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GREENPEACE DEFENDERÁ LA NECESSIDAD DE EMPRENDER UNA PROFUNDA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Panorama Ambiental
Internacional
Marzo de 2006
 

El CSN es actualmente un organismo supeditado a los intereses de la industria nuclear, secretista, y que no tiene en cuenta al público ni a los trabajadores

15 marzo 2006 - Madrid, España — Hoy, en la tercera sesión temática de la Mesa sobre energía nuclear creada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), Greenpeace defenderá la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La organización exige que este organismo se convierta en un servicio público, que responda a las demandas sociales de neutralidad, transparencia, participación del público, independencia de la industria regulada y eficacia en la gestión.

En la ponencia, Greenpeace demostrará con hechos objetivos que el CSN no ha actuado como un organismo neutral, sino que desde su creación ha sido, en todo momento, un engranaje más del sector español de la energía nuclear, un elemento creado para dar a la industria nuclear una apariencia falsa de legitimidad democrática de la energía nuclear ante los ojos de la sociedad. De aquí que Greenpeace lleve años reclamando una transformación del CSN para que éste se convierta en un organismo transparente, participativo e independiente de la industria nuclear.

“El CSN nació como el hijo de la Junta de Energía Nuclear, institución pronuclear, conservando las personas, métodos y su filosofía, cuyo objetivo era convertir a España en una potencia militar nuclear. En sus 26 años de vida se ha convertido en un organismo sin normativa propia, endogámico, que desprecia al público, a los trabajadores y hasta al Parlamento, entre otros de sus muchos defectos”, declaró Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace en temas nucleares y vocal de esta organización en la Mesa Nuclear.

Tras su creación en 1980, desgajado de la Junta de Energía Nuclear (JEN), la puesta en marcha del CSN no pudo ser más desafortunada, porque no se acompañó de un cambio de mentalidad. El CSN siguió siendo lo que la JEN había sido en los años anteriores: un elemento de la industria, un resorte necesario para justificar el desarrollo de la energía nuclear.

En el 2004 Greenpeace planteó a varios partidos políticos una propuesta para reformar el CSN que persigue dichos objetivos. El Grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IV-IU-ICV), respondió positivamente a este llamamiento y transformó la iniciativa original en una Proposición de Ley para revisar la ley de 1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. En septiembre de 2005 el Congreso acordó la toma en consideración de esta Proposición de Ley, con el apoyo de otros grupos políticos, como el Grupo Socialista, el de Esquerra Republicana de Catalunya, el Grupo Vasco y el Grupo Mixto.

La Proposición de Ley de reforma del CSN propone una serie de medidas:

Medida 1: Incrementar la supervisión parlamentaria
La primera medida que se propone es incrementar la supervisión parlamentaria del CSN. Nadie cuestiona la independencia del CSN en la toma de decisiones, pero lo que no puede suceder es que el CSN se convierta en una institución separada del resto del Estado de derecho, en un gueto de la democracia, porque eso no es bueno para nadie, ni siquiera para el propio CSN. Greenpeace quiere que el Parlamento sepa en que se gasta el dinero el CSN, a quien nombra, a quien contrata, que reciba información puntual de cómo funciona, porque lo que no es de recibo es que después se haga público que el CSN ha gastado y gasta millonadas en asesoramiento jurídico, en proyectos de investigación con la industria para hacerla la vida más fácil, en empresas del propio sector regulado.

Medida 2: la participación del ciudadano
El segundo pilar de la reforma, y sin duda el más importante, es que, por fin, la ley recoge derechos del ciudadano, que deja de ser un mero sujeto pasivo para pasar a tener una participación real y democrática en los asuntos del CSN. El ciudadano ya no es que pueda ser informado, es que tiene el derecho a serlo, es que tiene derecho a acceder a la información, a saber cual es la normativa aplicable, a proponer el desarrollo de normativa.

Además, el CSN tiene obligaciones frente a la sociedad. Ya no se trata de actos graciables de la Administración, sino de verdaderas obligaciones frente al público. En definitiva la proposición de ley pretende ser una segunda revolución democrática, que ponga al CSN a la cabeza de los organismos reguladores del mundo en cuanto a transparencia y participación.

Medida 3: Reforzar el carácter colegiado
La reforma refuerza el carácter colegiado del organismo. Cuando el legislador creó el CSN quiso fuera un órgano colegiado, en todos los aspectos de su funcionamiento, pero no todo el mundo lo quiere asumir. En los últimos años, con la presidenta Mª Teresa Estevan Bolea, el carácter presidencialista se ha exacerbado, por eso Greenpeace considera que la ley debe dejar muy claro que sólo le corresponden al presidente con carácter exclusivo los aspectos de representación de la institución, y aún en este caso dentro de lo acordado por el Consejo de forma colegiada.

Medida 4: Habilitar los mecanismos para que los trabajadores puedan denunciar problemas de seguridad sin temor a ser represaliados por el empleador Cada vez son más los trabajadores que se dan cuenta de que no se puede transigir siempre, como lo prueba la información remitida a Greenpeace por trabajadores de diversas centrales nucleares y del propio CSN. Greenpeace insiste en que en ningún caso puede considerarse satisfactorio que algo tan importante como las denuncias de los trabajadores sobre seguridad queden reguladas a nivel reglamentario. Para Greenpeace es una prioridad que quede recogido con rango legal.

Medida 5: Prohibir la contratación de empresas reguladas
La reforma pretende que se limite la contratación exterior, que se contrate sólo para aquello estrictamente necesario y nunca con empresas que dependen de los titulares de las autorizaciones. Porque no es de recibo que el CSN gaste millones en contratar a empresas como TECNATOM, Iberinco, Empresarios Agrupados, etc., todas ellas pertenecientes a las empresas eléctricas dueñas de las centrales nucleares. Nadie en su sano juicio puede esperar que una empresa que es propiedad de una eléctrica vaya a dar una opinión contraria a sus intereses.

Medida 6: Establecer un comité asesor externo
El CSN debe tener asesoramiento externo independiente, como los demás organismos reguladores homólogos al CSN. La principal ventaja de esos comités es que no dependen de la jerarquía interna del organismo y por ello son libres para opinar.

 
 

Fuente: Greenpeace – Internacional (www.greenpeace.org)
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