Con el
fin de agilizar las posibilidades de desarrollo
y disponer de los terrenos adecuados
Bogotá, 13 de febrero de
2006. Con el fin de mejorar el desarrollo de las
diferentes regiones del país, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial trabaja
en un decreto que le permita reglamentar de la mejor
forma posible los planes parciales.
“Queremos corregir los problemas
que existen en el desarrollo territorial de las
regiones, como el mal uso del suelo o las demoras
en la aprobación de los planes parciales
que atrasa el desarrollo”, explicó la Ministra
Sandra Suárez Pérez.
Se encuentran problemas –agregó-
en normas, muchas de ellas obstaculizando el desarrollo
de la vivienda de interés social (VIS), segundo
en trámites y tercero en costos.
De acuerdo con la Ministra, por
ejemplo, mientras el Gobierno devuelve el IVA en
materiales de construcción para VIS, se imponen
sobrecostos en las regiones en servicios públicos.
“Se exige que el constructor en
una vivienda social le ponga una cometida de gas
domiciliario que cuesta más o menos 850 mil
pesos y se la traslada al precio a la familia”,
ejemplificó la Ministra.
De otra parte, si bien la ley
establece que para desarrollar cierto suelo hay
que hacer planes parciales operativamente a través
de las oficinas de Planeación o las Secretarias
de Planeación, un plan parcial se puede demorar
hasta 48 meses, lo que representa paralizar las
posibilidades de desarrollo.
Por eso, se busca solventar estos
obstáculos y mediante esta reglamentación
se quiere evitar que se construya o destinen territorios
de construcción urbana en suelos que no son
aptos para ello o no cuentan con las condiciones
necesarias.
“Muchos municipios estaban otorgando
sin norma, sin reglamentación licencias de
parcelación en suelo rural. Este se volvió
como el suelo vulnerable, y al no tener criterio
ni reglamentación se pone en riesgo el tema
agrícola y el de recursos naturales como
la oferta hídrica”, aseguró la Ministra.
De hecho –agregó- hay mucha
preocupación de que en algunas regiones del
país, donde se está buscando un desarrollo
grandísimo, no está claro el abastecimiento
de agua.
Por eso el Ministerio viene trabajando
conjuntamente con la comunidad, los entes territoriales
y los expertos, en varios frentes de trabajo que
además contribuyan a disminuir el impacto
de quedar sin suelo urbanizable en el poco tiempo.
“Uno de esos trabajos es el “decreto
de los 35 metros cuadrados”. Muchas ciudades del
país estaban imponiendo unas áreas
mínimas de lote para Vivienda de Interés
Social (VIS) que sencillamente hacía inviable
la generación de oferta legal de VIS”, dijo
Suárez Pérez.
Por ejemplo, en una ciudad como
Cartagena decían que una VIS debía
tener mínimo 100 metros de área de
lote o en Cali debía ser 78 metros, lo que
hacía, en concepto del Ministerio, que proliferara
la ilegalidad y la vivienda pirata.
“Prolifera la ilegalidad porque
sencillamente no se hace factible dar una solución
real a los hogares. Por eso se determinó
que el área mínima del lote puede
ser 35 metros y que eso se puede incorporar en los
planes de ordenamiento de los municipios”, aseguró
la funcionaria.
Adicionalmente se trabaja en la
delimitación del suelo rural del municipio
porque muchos municipios estaban desbordados por
las solicitudes de licencias de parcelación
sin ninguna regulación, en otras palabras,
suelo rural desprotegido.
Para la Ministra es claro que
para generar oferta de vivienda debe haber gestión
del suelo que es uno de los más grandes obstáculos
que se tiene en el momento y que seguramente el
país va a tener en el mediano y largo plazo.
“El suelo urbano en los planes
de ordenamiento es escaso. Hay muchas ciudades donde
ya no hay donde hacer vivienda en suelo urbano como
Bucaramanga, Manizales, ciudades donde prácticamente
no hay suelo urbano”, dijo Suárez Pérez.
