16 junio
2006 - Buenos Aires, Argentina — La organización
ambientalista Greenpeace denunció hoy que,
con la complicidad de las autoridades de control,
una empresa productora de combustible nuclear ingresó
un cargamento de uranio al puerto de Buenos Aires
que está siendo traslado en forma inconstitucional
a través de la Ciudad Autónoma.
El uranio tiene está siendo
trasladado a las instalaciones de la empresa Dioxitek
S.A. para la elaboración de dióxido
de uranio en la ciudad de Córdoba. El dióxido
de uranio es la materia prima para la elaboración
del combustible nuclear de las centrales atómicas
de Atucha I y Embalse.
El tránsito de uranio por
la Ciudad de Buenos Aires implica la violación
de prohibiciones constitucionales y de diversas
legislaciones provinciales y locales que restringen
la actividad nuclear en diversas jurisdicciones,
en una práctica frecuente que permiten las
autoridades que regulan la actividad nuclear en
la argentina.
El buque correspondiente es el
"BBC Chile" (de bandera de Antigua Barbuda)
y el envío consta de nueve contenedores de
uranio natural, cuyo tránsito por la ciudad
de Buenos Aires es inconstitucional debido a la
prohibición específica que el artículo
26 de la Constitución porteña establece
para "la elaboración, el transporte
y la tenencia de sustancias y residuos radioactivos".
El uranio es un elemento radiactivo
que posee la particularidad de liberar energía
en forma de radiación ionizante que representa
un grave riesgo para la salud cuando es ingerido
o inhalado.
"Este transporte por la calles de la ciudad
es sumamente peligroso y desconoce el rechazo de
la población a la energía nuclear.
Muchos municipios y provincias prohíben el
transporte nuclear por su territorio, en una clara
actitud precautoria", declaró Juan Casavelos,
coordinador de la Campaña de Energía
de Greenpeace.
Según Greenpeace, "ni
la CNEA ni la ARN tiene la voluntad de respetar
las restricciones locales y las violan sistemáticamente".
Un cargamento similar de 120 toneladas de uranio
por el Puerto de Bueno Aires fue denunciado por
Greenpeace en 1998. "Todo indica que situaciones
así se reiteran frecuentemente", sostuvo
Casavelos.
"La ARN es cómplice
del incumplimiento de las normas que restringen
el transporte de sustancias dirigidas a la actividad
nuclear", agregó Casavelos.
El transporte de uranio es un
transporte riesgoso que requiere altos niveles de
control y seguridad. "La actitud de los funcionarios
de la ARN es de una total falta de respeto para
con las restricciones legales que existen en una
actitud que claramente apaña a una industria
sucia y de alto riesgo. Greenpeace demanda a las
autoridades locales de la Ciudad de Buenos Aires
que hagan cumplir la Constitución local y
a las autoridades de la CNEA y la ARN que sometan
sus actividades a la normativa legal existente en
cada jurisdicción.
En este sentido, Greenpeace convocó
a través de Internet a los activistas a exigirle
al Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), Raúl Racana, que haga cumplir
la prohibición que establece el artículo.26
de la Constitución de la Ciudad y que se
detenga el transporte de uranio por la Ciudad de
Buenos Aires.
