El informe
“Elegir electricidad limpia” expone las medidas
políticas para permitir que los consumidores
puedan rechazar la energía sucia
19 mayo 2006 - Madrid, España
— Los consumidores podrían impulsar la transformación
del sistema energético hacia las energías
limpias, si pudiesen elegir el origen de la electricidad
que consumen. Sin embargo, esta elección
no es posible actualmente en nuestro país,
debido a que las tarifas eléctricas fijadas
por el Gobierno no reflejan los verdaderos costes
de la energía. A esto se añade la
falta de un etiquetado eléctrico que informe
en las facturas del origen e impacto ambiental de
la electricidad, dejando a los consumidores en manos
del “engaño verde” de las eléctricas.
Estas son las principales conclusiones
del informe “Elegir electricidad limpia”, presentado
hoy por Greenpeace. En el informe se detalla qué
fuentes de energía se pueden considerar aceptables
para producir electricidad limpia, qué criterios
deberían exigir los consumidores a las comercializadoras
para materializar su elección, las barreras
que impiden elegir electricidad limpia aquí
y ahora, y las propuestas de Greenpeace para hacerlo
posible, basadas en una política de tarifas
que permita la viabilidad de la comercialización
de electricidad y en un etiquetado eléctrico
que asegure una total transparencia.
"Si podemos elegir la composición
y el origen de cualquier producto que compramos,
con la electricidad debería pasar lo mismo:
los consumidores tenemos derecho a elegir de dónde
viene la electricidad que compramos", ha declarado
José Luis García Ortega, responsable
de proyectos de la campaña de energía
de Greenpeace. “Es precisamente el origen de la
electricidad lo que determina su impacto ambiental,
y eligiendo electricidad procedente de fuentes limpias
podemos contribuir a evitar un cambio climático
peligroso y a abandonar la energía nuclear”.
El informe define lo que Greenpeace considera electricidad
limpia, que es aquella procedente de fuentes renovables
(solar, eólica, minihidráulica, biomasa,
geotérmica, olas) y sólo en la medida
en que éstas no estén disponibles,
especifica otras fuentes aceptables transitoriamente
(biogás de residuos, gran hidráulica
existente, cogeneración con gas natural).
Además se establecen criterios ambientales
para priorizar entre ellas. En todo caso, para ser
considerada electricidad limpia nunca puede proceder
de nuclear, carbón ni petróleo.
Según el informe, para
que los consumidores puedan elegir electricidad
limpia las empresas comercializadoras deberían
contratar directamente con los productores, mediante
“contratos bilaterales físicos”, la energía
que demandan, asegurando de esta forma que el flujo
del dinero que pagan por la energía consumida
va sólo a los productores elegidos por el
consumidor.
Greenpeace establece cuatro criterios
imprescindibles para que la oferta de electricidad
limpia sea real:
a) que el origen de la electricidad
sea limpio exclusivamente;
b) que tenga un efecto ambiental
positivo, asegurando que antes de cinco años
cada consumidor sea suministrado con centrales nuevas;
c) que en todo momento la demanda
de los consumidores esté cubierta con generación
limpia y;
d) que exista absoluta transparencia
en cuanto al origen, precios e impacto ambiental
de la electricidad suministrada.
Además, otros seis criterios
permitirían valorar unas ofertas frente a
otras, en caso de existir: que las garantías
de origen acompañen siempre a la electricidad,
que el precio refleje los verdaderos costes, que
las empresas se dediquen exclusivamente a suministrar
energía limpia, que la electricidad limpia
esté disponible para todo el que lo solicite,
que los consumidores puedan participar en las decisiones
sobre el destino de los recursos obtenidos y que
exista un compromiso con el ahorro y eficiencia,
ayudando a los clientes a consumir menos.
Sin embargo, actualmente en nuestro
país no es posible elegir electricidad limpia,
debido a que los precios de la electricidad que
se aplican al consumidor (tarifa integral fijada
por el Gobierno) no se corresponde con los precios
del mercado de la energía, haciendo inviable
toda actividad de comercialización. Esto
se agrava al permitir que en la práctica
empresas pertenecientes a los mismos grupos realicen
actividades incompatibles, con lo que las grandes
eléctricas pueden ejercer una competencia
desleal con las independientes. En el caso de la
electricidad limpia, además, la inexistencia
de una garantía de origen de toda la electricidad
y de un etiquetado eléctrico, dejan al consumidor
en manos del posible “engaño verde” de las
eléctricas.
Para hacer posible la elección
de electricidad limpia, Greenpeace pide:
• Una tarifa que refleje los costes reales, permitiendo
la viabilidad de cualquier actividad de comercialización
de electricidad.
• Una política de precios favorable al medio
ambiente, promoviendo un uso más racional
de la energía e internalizando los costes
ambientales de las energías sucias.
• Una separación completa de actividades
entre las empresas (y grupos de empresas) que vendan
la electricidad (comercializadoras) y las que la
distribuyen y suministran a tarifa (distribuidoras).
• Una garantía de origen de toda la electricidad,
siempre unida a la propia electricidad en toda transacción
comercial.
• Un etiquetado eléctrico uniforme y fiable
que todas las comercializadoras deban incluir con
sus facturas, informando del origen e impacto ambiental
de la electricidad que venden.
• Medidas para favorecer la participación
de todos los consumidores en el mercado eléctrico.