22 junio
2006 - Nueva Aldea, Chile — Una activista argentina
podría ser deportada de Chile en las próximas
horas por manifestarse contra la contaminación
de una papelera, luego de permanecer durante varias
horas encadenada a un contenedor colocado para bloquear
el acceso a la planta de la empresa Celco.
En una acción sin precedentes,
Greenpeace bloqueó el acceso principal a
la planta de celulosa Nueva Aldea junto a 30 activistas
, entre ellos dos argentinos, encadenados a las
ruedas de un camión.
Simultáneamente un grupo
de 6 escaladores desplegó un lienzo desde
100 m etros de altura, en la torre de caldera del
interior de la planta donde se leyó: CELCO:
BASTA DE CONTAMINAR. Además sobre el camión
se ubicó un contenedor de 3 toneladas en
el cual otros 12 activistas se encadenaron de los
brazos.
Entre los activistas se encontraban
los argentinos Leo Silva y Roxana Fiorelli, quien
continuaba esta tarde encandenda al contenedor y
podría ser deportada en las próximas
horas, según dijo a la prensa, Jorge duarte,
jefe del departamento de extranjería de la
policía de investigaciones de la VIII Región
de Chile.
La protesta de Greenpeace comenzó
ayer a las 11 y continuaba hoy, con la presencia
de el alcalde de Trehuaco, personas de las comunidades
afectadas, y un fuerte resguardo policial, en el
marco de la campaña regional contra las papeleras
que lleva a cabo la organización internacional.
Greenpeace reclama los gobiernos
de Uruguay, Argentina y Chile la adopción
de un Plan Regional de Producción Limpia
que fije altos estándares ambientales para
la industria del papel y, principalmente, la adopción
de tecnologías que no utilicen cloro en el
proceso de blanqueo de la pasta celulósica.
Bajo el marco de esta acción,
Greenpeace presentó un documento que recopila
gran parte del Prontuario Ambiental de CELCO, incluyendo
su planta en Argentina Alto Paraná y el mismo
complejo Nueva Aldea.
“Estos antecedentes son el reflejo
de la irresponsabilidad corporativa de CELCO. Es
por esto, y la desconfianza que nos demuestra la
empresa, que exigimos que no se inicien las operaciones
hasta que se cuenten con las reales garantías
de que este complejo no cometerá graves daños
ambientales como los que hemos recopilado”, señaló
Samuel Leiva Coordinador de Campaña de Greenpeace.
La organización exige que
el complejo no inicie sus actividades fijadas para
fines de este mes, hasta que se cumplan sus demandas.
“Lo que estamos haciendo hoy es el trabajo del Estado.
La misma autoridad ha señalado que esta planta
pone en riesgo la salud de las personas, el medio
ambiente y la economía local de más
de 45.000 ciudadanos, al verter los residuos tóxicos
al río”, agregó Leiva.
Greenpeace exigió a CELCO
que no descargue sus residuos organoclorados al
río Itata, ya que estos son altamente tóxicos,
dañinos y peligrosos, y que se comprometa
a cambiar su tecnología de blanqueo a una
que no contenga sustancias cloradas.
Los dardos no sólo apuntaron
a la empresa. Greenpeace exigió también
al gobierno que se comprometa a fortalecer la legislación
nacional existente, principalmente la referida al
decreto 90, a fin de que la regulación chilena
incorpore las sustancias tóxicas como los
AOX (compuestos organoclorados). Además la
ONG exigió que se efectúe un nuevo
estudio ambiental a la planta, siendo que el complejo
no es el mismo que se evaluó, sino que presenta
variaciones buscando un aumento en su capacidad
de producción.
“Nos quedaremos esperando que
CELCO y la autoridad respondan estas exigencias,
que son el reflejo de lo que la comunidad ha solicitado
en innumerables ocasiones. No estamos dispuestos
a esperar un nuevo desastre ambiental para que se
lleven a cabo estas medidas”, puntualizó
Leiva.
Todas estas demandas fueron
entregadas en un documento de compromiso a la Gerencia
de CELCO y la Intendencia de la 8va Región
