La modernización de nuestro país exige que asumamos colectivamente el reto y la oportunidad que ofrece un modelo de desarrollo sostenible que haga compatible una dinámica de prosperidad económica, conjuntamente con el aumento del bienestar social y la mejora del medio ambiente. Nuestro país se encuentra en excelentes condiciones para dar un salto cualitativo hacia una mayor sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, considerando que atravesamos un largo ciclo económico favorable, con un crecimiento superior a la media europea, y que contamos con dinámicas sociales que favorecen el progreso colectivo.

Esta situación favorable nos permite plantear la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible con un horizonte a largo plazo para aspirar a una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más equilibrada.

Esta estrategia se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS), que fue renovada en el Consejo de Bruselas de 2006 con un principio general consistente en “determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social”.

Este objetivo se concreta en siete áreas prioritarias: cambio climático y energías limpias; transporte sostenible; producción y consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de recursos naturales; inclusión social, demografía y migración; y lucha contra la pobreza mundial. En este contexto, se solicitó que cada Estado Miembro asumiera sus propios compromisos de desarrollo sostenible plasmados en sus respectivas Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible que serían objeto de revisión por parte de la Comisión y por el resto de los Estados.

La EDS reconoce que el desarrollo económico facilita la transición a una sociedad más sostenible y por tanto es complementaria con la Estrategia de Lisboa, en la que las acciones y medidas se destinan a mejorar la competitividad y el crecimiento económico y aumentar la creación de empleo.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) tiene un planteamiento acorde con la visión estratégica de la UE, fomentando un enfoque integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo con los objetivos de: garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global.

En el marco de la Estrategia de Lisboa, la dimensión económica del desarrollo sostenible se aborda en el Programa Nacional de Reformas, cuyo diagnóstico señalaba la buena evolución del empleo y el elevado diferencial de crecimiento con la UE-25, aunque se detectaban ciertas dificultades para alcanzar la plena convergencia en renta per cápita con la misma, derivadas de la evolución de la productividad. Así, la divergencia entre España y la UE-25 en la productividad de los último años tenía un impacto negativo sobre la competitividad, lo que venía provocando, unido a otro tipo de factores coyunturales y estructurales, como el crecimiento del precio del petróleo o las significativas remesas de inmigrantes, un crecimiento del saldo negativo de nuestra balanza por cuenta corriente. No obstante, es destacable que en los últimos años la recuperación de la productividad del trabajo ha alcanzado las mayores tasas de crecimiento de la última década.

En este contexto, el PNR establece como objetivos prioritarios la plena convergencia con la Unión Europea en 2010, en renta per cápita y en empleo y, además, incluye como objetivo transversal aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 en 2010. Para ello propone la puesta en marcha de actuaciones en torno a siete ejes estratégicos: el refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria; el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y el Programa AGUA; el aumento y mejora del capital humano; la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (INGENIO 2010); las medidas para mejorar la competencia, la regulación, el eficiencia de las administraciones públicas y la competitividad; el mercado de trabajo y el Diálogo Social; y el Plan de Fomento Empresarial.

En cuanto a su evaluación y seguimiento, la Comisión Europea ha valorado muy positivamente el PNR Español. Además, en el último informe de progreso (2006) de la Estrategia de Lisboa, se muestran las acciones emprendidas por el Gobierno en aquellos sectores, como el energético y el de distribución comercial, donde se identificaron los principales problemas de carácter regulatorio, al tiempo que se suscribe como prioridad estratégica el aumento del peso de las actividades de I+D+i, en línea con lo establecido en el Consejo de Primavera de 2006. La inversión en I+D+i es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenido a largo plazo y permitir la introducción de nuevos procesos productivos que aseguren que este crecimiento sea compatible con los objetivos de la sostenibilidad.

Por su parte, esta EEDS se centra en la dimensión medioambiental, social y global de la sostenibilidad, y aborda todas las prioritarias definidas en la Estrategia Europea distribuidas en las tres dimensiones mencionadas.

En el contexto de la sostenibilidad ambiental, con el fin de diseñar líneas de actuación dirigidas a la protección de la atmósfera, calidad del aire, agua, suelo, naturaleza y salud, la estrategia española se desarrolla en tres secciones interrelacionadas: producción y consumo, cambio climático y conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio. La primera analiza la eficiencia en el uso de los recursos, la producción y consumo responsables y la movilidad y el turismo sostenibles. La segunda las iniciativas para mitigar el cambio climático en materia de energía limpia, sectores difusos y sumideros, así como los instrumentos de mercado y la adaptación al cambio climático. Por último, la tercera se centra en los recursos hídricos, la biodiversidad, los usos del suelo y la ocupación del territorio.

