Buenos Aires, 23 de Agosto de 2013.- Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace solicitaron a la UNESCO, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, opinión respecto de las autorizaciones que la Provincia de San Juan otorgó a empresas mineras para operar dentro de la Reserva de Biosfera San Guillermo (1). Además, los ambientalistas pidieron a la Administración de Parques Nacionales (APN) información sobre los controles y monitoreos que estarían efectuando en la zona (2).

“El gobierno de Gioja no sólo ha autorizado permisos mineros en la zona de Usos Múltiples de la Reserva, sino también en la zona de Amortiguación que rodea al Parque Nacional, lo cual implica una clara violación a los estatutos de la UNESCO sobre las reservas de biosferas”, señaló Gonzalo Strano de Greenpeace. “La avanzada minera sobre estos ambientes únicos debe frenarse de inmediato. En San Guillermo hay glaciares y otros ecosistemas de alto valor ambiental que están siendo afectados por la minera Barrick Gold”, continuó el ambientalista.

“El Plan de Manejo presentado por la Provincia de San Juan el pasado 5 de junio reconoce la existencia de minería en la Reserva de Biosfera San Guillermo. Por eso solicitamos al organismo representante de UNESCO en Argentina que informe las medidas que adoptará para frenar esta actividad y qué sanciones aplicará al respecto”, afirmó Pía Marchegiani, Coordinadora de Participación de FARN.

Las reservas de biosfera son áreas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas por la UNESCO para fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. En ese sentido, una de sus funciones básicas es contribuir a la conservación de paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética.

+ Más

Organizaciones ciudadanas reúnen 20 mil firmas para rechazar la "Ley Hinzpeter"

Valparaiso 6 de agosto 2013. Hasta las puertas del congreso llegaron esta mañana activistas y voluntarios y voluntarias de las organizaciones Greenpeace, Amnistía Internacional, Asesoría Ciudadana y Acción AG, para entregarle al Presidente de la Cámara de Diputados Edmundo Eluchán, cerca de 20 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas que rechazan el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca "fortalecer el resguardo del orden público", ya que lo consideran una ley que viola los derechos humanos de reunión y libertad de expresión.

Para estas organizaciones, las miles de firmas entregadas al presidente de la Cámara de Diputados, representan la fuerza de la ciudadanía que se opone a cualquier legislación que atente contra derechos humanos fundamentales, los que fueron ratificados por el Estado de Chile. "La Cámara de Diputados no puede aprobar una ley que penaliza un derecho tan básico como el de reunión y libertad de expresión, criminalizando las manifestaciones ciudadanas”, enfatizó Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace en Chile.

Por su parte, Roberto Morales, Presidente de Amnistía Internacional señaló: “estamos expectantes de lo que ocurra hoy en la cámara porque venimos trabajando fuertemente denunciando e informando sobre lo que significaría la aprobación de un proyecto de estas características que en sus aspectos principales claramente vulnera derechos humanos tales como la libertad de expresión o el derecho a reunión”.

"El proyecto de ley solo pretende criminalizar conductas que son un derecho ciudadano, ya que las acciones que supone sancionar- cómo el desorden público- ya existen en el código penal, por lo tanto no llena ningún vacio ni perfecciona el marco legal", agrega el director de Greenpeace.

Esperamos que hoy diputados y diputadas rechacen nuevamente esta normativa, porque no pueden olvidar que es deber del Estado mantener el orden público y proteger la seguridad de las personas, pero siempre resguardando los derechos humanos. De ser aprobado, claramente estarían dando una señal negativa sobre la protección de los derechos humanos en su conjunto”, añadió Roberto Morales.

Por otro lado, la organización ambientalista, habilitó en su página web (www.greenpeace.cl) un espacio donde las personas pueden enviar tweets directos a los diputados que estarán votando la ley, para exigirle que rechacen el proyecto. “Queremos que esto sea lo más participativo posible para que los parlamentarios entiendan que proyectos como este no representan lo que la ciudadanía ha manifestado estos últimos años”, Concluye Asún.