Madrid,
25 de enero de 2006- Según un estudio encargado
por WWF/Adena al Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad de Comillas
(Madrid), el sector eléctrico español
puede recortar hasta en un 58% sus emisiones de
gases de efecto invernadero para 2020 respecto a
2003. Todo ello, con costes asumibles para las empresas
del sector y los consumidores, gracias a la puesta
en marcha de medidas ambiciosas de eficiencia energética
y renovables, junto con un eficaz y estricto mercado
de emisiones.
En el marco del Protocolo de Kioto,
España se ha comprometido a no aumentar más
de un 15% sus emisiones con respecto a las del año
11000, dentro de un objetivo global de la Unión
Europea de reducir el total de emisiones un 8%.
(En 2004 las emisiones españolas habían
aumentado en un 45% respecto a 11000, haciendo de
nuestro país el que más se alejaba
de su objetivo de Kioto).
Parte de este compromiso se ha
articulado dentro de la Directiva Europea de Comercio
de Emisiones 2003/87 y uno de los principales sectores
afectados por la Directiva como emisor de CO2 es
el sector eléctrico, con aproximadamente
un 55% de las emisiones totales contempladas por
la Directiva. De hecho, en España el sector
eléctrico es responsable de aproximadamente
un 25% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero. Esto lo convierte en uno de los actores
principales que debe contribuir a la reducción
de emisiones para que sea posible el cumplimiento
del objetivo de Kioto.
El estudio, encargado por WWF/Adena al Instituto
de Investigación Tecnológica (IIT)
de la Universidad de Comillas (Madrid), desarrolla
varios escenarios de evolución del sector
eléctrico español para 2010 y 2020,
con el objetivo de proporcionar una guía
al sector eléctrico y a los legisladores
acerca de los patrones de generación eléctrica
y consumo que deben seguirse para permitir a este
sector estar libre de emisiones de CO2 hacia 2050.
Los resultados del estudio indican
que es posible lograr una reducción significativa
(37%) de las emisiones de CO2 del sector eléctrico
en 2020, hasta situarse en un nivel del 63% de las
emisiones de 11000 (o, visto de otro modo, una reducción
del 58% sobre las emisiones del año 2003).
Para conseguir este objetivo serían
necesarias actuaciones decididas en materia de política
energética. Actuaciones que ya existen, y
que se trataría únicamente de reforzar
para lograr los objetivos deseados. Su coste, si
se realizan adecuadamente, es soportable. No en
vano, el coste resultante para los consumidores
(+22-23% respecto al escenario tendencial) seguiría
siendo inferior al que afrontan los ciudadanos de
otros países que en algunos casos pagan más
del doble que el consumidor español.
“Como queda patente en el estudio,
conseguir este objetivo no depende de si tenemos
o no las tecnologías necesario; depende de
la capacidad del Gobierno de adoptar políticas
firmes y enérgicas de gestión de la
energía”, afirma Heikki W. Mesa, experto
en Cambio Climático y Energía de WWF/Adena.
Y concluye: “Con una política ambiciosa,
un sistema de mercado de emisiones eficaz y objetivos
de obligado cumplimiento para el ahorro energético
y las energías renovables respaldados por
recursos económicos adecuados, España
llegará a ser un lugar eficiente, seguro
y respetuoso con el medio ambiente, donde vivir
y hacer negocios”.