30 mayo
2006 - Ciudad de México, México —
La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS)
de la Semarnat ha venido autorizando la exportación
de especies amenazadas, entre las cuales se incluyen
plantas psicotrópicas como el peyote, con
lo cual esta dependencia ha legitimado el tráfico
ilegal de esas especies. Con documentos oficiales
en la mano, esto fue denunciado por Greenpeace y
las organizaciones Teyeliz, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (Cemda), Conservación de Mamíferos
Marinos (Comarino), Fondo Internacional Para La
Protección de los Animales y su Hábitat
(IFAW) y la Unión de Grupos Ambientalistas
(Ugam).
Haciendo a un lado todas las disposiciones
legales (incluida la Ley General de Salud) y sin
acatar los procedimientos oficiales, esta dependencia
autorizó en 2004 y 2005 la exportación
de 300 plantas de peyote (Lophophora williamsii).
Asimismo, en 2005 y 2006 autorizó la exportación
de cientos de cargamentos de diversas especies de
animales y plantas silvestres sin acatar la legislación
ambiental.
Todas las cactáceas, incluido
el peyote, están listadas en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El texto de
la CITES es una ley suprema y en ella se establece
que la Autoridad Administrativa CITES de México,
en este caso la DGVS, es responsable de revisar,
autorizar y expedir los permisos de exportación
de especies CITES, pero éstos deben pasar
por la Autoridad Científica CITES que en
México es la Conabio (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad),
a fin de que ésta certifique que dichos permisos
no amenazan la supervivencia de las especies.
Sin embargo, en 2005 la DGVS decidió
ignorar a la autoridad científica. Solamente
le envió un permiso para su revisión
y emitió otros 264 permisos de exportación
de especies silvestres y sus productos (muchos de
ellos no comercializables) sin consultar a la Conabio,
con lo cual violó las disposiciones de la
CITES.
Los permisos de exportación
CITES tienen una vigencia de 6 meses. En el caso
del permiso de exportación de peyote, éste
fue emitido en dos ocasiones: la primera el 8 de
julio del 2004 y la segunda el 10 de enero del 2005.
Es decir, los permisos emitidos por la Semarnat
estuvieron vigentes durante un año (sin ser
cancelados, como ahora afirma la Semarnat).
“Autorizar la exportación
de plantas de peyote es igual que autorizar la exportación
de plantas de marihuana o amapola. No importa la
intención, su fin o de dónde provengan,
es ilegal de acuerdo con la Ley General de Salud
y el Código Penal Federal”, dijo María
Elena Sánchez, presidenta de Teyeliz.
Un lucrativo negocio
Entre los permisos de exportación
de 2005 y 2006 están: 91 mil cactáceas
(300 plantas de peyote), 57 delfines, 475 toneladas
de candelilla, 715 metros cúbicos de caoba,
21 toneladas de cactáceas columnares, 139
metros cúbicos de Guayacán, 109 trofeos
de borrego cimarrón, 3,000 orquídeas,
3,326 kilogramos de caracol rosado, así como
una especie nueva de cactus descubierta apenas en
el 2004 y autorizada para exportación comercial
en el 2005.
“Precisamente el día en
que fue publicada la prohibición para importar,
exportar o reexportar mamíferos marinos,
el 26 de enero de este año, fue autorizado
un volumen de exportación de esta fauna que
superaba a lo autorizado en todo 2005. La responsabilidad
recae sobre la Autoridad Administrativa CITES, que
en este caso es Felipe Ramírez, director
de la DGVS”, dijo Laura Rojas, presidenta de Comarino.
Beatriz Bugeda, directora para
América Latina de IFAW, señaló:
“El secretario del Medio Ambiente, José Luis
Luego Tamargo, conoce estas irregularidades y la
posible comisión de delitos detectados en
la expedición de certificados CITES a cargo
de la Dirección General de Vida Silvestre.
Es su obligación dar parte de ello a las
autoridades competentes y en su caso, garantizar
que estos actos no queden impunes. Por ello debe
instruir de inmediato que se lleve a cabo una auditoría
en dicha Dirección y separar de sus cargos,
por el tiempo que dure la investigación,
a los funcionarios probablemente involucrados”.
Gustavo Alanís, presidente
del CEMDA, destacó el volumen de irregularidades
y violaciones sistemáticas al marco jurídico
ambiental nacional e internacional y cuestionó:
“¿Quién protege a los funcionarios
involucrados en el otorgamiento de permisos que
se dan en contra de la ley? ¿Quiénes
son realmente las personas y organizaciones/mafias
que están traficando con nuestra riqueza
natural? ¿Acaso estamos ante un encubrimiento
generalizado?”.
"México, como país
megadiverso y con altos índices de corrupción,
ha sido terreno fértil para el tráfico
de especies, delito en el que han estado involucrados
altos funcionarios de la actual administración
que no ha hecho nada para impedir tan graves irregularidades
sino, por el contrario, las ha solapado, haciéndose
con ello cómplice de este delito", afirmó
Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