En lo referente a la sostenibilidad social, la EEDS desarrolla otros dos aspectos fundamentales, por una parte, el empleo, la cohesión social y la pobreza y, por otra parte, la salud pública y la dependencia. Finalmente, en el ámbito de la sostenibilidad global se analiza el papel fundamental que juega España en materia de cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

El análisis de estos seis grandes temas se enmarca en el contexto de un diagnóstico inicial que incluye los principales retos que ponen en peligro la sostenibilidad del modelo de crecimiento español, en especial, aquellos relacionados con el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable, con la necesidad de asegurar un uso eficiente y responsable de los recursos disponibles, y con los desequilibrios que podrían originarse por los nuevos fenómenos sociales como la inmigración, el envejecimiento de la población o la persistencia de situaciones de pobreza y desigualdad a nivel mundial. La EEDS culmina con unas pautas de seguimiento y revisión de la estrategia.

En línea con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, la EEDS incluye entre sus principios rectores la promoción y protección de los derechos fundamentales y la solidaridad intra e intergeneracional, así como, los principios de precaución y hacer que el que contamine pague en las actuaciones que afecten a la salud pública y al medio ambiente. Además, como eje transversal se impulsará la participación ciudadana, de las empresas y de los interlocutores sociales en los procesos de toma de decisiones, para lo que propone como líneas de actuación, aumentar la educación y sensibilización de la opinión pública en materia de desarrollo sostenible, mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad social de las empresas y fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado con objeto de conseguir un consumo y una producción más sostenibles.

Las principales conclusiones que se derivan de la EEDS en estos ámbitos son las siguientes:
En materia de sostenibilidad ambiental, es necesario hacer un uso eficiente y respetuoso de los recursos naturales, en particular los energéticos, los hídricos, la biodiversidad y el suelo; así como desarrollar políticas activas de mitigación de los determinantes del cambio climático en todos los sectores productivos, y en especial en los energéticos y de movilidad, así como de adaptación al mismo. Todas estas políticas, unidas a las diseñadas específicamente para mejorar la calidad del aire, permitirán ir reduciendo los niveles de contaminación atmosférica de las ciudades españolas. Asegurar la disponibilidad y calidad de estos recursos de forma compatible con el crecimiento económico y ante las posibles amenazas del cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan los países desarrollados. Un consumo poco eficiente de los recursos naturales disponibles supone un incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y de otros contaminantes atmosféricos (óxidos de nitrógeno, partículas, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y amoniaco, entre otros), agrava el problema de la dependencia energética, tiene consecuencias sobre la salud de la población y pone en peligro la supervivencia de actividades vertebradoras del territorio como la agricultura, y en general, la sostenibilidad territorial. Todo ello exige mejorar la gestión de los sectores productivos, promover la adopción de mejoras tecnológicas, optimizar las redes de transporte tanto de energía como hidráulicas, facilitar el cambio modal en el uso del transporte, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes, y aumentar la valorización económica de los residuos, así como formar, informar y concienciar a los ciudadanos y las empresas de los beneficiosos de estas medidas.

En materia de sostenibilidad social, España debe realizar un esfuerzo adicional para que el actual modelo social sea capaz de conjugar crecimiento económico con bienestar social, fomentando la creación de empleo, asegurando la reducción de la pobreza y de las desigualdades evitando las situaciones de exclusión social. Se trata de establecer áreas de actuación que garanticen un progresivo incremento del empleo de calidad, un nivel de vida digno a la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la integración de la población inmigrante y la atención a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito global, España, como la gran mayoría de los países europeos, debe destinar un mayor volumen de recursos a los países en vías de desarrollo con objeto de contribuir a su desarrollo sostenible y cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de lucha contra la pobreza a nivel mundial. Este aumento en el volumen de recursos debe ir acompañado de una mejora en la eficacia, coherencia y calidad de la ayuda. Para ello, la política española de cooperación internacional debe enmarcarse dentro de los principales acuerdos y consensos que constituyen la agenda internacional de desarrollo, así como participar activamente en las instituciones financieras internacionales y los organismos multilaterales

Todas las actuaciones y medidas desarrolladas en la EEDS para el cumplimiento de los objetivos en materia de sostenibilidad ambiental, social y global serán compatibles con el objetivo de estabilidad presupuestaria definido por el Gobierno. En este marco, las políticas de crecimiento económico y de empleo se desarrollarán coherentemente con la EEDS, y las decisiones en el seno de la EEDS se adoptarán de manera compatible con los objetivos en materia económica y de empleo.

Asímismo, es necesario considerar la perspectiva de género que tiene un carácter transversal en la EEDS, tal y como contempla el Tratado de Ámsterdam por el que todas las políticas públicas europeas deben tener presente la perspectiva de género, independientemente de que además se realicen acciones clave para situaciones específicas.