África
y Oriente Próximo. Entre ellos, las
ONG destacan la revocación en febrero
de 2011 de varias licencias para la exportación
y la revisión de todas las licencias
aprobadas desde el año 2006 hacia Túnez,
Libia y Egipto. La moratoria sobre la autorización
de nuevas exportaciones se levantó
el 11 de mayo de 2011 aunque, según
el gobierno, desde entonces las nuevas solicitudes
a estos destinos fueron sometidas a un escrutinio
especial, que las organizaciones esperamos
que se mantenga. Estos avances han de ser
valorados como muy positivos.
Sin embargo, aunque se han
ido produciendo mejoras, siguen existiendo
fallas en la transparencia de los datos sobre
comercio exterior de armas. Las ONG de la
campaña “Armas bajo control” siguen
reclamando:
•Reforzar el control de
las exportaciones consideradas preocupantes
para los derechos humanos.
•Aplicar la dimensión preventiva de
la Ley.
•Mejorar los mecanismos para el seguimiento
del material en el país de destino.
•Avances concretos en la transparencia de
la información sobre las transacciones
realizadas.
•Facilitar información al Congreso
de los Diputados con antelación suficiente
para mejorar el control parlamentario.
Un año decisivo a
nivel internacional
Este es un año decisivo para lograr
una regulación internacional efectiva
del comercio de armas, ya que la ONU ha convocado
a los países miembros de la organización
a discutir en julio en Nueva York el texto
de un Tratado Internacional sobre el Comercio
de Armas (TCA).
Las organizaciones reiteran
que dicho tratado ha de incluir garantías
sólidas de que ningún gobierno
pueda autorizar transferencias de armas que
puedan ser destinadas a cometer o facilitar
la comisión de violaciones y abusos
de los derechos humanos. Recuerdan al gobierno
español su compromiso, expresado a
Amnistía Internacional durante la recientemente
visita de su secretario general, Shalil Shetty,
de respaldar en la ONU un tratado que incluya
dichas garantías. Este compromiso deber
ser todavía mayor después de
la aprobación la semana pasada por
parte del Congreso de los Diputados de una
proposición no de ley instando al gobierno
a que promueva la aprobación de un
TCA sólido.
Información adicional
Algunas transferencias de armas realizadas
en 2011 a los países de Oriente Próximo
y Norte de África revisten características
preocupantes para las organizaciones de "Armas
bajo control”:
Arabia Saudí. Se
realizaron ventas por un total de 14 millones
de euros en repuestos para aeronaves de transporte
militar y proyectiles iluminantes así
como productos de la categoría 3 (municiones,
dispositivos y componentes) para las Fuerzas
Armadas. Además, se autorizaron otras
por un importe global de 30,21 millones, en
las categorías 10 (aeronaves) y 4 (bombas,
torpedos, cohetes y misiles).
Las fuerzas armadas de Bahréin fueron
también destinatarias de exportaciones,
por valor de 6,35 millones de euros dentro
de la categoría de municiones, dispositivos
y componentes.
Egipto. Se materializaron
ventas por 69,83 millones de euros, en aeronaves
de transporte militar, productos de la categoría
1 (armas con cañón de ánima
lista con calibre inferior a 20mm.) y productos
de la categoría 6 (vehículos
terrenos).
Sin ser operaciones todavía realizadas,
pero sobre las que las organizaciones entienden
que se requeriría un mayor nivel de
información, están varias autorizadas
a Emiratos Árabes Unidos que suman
un importe de 66.148 euros en bombas de aviación
y carabinas y 761,96 millones de euros, en
su gran mayoría en aeronaves y el resto
en las categorías 4 y 6 (vehículos
terrestres). EAU suele ser destino inicial
para numerosos reenvíos a otros destinos
tanto de la región del Golfo como otras.
Otras transferencias preocupantes
son:
Colombia. España realizó exportaciones
por valor de 24,98 millones de euros (un avión
de transporte, repuestos para aeronaves, monóculos
y gafas de visión nocturna, munición
para piezas de artillería y una pistola).
Estados Unidos. Las ventas
realizadas alcanzaron un valor de 115,60 millones
de euros, en las categorías 8 (materiales
energéticos y sustancias relacionadas),
10 (aeronaves), 1 (armas con cañón
de ánima lista con calibre inferior
a 20mm.), 3 (municiones, dispositivos y componentes),
4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles) y
11 (equipos electrónicos).
México recibió
transferencias incluidas en la categoría
de aeronaves por 109 millones de euros, las
exportaciones en material de caza y tiro deportivo,
ascendieron a los 847.557 euros y las de productos
y tecnologías de doble uso a 700.000
euros.
Ghana: En la categoría
de armas de caza y tiro deportivo, Ghana recibió
material español por un importe de
7,50 millones de euros, lo que lo convirtió
en el primer cliente español en esa
categoría.
Israel. Las ventas realizadas por España
de material de defensa ascendieron a 472.545
euros, principalmente en las categorías
3 (municiones, dispositivos y componentes)
y 11(equipos electrónicos).
Pakistán importó material de
caza y tiro deportivo por valor de 675.376
euros. A lo largo del año también
material relacionado con aeronaves por un
total de 12,89 millones de euros.
Información general:
Más de 2.500 millones de ventas en
armamento, material de defensa y de doble
uso.
Para evaluar las exportaciones
españolas de material de defensa, de
otro material (material policial y anti disturbios,
y armas de caza y tiro deportivo y sus municiones)
y de productos y tecnologías de doble
uso, registradas en dicho periodo, se toman
como elementos de referencia los datos oficiales
publicados por el Ministerio de Economía
y Competitividad (MEC), remitidos al Congreso
de los Diputados en enero y mayo de 2012.
España exportó
en el año 2011 un total de 2.578,2
millones de euros en material de defensa,
otro material (armas de caza y deportivas,
y antidisturbios) y productos y tecnologías
de doble uso, lo que supone más del
doble (104,87%) de las ventas realizadas en
el año 2010. De ellos, 2.431,2 millones
corresponden a material de defensa, 0,7 millones
a material antidisturbios, 46,9 millones a
armas de caza y deportivas y 99,4 millones
a material de doble uso.
En el mismo periodo se autorizaron
exportaciones en todas las categorías
por valor de 3.172,7 millones de euros (23,76%
más que en 2010), unas operaciones
que podrían haberse realizado ya en
lo que va de 2012 o estar a punto de materializarse.
