MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN SOBRE EIA BUSCA FORTALECER UNA NORMATIVA AMBÍGUA

Panorama Ambiental
Internacional
Abril de 2013
 

 

Jueves, 25 de Abril de 2013 - Panamá, 24 de abril de 2013. Con el proceso de modificación del decreto 123, se ha abierto un espacio transparente, participativo y democrático en que se han recibido aportes de muchos actores claves porque se pretende crear una norma clara, ajustada a la realidad y que proteja realmente los recursos naturales.

Resulta necesaria la opinión de las organizaciones no gubernamentales (ambientalistas), pero en esta ocasión es incorrecto el planteamiento que han suscrito y que ha sido publicado este miércoles en importantes diarios locales como La Prensa y La Estrella, bajo los títulos de “Grupos ambientales rechazan reforma a EIA” y “polémica por cambios en EIA”.

El grupo de ambientalistas que sustentan las quejas ha tenido toda la oportunidad de intervenir en las discusiones, como grupos independientes o de manera colectiva, sobre todo en la convocatoria que hizo la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al foro público realizado el 11 de abril de 2013 cuando solo dos de ellos acudieron a escuchar los planteamientos de diferentes sectores que asistieron y dieron su opinión.

La ANAM propuso la consultoría para modificar los decretos ejecutivos No 123 de 14 de agosto de 2009, No 155 de 5 de agosto de 2011 y No 12 de 14 de agosto de 2009, que busca hacer más ágil, eficiente y completo el espíritu, la letra y aplicación de la norma que regula los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y no “cambiar las reglas del juego”, como manifiestan las organizaciones.

El objetivo de esta modificación y unificación de las disposiciones mencionadas es lograr un mayor fortalecimiento de la norma y superar la ambigüedad que resulta actualmente su aplicación, sobre todo por tratarse de un ámbito en que se mueve mucha inversión y existen impactos que pueden afectar a las comunidades e importantes recursos naturales.

En ese sentido el valor que impulsa la modificación es prevenir los daños al ambiente. No se ha actuado conforme al deseo de disminuir los tiempos de análisis de los EIA; por el contrario, que la decisión de la ANAM en cuanto a las características del proyecto, sea lo más apegada a la visión técnica y por tanto satisfaga la normativa y proteja el ambiente.

En la presente modificación del decreto 123, no se han redactado artículos que modifiquen los tiempos que se dedican al análisis y evaluación de los EIA. Los artículos que se refieren a este tema, se han dejado por ahora y se mantienen tanto en el periodo de evaluación, como en el tiempo en que la ciudadanía puede y debe opinar al respecto de los proyectos que amparan el estudio que se somete a consideración.

De acuerdo con los quejosos, la participación ciudadana se ha debilitado. Al parecer las quejas no se basan en una lectura cuidadosa del anteproyecto, que no toca estos tiempos.

Además, se fortalecen con la participación en estas consultas, de las comisiones consultivas a todos los niveles. Igualmente se deja claro los contenidos mínimos que deben exigirse o cumplirse en el Foro Público.

Existe una preocupación por parte de los que suscriben las quejas, en relación con la calificación e idoneidad de los evaluadores. En este proyecto se incluye una clara definición sobre evaluador de impacto ambiental, que no existía y se deja claro su concepto y papel en el análisis de los EIA.

El proyecto de modificación del decreto 123 no se ha flexibilizado; por el contrario, se solicita a los promotores mayores constancias y requisitos; de igual manera, se han incluido en la lista taxativa los tipos de obras susceptibles de EIA y, de iniciativas que amplían el rango de exigencias institucionales en este aspecto.

La ANAM aprecia el interés de cualquier ciudadano o grupo en participar en el proceso de modificación de los EIA. De esta manera, la nueva disposición cumplirá su cometido de brindar nuevas herramientas para hacer de la gestión ambiental, un factor de desarrollo, sin desmejorar las condiciones ambientales del país.

 
 
Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
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