Madrid,
22 de marzo de 2006.- En el Día Mundial del
Agua, WWF/Adena denuncia que el uso ilegal del agua
en España está afectando a toda la
sociedad, al contribuir a la degradación
del medio ambiente y reducir la cantidad y calidad
de este recurso para los usuarios legales: empresas
de abastecimiento, regantes, industrias y particulares.
WWF/Adena insta al Ministerio de Medio Ambiente
y a las Comunidades Autónomas a que afronten
de manera decidida este problema.
En España existen aproximadamente
510.000 pozos ilegales. Esta cifra implica que cada
año se extraen ilegalmente al menos 3.600
hm3 de agua subterránea, lo que equivale
a más del consumo medio anual de todos los
habitantes de España y Portugal. Esto significa
que casi la mitad del agua bombeada de los acuíferos
se extrae al margen de la legalidad. Con este agua
se riega aproximadamente la sexta parte de los cultivos
de regadío en España, numerosos campos
de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico
desaforado.
En enero de 2006, una propuesta
de modificación de la Ley de Aguas elaborada
por un Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio
Ambiente causó mucho revuelo por promover
una ‘amnistía general’ para los pozos ilegales
existentes. Sin embargo, mientras en los despachos
del Ministerio se discute sobre cómo mejorar
la legislación, la Ley en vigor sigue siendo
‘papel mojado’ para muchos empresarios. Aunque el
problema de los pozos ilegales se observa en todas
las cuencas, WWF/Adena destaca los casos del Guadiana
(22.000 pozos ilegales frente a 16.000 legales sólo
en La Mancha), Guadalquivir (10.000 pozos ilegales)
y Segura (al menos 20.000 captaciones ilegales frente
a 4.500 legales; 100.000 hectáreas ilegales
en regadío).
El uso ilegal del agua es un problema
que afecta principalmente al medio ambiente (ríos,
humedales y acuíferos) y a los usuarios legales:
empresas de abastecimientos, regantes, industrias
y particulares que extraen agua para consumo doméstico,
que se quedan sin agua mientras otros obtienen importantes
beneficios económicos infringiendo la Ley.
En muchos casos, la disminución del recurso
disponible va acompañada de una disminución
de su calidad, los cultivos acaban ‘quemados’ por
aguas cargadas en sales y algunas poblaciones se
enfrentan al agua de boca contaminada con fertilizantes
y pesticidas.
WWF/Adena insta al Ministerio
de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas
a que afronten de manera decidida el uso ilegal
del agua. Según WWF/Adena, es esencial que
los responsables de la gestión del agua se
dediquen más a la identificación y
sanción de los usos ilegales del agua, empezando
por aquellos que más esquilman los acuíferos.
Además, se debe reforzar la responsabilidad
de los usuarios legales en la gestión y vigilancia
del uso del agua, reformando las Comunidades de
Usuarios del Agua y promoviendo su formación
y sensibilización en el uso racional del
agua.
Las Comunidades Autónomas
tienen la responsabilidad de atajar el problema
desde la raíz. Por ello, han de perseguir
los cambios de uso de suelo no autorizados (como
ejemplo, la roturación de monte público
para poner regadío) que, a menudo, van asociados
a la búsqueda de fuentes ilegales de agua.
Asimismo, tienen que elaborar planes de ordenación
territorial que sean compatibles con los recursos
disponibles en cada cuenca hidrográfica y
establecer la legalidad del uso del agua como requisito
obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria.
Lucia De Stefano, Responsable
de Política de Aguas de WWF/Adena, explica:
“El agua es un bien de todos y la sociedad no debe
tolerar que unos cuantos empresarios se enriquezcan
infringiendo la Ley. Por ello, la Administración
tiene que ser más eficaz y decidida a la
hora de perseguir el uso ilegal el agua.” Y concluye:
”Las Comunidades Autónomas tienen la gran
responsabilidad de atajar el problema desde la raíz,
a través de su políticas agrarias
y urbanísticas”.
En el acto de prensa se proyectaron
las entrevistas concedidas por dos agricultores,
una de ellas anónima, explicando las consecuencias
que han sufrido por el uso ilegal del agua en su
zona. También participó testigo del
robo del agua un funcionario de una Confederación
Hidrográfica.