Las cinco
organizaciones ecologistas denuncian la especulación
urbanística como la principal amenaza del
medio ambiente en España
05 junio 2006 - Madrid, España
— Aprovechando la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, las cinco organizaciones
ecologistas de ámbito estatal (WWF/Adena,
SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción
y Amigos de la Tierra) denuncian las nefastas consecuencias
ambientales y sociales del urbanismo sin control
en España y solicitan a todos los Presidentes
de Comunidades Autónomas y al Gobierno que
impidan la especulación urbanística.
Entre 11000 y 2000, el suelo urbanizable
en España aumentó 170.384 hectáreas,
lo que supone el 25% del territorio. En este mismo
periodo se perdieron 239.248 hectáreas de
suelo forestal. En 2005 se batieron todos los record
de construcción llegando a las 800.000 viviendas.
La construcción ha pasado a convertirse en
uno de los principales negocios y el motor económico
del país. Sólo en 2005 la construcción
explicó en España el 40% del aumento
del empleo total de la economía y el 33%
del crecimiento del PIB.
A pesar de estas cifras, España
figura en el grupo de países de la OCDE que
ha registrado crecimientos más acusados del
precio de la vivienda. De hecho, el acceso a la
vivienda sigue siendo uno de los principales problemas
sociales. En 2005 la relación entre el crédito
a las familias y la renta disponible familiar ascendió
al 115%. Es decir, los elevados niveles de construcción
no están produciendo descensos en los precios
de las viviendas, sin embargo, sí están
creando importantes problemas ambientales.
La degradación del litoral
mediterráneo es un ejemplo que se extiende
a todo el Estado. Las costas del norte se resienten,
la edificabilidad de los 1.700 kilómetros
de franja marítima en Galicia aumentará
un 75% con los nuevos planes urbanísticos
que programan 600.000 pisos.
El interior del país tampoco
se queda atrás. De hecho, el crecimiento
urbanístico en regiones como Madrid superó
la media nacional en la década 11000-2000
urbanizando el 50% de su territorio. Más
de un centenar de los 179 municipios de la región
prepara en estos momentos sus Planes Generales de
Ordenación Urbana, lo que supondrá
la inminente salida al mercado de suelo para la
construcción de, al menos, 260.000 viviendas.
La marea urbanizadora arrasa con
todo. La figura de espacio natural protegido ya
no es garantía de supervivencia, los gobiernos
autónomos modifican los límites, revisan
la normativa, autorizando viviendas, grandes infraestructuras,
estaciones de esquí, puertos deportivos,
etc. Pero las repercusiones no son sólo ambientales,
ya que el patrimonio cultural, histórico
y arquitectónico también se resiente.
El paisaje de huertas tradicionales en el Levante
y Murcia desaparece. Los conjuntos monumentales,
a pesar de estar declarados Patrimonio de la Humanidad,
están amenazados. Asi, en la ciudad de Toledo
se prevé la construcción de la tradicional
vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
las viviendas se comen la ladera del monte Abantos
y arrebatan las vistas del monumental Monasterio.
Asociado a esta vorágine
constructiva surgen los problemas de corrupción
en la mayoría de las administraciones. En
este contexto las irregularidades urbanísticas
son constantes. Los derechos de los ciudadanos se
pisotean y los informes ambientales negativos se
convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan
información urbanística y son numerosos
los casos de prevaricación y delito urbanístico
cometidos por responsables municipales. A pesar
de las denuncias, la impunidad es escandalosa. La
falta de sensibilidad o de conocimiento urbanístico
por parte de muchos jueces contribuye a fomentar
esta situación.
Una mención aparte merece
lo que está sucediendo en la Comunidad de
Madrid donde el propio Gobierno regional, mediante
la actual Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, mira para otra
parte e, incluso, favorece actuaciones urbanísticas
a todas luces irregulares.
Ante esta situación, las
cinco organizaciones ecologistas se han dirigido
a los 17 Presidentes autonómicos y al Gobierno
para solicitar una actitud más activa y eficaz
en la persecución de la delincuencia y de
las irregularidades urbanísticas. En este
sentido, las organizaciones confían en que
la creación de la figura del Fiscal Coordinador
de Medio Ambiente y Urbanismo y el nuevo texto de
la Ley del Suelo, que tramita el Ministerio de Vivienda,
frenen la espiral especuladora en la que ha entrado
la práctica totalidad del territorio español.
