Los grupos
políticos deben tomar nota y aprobar con
máxima urgencia la reforma de la ley del
CSN que actualmente está en tramitación
en el Congreso
07 marzo 2006 - Madrid, España
— El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha recibido
en las últimas semanas dos serias críticas
internacionales por parte de organismos reguladores
y expertos en materia de seguridad nuclear. Losa
datos de estas instituciones demuestran la ineficacia
y falta de independencia del CSN así como
su funcionamiento opaco y cerrado a la participación
del público. Los informes pertenecen a la
Asociación de Reguladores Nucleares de Europa
Occidental (WENRA) y a la Agencia de Energía
Nuclear de la OCDE.
A la luz de estos informes, Greenpeace
considera que el pésimo funcionamiento del
CSN, tantas veces denunciado por el movimiento ecologista,
es ya un secreto a voces fuera de nuestras fronteras.
“El CSN se ha convertido en un organismo tan obsoleto,
secretista y supeditado a los intereses de la industria
nuclear que está recibiendo duras críticas
hasta de sus homólogos internacionales y
de otros organismos de la industria nuclear”, ha
declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña
de energía nuclear de Greenpeace.
Ante esta situación, Greenpeace
insta a los grupos parlamentarios a que aprueben
con la máxima urgencia la Proposición
de Ley de reforma del CSN que actualmente está
en tramitación en el Congreso de los Diputados,
con el fin de convertirlo cuanto antes en un organismo
eficaz, transparente, participativo y verdaderamente
independiente de la industria nuclear.
Hace unas pocas semanas la Asociación
de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA),
que reúne a los organismos reguladores en
materia de seguridad nuclear de los países
europeos con centrales nucleares, hizo público
un demoledor informe sobre la reglamentación
en materia de energía nuclear, que demostraba
que el CSN está a la cola de sus homólogos
europeos ya que sólo cumple el 40% de los
requisitos que la WENRA recomienda que debe cumplir
un organismo regulador.
Por otro lado, la Agencia de
Energía Nuclear de la OCDE (NEA/OCDE) acaba
de presentar al CSN las conclusiones de la auditoría
que realizó sobre el proceso de toma de decisiones
en relación con el accidente de Vandellós-2
de agosto de 2004. En este suceso se produjo la
rotura circunferencial de uno de los registros de
la tubería del tren B del sistema de refrigeración
de servicios esenciales (EF) y ello destapó
un rosario de deficiencias en otros muchos sistemas
de la central, algunos considerados de gran importancia
para la seguridad.
Tras unos primeros párrafos
iniciales de cortesía, en los que el informe
de los expertos de la Agencia de Energía
Nuclear juzga positivamente el informe de lecciones
aprendidas del CSN sobre el accidente de Vandellós-2,
los expertos dibujan un demoledor retrato robot
del organismo, confirmando, punto por punto, lo
que Greenpeace lleva años denunciando. El
informe de la NEA/OCDE es el espaldarazo definitivo
a la Proposición de Ley para la reforma del
CSN que actualmente se tramita en el Congreso de
los Diputados, ya que en él se describen
con precisión las debilidades del CSN que
justifican la urgente necesidad de modificar el
marco legislativo por el cual se creó y que
regula su funcionamiento.
Ante la ausencia de reglamentación
nacional en materia de seguridad nuclear, los expertos
de la NEA/OCDE recomiendan que el CSN compare exhaustivamente
todas sus prácticas de supervisión
de la seguridad de las centrales nucleares con la
reglamentación americana, que el CSN asume,
sin ningún soporte legal, desde su creación
en 1980. A una conclusión similar llegaba
hace unas semanas el revelador informe de WENRA
sobre armonización de la seguridad de los
reactores nucleares, en el que los reguladores afirman
contundentemente: “no existen requisitos legalmente
vinculantes en España. Debe establecerse
normativa nacional o una relación más
vinculante con la reglamentación de los Estados
Unidos”.
Así mismo, los expertos
de la NEA recomiendan al CSN que realice una revisión
en profundidad de su política y estrategia
de comunicación con los propietarios de las
centrales nucleares y de cómo reciben la
información desde ellas. Esta recomendación
tiene su origen en las múltiples ocultaciones
de información vital por parte de los propietarios
de la central de Vandellós-2 antes, durante
y después del accidente de agosto de 2004.
Recomiendan también que se haga una revisión
integral de todo el proceso de análisis de
la información relacionada con la seguridad
que se recibe de las centrales, de lo que se desprende
una evidente desconfianza hacia los operadores de
las centrales nucleares españolas que, como
Greenpeace ha denunciado repetidamente, incluso
manipulan la información que remiten al organismo
regulador.
El informe realiza múltiples
críticas hacia el Pleno del Consejo, la Secretaría
Técnica y la Dirección Técnica
del CSN sobre su gestión del suceso de Vandellós-2,
recomendando que se dote al organismo de un Comité
Asesor Técnico independiente para que pueda
asesorar al Pleno sobre temas de seguridad y que
se reafirme el carácter colegiado del Consejo,
algo que ha quedado en entredicho en diversas ocasiones
desde la llegada al organismo de la actual presidenta,
María Teresa Estevan Bolea, en particular
cuando ésta remitió un informe al
Congreso sobre el accidente de Vandellós
2 sin contar con la autorización del resto
de los Consejeros.
Estas recomendaciones, que coinciden
con las propuestas de Greenpeace para reformar la
ley del CSN, vienen a demostrar que los problemas
del organismo no son coyunturales, sino que necesitan
una radical transformación de personas, prácticas
y métodos, empezando por erradicar la connivencia
con los responsables de las centrales, que son impropias
de un organismo regulador, e iniciar una apertura
sin retorno hacia el público y sus agentes
sociales.
El informe dedica un último
capítulo a la estrategia y la política
de comunicación del CSN con el público,
algo sobre lo que las quejas de Greenpeace y de
otros agentes sociales son históricas. El
informe viene a reconocer que la política
de comunicación pública del CSN es
nefasta, y que es necesario un giro de 180º
en la misma para hacer frente a las demandas sociales
en esta materia.
“La plena coincidencia de las
conclusiones del informe de los expertos de la Agencia
de Energía Nuclear con el informe de WENRA
publicado hace unas semanas da la razón por
partida doble a Greenpeace, que lleva años
denunciando la total ausencia de normativa nacional
sobre seguridad nuclear y la inseguridad jurídica
que ello provoca”, añadió Bravo.
El autismo del CSN ante la última
crisis de Cofrentes, tras hacerse público
el informe de la Asociación Mundial de Operadores
Nucleares (WANO) en el que identificaban 36 importantes
deficiencias en la central, sumado al trato de favor
a la central de Ascó a finales del 2004,
son los ejemplos más recientes de que el
CSN no ha cambiado ni el fondo ni en la forma, y
lo peor es que no parece que se puedan descartar
nuevas crisis a corto plazo.