Toledo,
27 de abril de 2006- Las organizaciones ecologistas
WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción
exigen que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG)
recupere en breve plazo los acuíferos de
La Mancha para aportar agua a los humedales de la
‘Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda’.
Según estas organizaciones, se necesita un
Plan que sea útil a largo plazo, independiente
de coyunturas políticas y con un seguimiento
eficaz basado en indicadores reales. Sólo
la recuperación ecológica puede garantizar
el futuro del regadío y de los abastecimientos
en la Mancha y, para ello, es imprescindible una
reconversión de la agricultura apoyada con
fondos de las diferentes administraciones.
Las organizaciones ecologistas
WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción
presentan hoy en Toledo sus propuestas para el Plan
Especial del Alto Guadiana (PEAG), dirigidas al
Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
A juicio de las organizaciones
ecologistas, el Plan está obligado a alcanzar
los objetivos ambientales que exige la Directiva
Marco Europea de Aguas, es decir, recuperar en 2015
los niveles freáticos adecuados de los acuíferos
para que aporten agua desde los ‘Ojos del Guadiana’
al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este
objetivo es el único que garantizaría
el buen estado ecológico de la cuenca, a
la par que permitiría un uso sostenible del
agua destinada a los abastecimientos y el regadío.
Para ello, las organizaciones ecologistas proponen
tres acciones clave. De un lado, revisar, aplicar
y controlar un Plan de Extracciones acorde con la
meta marcada. De otro, reconvertir la agricultura
y, por último, adquirir derechos de agua
y terrenos destinados a la recuperación ambiental.
Los planes de extracciones que
se deriven del PEAG deberán limitar las extracciones
de una forma realmente efectiva y reservar suficiente
agua para garantizar la recuperación de los
acuíferos en los plazos establecidos. Como
paso previo, la Confederación debe asegurarse
de que no existe un sólo pozo legalizado
sin caudalímetro. Asimismo, la Consejería
de Agricultura ha de garantizar que no se subvencionará
ningún regadío irregular o ilegal.
El régimen sancionador deberá seguir
aplicándose de manera constante y basarse
en un sistema de control de pozos ilegales que utilice
todas las tecnologías disponibles, empezando
por penalizar a los mayores incumplidores.
En paralelo, la otra iniciativa
fundamental es la reconversión de la agricultura
mediante al fomento de cultivos resistentes al estrés
hídrico, el apoyo a los cultivos de secano
con proyección futura y una reorientación
económica apoyada en los fondos de desarrollo
rural. La clave consiste en eliminar el regadío
irregular, desincentivar el regadío y mejorar
las técnicas y el uso del riego.
En caso de crearse un ‘fondo social
de uso del agua’, la adquisición administrativa
de derechos de agua tendría que empezar por
los usuarios más consumidores, ser transparente,
participativa y utilizar sólo una pequeña
parte del volumen anual rescatado por la administración.
En ningún caso, este fondo debería
suponer una concesión administrativa ni eximir
del cumplimiento de las sanciones por el uso ilegal
previo del agua. Los ecologistas manifiestan su
oposición a que se produzcan nuevas extracciones,
ni siquiera en épocas de sequía, por
lo que no se debería seguir favoreciendo
la transformación de cultivos de secano a
regadío, particularmente el viñedo.
Las organizaciones ambientales
proponen la creación de un ‘Observatorio
de la Sostenibilidad del Alto Guadiana’ independiente,
para velar y certificar los avances del PEAG. Piden
también una mayor transparencia informativa
y la participación de las organizaciones
ambientales en todo el proceso de implantación
del Plan.
Finalmente, solicitan una moratoria
de los proyectos que puedan comprometer la eficacia
del PEAG como parques temáticos, campos de
golf y urbanizaciones.
Las organizaciones ecologistas
han recogido estos planteamientos en un documento
conjunto que van a trasladar al Ministerio de Medio
Ambiente y a la Junta de Castilla-La Mancha, y quieren
que sirva de base para iniciar un diálogo
con los agentes afectados, en particular, el sector
agrario, las comunidades de regantes y los ayuntamientos.
