25 abril
2006 - Madrid, España — La organización
ecologista ha remitido un escrito a la Delegación
Provincial de Almería rebatiendo estos argumentos.
Igualmente ha informado al Presidente Chaves y a
la Ministra Narbona de los diferentes casos en los
que la Junta de Andalucía está dejando
de aplicar la legalidad en beneficio de la urbanización
en el Cabo de Gata.
Greenpeace lleva varios meses
tratando de que la Junta de Andalucía reconozca
sus responsabilidades en el caso de la construcción
ilegal del hotel de la playa de El Algarrobico,
dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
(Almería).
En la última carta remitida
por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
a Greenpeace, el delegado en Almería, Juan
José Luque, olvida y elude el papel decisivo
que una Administración como la Junta de Andalucía
ha de cumplir ante un supuesto tan grave y llamativo
como el de la playa de El Algarrobico.
En su contestación a la
Junta de Andalucía, la organización
ecologista ha lamentado que ésta se autoexculpe
de sus evidentes responsabilidades al no intervenir
en tiempo y forma en este asunto. Parte de dicha
exculpación se basa en trasladar las culpas
al Ministerio de Medio Ambiente acusándole
de no haber emitido “ninguna sugerencia, advertencia
o revisión desde la perspectiva de la protección
y defensa del dominio público marítimo-terrestre
al Plan Parcial recogido en las NNSS de Carboneras”
(extracto de la carta enviada a Greenpeace). La
organización ha remitido al delegado provincial
las copias de los informes de la Dirección
General de Costas donde queda claramente reflejado
que el Ministerio considera desde 1995 que el hotel
de El Algarrobico incumple la Ley de Costas al no
respetar los 100 metros de distancia a la ribera
de mar.
Greenpeace ha recordado al delegado que la Junta
de Andalucía no sólo tiene competencias
urbanísticas, sino también competencias
en materia de medio ambiente, en virtud de las cuales
tiene obligación de garantizar y salvaguardar
el litoral en la acepción más amplia
del término. Además, ha repasado las
ocasiones en las que la Junta de Andalucía
debía haber actuado para paralizar la construcción
del hotel de Azata.
Greenpeace ha recordado a la Junta
de Andalucía que, a pesar de su falta de
actuación en el pasado, en la actualidad
tiene la obligación de actuar a la vista
de los nuevos argumentos que han surgido en este
caso: la declaración del deslinde del dominio
público marítimo-terrestre realizada
en noviembre de 2005 por el Ministerio de Medio
Ambiente que afecta de forma directa a la legalidad
del hotel.
Igualmente destacable es la paralización
de las obras del hotel decretadas por el Juez del
Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería
el pasado mes de febrero y la apertura de un expediente
contra España por parte de la Comisión
Europea al no haberse realizado la correspondiente
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
a pesar de situarse en un Lugar de Importancia Comunitaria.
Por último, Greenpeace considera como un
hecho muy grave la actual tramitación de
nuevos instrumentos de protección del Parque,
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
en los que no se contempla en absoluto la situación
creada en El Algarrobico, ni medidas de ningún
tipo para preservar esa parte del litoral.
“La Junta de Andalucía
ha dejado pasar muchas ocasiones para actuar a pesar
de que estaba obligada a ello. Aún no es
demasiado tarde para que asuma su responsabilidad
y proteja esta tramo de litoral de forma efectiva.
Nos preocupa que la Junta esté permitiendo
la destrucción de la costa y su paso a manos
de las constructoras ” ha declarado María
José Caballero, responsable de la Campaña
de Costas de Greenpeace.
Especialmente preocupante es el
hecho de que éste no es el primer caso en
el que la Junta de Andalucía deja pasar oportunidades
para aplicar la legalidad. En este sentido Greenpeace
ha remitido tanto al Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, como a la Ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, un documento que recoge algunos
de los casos en los que la urbanización ha
ganado a la protección ambiental:
El caso de las normas subsidiarias
de Marina de Agua Amarga en el que la Junta de Andalucía
no informó al TSJ de Andalucía de
la clasificación del espacio como Hábitat
Prioritario y Exclusivo y no recurrió la
sentencia.
El caso de las normas subsidiarias
(NNSS) de Níjar por las que este ayuntamiento
planteaba la urbanización espacios protegidos
por el PORN de Cabo de Gata-Nijar. La Junta no presentó
la planimetría del PORN que acreditaba la
protección de los espacios protegidos, por
lo que el TSJA declaró los terrenos urbanizables
en contra de lo dispuesto en por la Ley 4/89 y de
la jurisprudencia del propio TSJA. En este caso
la Junta de Andalucía recurrió la
sentencia posteriormente y se está a la espera
de la sentencia firme.
El caso de un particular que recurrió
las NNSS de Níjar que habían declarado
no urbanizables sus terrenos. La Junta no aportó
los planos del PORN que acreditaban la protección
de estos terrenos, que fueron declarados urbanizables.
La Junta tampoco ha recurrido la sentencia que permite
la urbanización del terreno, hoy en propiedad
de la empresa URBIS.
El caso de Azata para que no se
realizase Evaluación de Impacto Ambiental
sobre terrenos colindantes a El Algarrobico protegidos
por el PORN y declarados ZEPA y LIC. Se desconoce
exactamente la motivación de la sentencia
que declara que no debe realizarse evaluación
de impacto ambiental. Al tiempo que se conocía
esta sentencia del TSJA se sabía que la Comisión
Europea había abierto un expediente contra
España por este motivo.
El caso de Punta Isleta, que pretendía
que se declaren urbanizables espacios protegidos
por el PORN. En este caso la Consejería de
Medio Ambiente aportó una plano del PORN
donde el espacio urbanizable de la Isleta del Moro
era unas cuatro veces superior a lo que declara
el PORN y se correspondía exactamente con
la propuesta de urbanización de Punta Isleta.
Posteriormente la Consejería aportó
otro plano, que aunque ilegible, era la copia legal
del mapa publicado en el BOJA. El pleito está
en fase de conclusiones finales.
