Madrid,
10 de mayo de 2005. Por primera vez en España
los tribunales suspenden cautelarmente la caza en
dos cotos donde se usaron cebos envenenados. Las
medidas que habían sido solicitadas por WWF/Adena
como acusación particular han sido adoptadas
por los juzgados de instrucción de Aranjuez
(Madrid) y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
en terrenos de Aranjuez y Torre de Juan Abad y constituyen
un gran paso en la erradicación de una práctica
ilegal sumamente perjudicial para el medio ambiente.
En el primer caso, la medida de
suspensión de la caza ha sido confirmada
en dos cotos de Aranjuez por la Audiencia Provincial
de Madrid, tras haber presentado un recurso los
gestores de los acotados (la firma “Cotos y Cacerías
Hermanos Molinero S.L.”), ante la primera resolución
del Juzgado de Instrucción de esta localidad.
La suspensión se basa en la inexcusable obligación
legal de preservar la riqueza faunística,
como base del derecho a la caza, rota, según
todos los indicios, por la colocación de
cebos envenenados por el guarda del coto, con utilización
de medios (vehículo y otros) pertenecientes
a la sociedad a la que se confirma la prohibición
de gestionar derechos cinegéticos hasta la
celebración del juicio. Hay que recordar
que cuando se produjeron los hechos esta empresa
gestionaba también la caza en la finca lindante
Sotomayor, propiedad de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción
nº 1 de Villanueva de los Infantes ha admitido
la medida cautelar interesada por la representación
de WWF/Adena. Todo ello, tras haber visto los informes
emitidos por la Consejería de Medio Ambiente
de Castilla-La Mancha en los que consta el hallazgo
de 227 cebos envenenados en el coto Pozo Esteban
(Torre de Juan Abad), colocados a instancias de
dos miembros de la sociedad arrendataria. El veneno
supone un peligro masivo para especies presentes
en la zona como el águila imperial o el buitre
negro.
Para Carlos Cano, responsable
del proyecto contra el veneno de WWF/Adena: “Estas
resoluciones suponen un avance de juzgados y fiscalías
en la mejora de la eficacia penal contra esta práctica
ilegal, que lleva a la extinción a nuestras
especies protegidas.”. Y continua: “Es necesario
la implicación de todos los sectores –incluyendo
destacadamente a la justicia- para frenar la impunidad
con la que esta práctica se desarrollado
en los últimos años. Estamos convencidos
de que la reciente creación de los fiscales
de medio ambiente en las fiscalías provinciales
supone ya un paso muy importante”.
El empleo de cebos envenenados
ocasiona daños muy graves e indiscriminados
en la conservación de la fauna amenazada.
Debido a su carácter masivo y de gran efecto
destructivo está tipificado como delito en
el código penal y como infracción
grave o muy grave en las leyes de caza o conservación
de la Naturaleza. Es necesario concienciar a los
responsables de la aplicación de la Ley (penal
y administrativa) de la necesidad de acabar con
la situación de impunidad que ha imperado
para estas infracciones. Sin sancionar a los infractores
no será posible hacer frente a uno de los
mayores atentados que se cometen contra la naturaleza:
el uso de cebos envenenados.
