16/03/2006
- Brasilia – Al apoyar la identificación
de los productos transgénicos destinados
a la exportación, Brasil atiende a una reivindicación
de los movimientos sociales en defensa de la seguridad
ambiental y de la salud en todo el mundo – en especial,
de los países del Tercer Mundo.
"En realidad, el 90% del
comercio internacional de transgénicos se
realiza bajo control porque el gran mercado importador
lo exige. Ahora estamos hablando de controlar los
10% que restan, que muchas veces van para países
como, Nicaragua, Perú, Bolivia y los africanos,
que no tienen oportunidad de hacer pruebas, ni poder
político para impedir la entrada de ayudas
alimentarias, por ejemplo", revela Marijane
Lisboa, profesora del curso de Relaciones Internacionales
de la PUC-SP y representante de la Asociación
de Agricultura Orgánica (AAO), entidad que
hace parte de la Campaña Brasil Libre de
Transgénicos.
La identificación de transgénicos
para exportación, destinados al consumo humano,
animal o para procesamiento, está prevista
en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad,
acuerdo internacional firmado por 130 países
que impone reglas al comercio de organismos vivos
modificados (OVMs). Adoptado en 2000 por los miembros
de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), el Protocolo de Cartagena entró en
vigor en 2003.
Lisboa subraya que la circulación
de transgénicos sin identificación
representa riesgos para el medioambiente y para
la salud humana. Un grano no liberado para consumo,
por ejemplo, acaba entrando libremente en el país.
Ese grano puede caer en el suelo, germinar y causar
contaminación ambiental.
La profesora rechaza el argumento
de los productores rurales, que alegan que las exportaciones
agrícolas brasileñas perderán
competitividad con el coste adicional referente
a la identificación de transgénicos.
Según ella, el coste para control es de sólo
cuatro centavos de dólar por tonelada.
"Gran parte de nuestras exportaciones
ya pasan por pruebas y salen identificadas porque
los grandes mercados importadores, que son Unión
Europea, China y Japón no compran sin saber
lo que están comprando. Esos países
tienen leyes claras y los exportadores tratan de
seguirlas", agrega.
