Reportaje - julio 25, 2013
* Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se reúnen con el ministro de Justicia para pedir que asegure la participación de las ONG en la protección del medio ambiente a través de la administración de Justicia.

* Las reformas legales aprobadas ya o iniciadas por Ruiz-Gallardón entorpecen y pueden frenar el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental.

* El ministro ha mostrado receptividad a las demandas, ha admitido el interés general de la defensa del medio ambiente y se ha comprometido a una nueva reunión después del verano para garantizar que el acceso a la justicia ambiental queda asegurado en las leyes en tramitación.

Madrid, 25 de julio de 2013. Los principales grupos ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han reunido hoy con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para pedirle que modifique una batería de reformas legislativas, aprobadas ya o en proceso de elaboración, que limitan seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.

Los portavoces ecologistas han recordado al ministro que las ONG ambientales defienden un derecho fundamental, como es el "derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado", según el artículo 45 de la Constitución Española. Del mismo modo que ocurre en otros países y como establecen algunas directivas europeas y el Convenio de Aarhus, debe haber un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales.

Los grupos ecologistas consideran que las últimas reformas del Ministerio de Justicia han supuesto trabas importantes a la acción de las ONG ambientales, como la Ley de Tasas ya en vigor y los proyectos actualmente en elaboración de la Ley de Justicia Gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que por ello deben ser modificadas para ajustarse a los compromisos internacionales de España.

Los portavoces ecologistas han entregado al ministro una serie de propuestas y reformas concretas que permitirían asegurar la defensa del medio ambiente en España. Además, las ONG han propuesto la formación de un grupo de trabajo con el equipo del Ministerio de Justicia para analizar el problema y sus posibles soluciones. Para ello, han entregado a Ruiz-Gallardón un ejemplar del Convenio de Aarhus, ratificado por España y que reconoce a los ciudadanos el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente.

Durante el encuentro, el ministro ha mostrado receptividad a las peticiones planteadas por las ONG y ha reconocido el interés general que tiene la defensa del medio ambiente. También ha valorado el informe jurídico que le ha sido entregado por las ONG y se ha comprometido a reunirse de nuevo después del verano para estudiar cómo quedan reflejadas las demandas ecologistas en las leyes que están actualmente en tramitación. El objetivo es que se asegure el derecho a la defensa del medio ambiente.

Estos son los asuntos principales que las ONG han debatido con el ministro de Justicia:

1 - LEGITIMACIÓN DE LAS ONG AMBIENTALES

Actualmente, en los procedimientos penales hay disparidad de criterios sobre la naturaleza de la intervención de las ONG de defensa ambiental.

Esta ambigua situación de las ONG ambientales en los delitos contra el medio ambiente puede todavía empeorar de salir adelante la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para personas jurídicas públicas o privadas, entre las que se incluyen las asociaciones y ONG ambientales. Por contra, las ONG deberían poder siempre ejercer la acusación en vía penal, en condición de perjudicado, si se reconoce legalmente que actúan en defensa de unos intereses colectivos que quedan afectados por actuaciones que perjudican o dañan el medio ambiente, como los delitos recogidos en el Titulo XVI del Código Penal (ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y del medio ambiente).

Asimismo, se ha solicitado al ministro de Justicia que tome medidas para que se reconozca la legitimidad de las ONG ambientales para defender derechos e intereses colectivos ambientales en otros órdenes jurisdiccionales, como el contencioso-administrativo y civil.

2- EXENCIÓN DE TASAS

Hasta la fecha, las ONG ambientales sin ánimo de lucro estaban exentas del pago de tasas en sus acciones judiciales en defensa de los intereses generales y colectivos. Sin embargo, la nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no solo elimina esta exención sino que incrementa notablemente el coste de las mismas. Dada la importancia del acceso a la justicia de las ONG para defender los intereses generales y colectivos en materia de medio ambiente, se hace necesario volver a la situación anterior.

3- DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA

Se está tramitando una nueva Ley de Acceso a la Justicia Gratuita que, paradójicamente, condena a las ONG ambientales con mayor capacidad técnica y jurídica a no poder beneficiarse de esa gratuidad. Actualmente, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fin la protección del medio ambiente tienen acceso a la justicia gratuita si acreditan insuficiencia de recursos para litigar. Pero sucede que la Ley Orgánica del derecho de Asociación exige también a las asociaciones de utilidad pública que cuenten con los recursos adecuados para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios.

Se genera así un bucle que impide a las ONG ambientales de utilidad pública acceder a la justicia gratuita, ya que para ser de utilidad pública deben tener recursos y, por tener recursos, no pueden por tanto acceder a la justicia gratuita.

En conclusión, las ONG ambientales abogamos para que, tal y como dice el Convenio Aarhus en su artículo 1, en España se pueda “proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar”