18 julio
2006 - Ciudad de México, México —
México sigue siendo uno de los países
con mayor deforestación en el mundo y es
absolutamente falso que esté recuperando
su vocación forestal, como afirmó
el secretario de Medio Ambiente, José Luis
Luege, durante el Día del Árbol. Y
es que las campañas de reforestación
no son la solución a la alarmante deforestación
de nuestro país y mucho menos sirven para
promover el desarrollo forestal sustentable.
Durante la celebración
del Día del Árbol, el pasado 13 de
julio, el secretario de Medio Ambiente afirmó
que “en los últimos cinco años han
sido reforestadas un millón de hectáreas
en todo el país y plantados mil millones
de árboles, con lo que a partir de hoy y
de aquí en adelante, México recuperará
su verdadera vocación forestal... el millón
de hectáreas reforestadas en la presente
administración, mantiene un nivel de sobrevivencia
del 58 por ciento...”
Sin embargo, estudios elaborados
por el Instituto de Geografía de la UNAM
estiman que la tasa deforestación de México
oscila entre 500 mil y 600 mil hectáreas
por año. Así, en el mejor de los casos,
la reforestación sólo alcanza a revertir
el 20 por ciento de la deforestación anual.
“No se sostiene la afirmación
de que México está recuperando su
vocación forestal, y menos cuando el 65 por
ciento de nuestros bosques permanece fuera de los
programas del gobierno federal para la conservación
de los recursos forestales”, afirmó Héctor
Magallón, coordinador de la campaña
de bosques y selvas de Greenpeace México.
Propaganda y realidad
Estudios de la propia Semarnat indican que, en promedio,
sólo sobrevive el 25 por ciento de los árboles
plantados en las campañas de reforestación.
Esto se debe a varias razones: las especies utilizadas
para reforestar suelen ser inadecuadas, no se adaptan
a las condiciones del lugar donde son plantadas,
no tienen la talla ni la edad suficientes. A esto
se suma la falta de capacitación de quienes
participan en estas campañas y la falta de
seguimiento de la reforestación.
“A pesar de estas limitaciones,
durante 2005 el gobierno federal destinó
a esta actividad casi un tercio de todos los apoyos
dirigidos al sector forestal y en 2006 incrementó
esos recursos en 120 millones de pesos, cuando debería
haber reforzado los programas de apoyo para el manejo
forestal sustentable de las comunidades y ejidos,
ya que éstas en conjunto poseen el 80 por
ciento de los bosques y selvas de nuestro país
y son las únicas que en verdad tienen el
poder de conservar los recursos forestales de nuestro
país”, continuó Magallón.
A pesar de haber declarado a los
bosques un asunto de seguridad nacional, el gobierno
federal ha destinado a este sector menos del 1 por
ciento del presupuesto de egresos. En 2006 destinó
apenas el 0.11 por ciento del presupuesto a la conservación
de los bosques y el 0.018 por ciento para apoyar
el manejo forestal sustentable de las comunidades
y ejidos forestales.
“La actual administración
ha tratado de acabar con la deforestación
por decreto, mientras mantiene sin apoyos a 36 millones
de hectáreas de bosques y selvas (65 por
ciento de esos ecosistemas), los cuales son susceptibles
de sufrir tala ilegal y de ser convertidos en potreros
y tierras de cultivo. La única manera de
que nuestro país recupere su vocación
forestal es apoyando a las más de 9 mil comunidades
y ejidos forestales que a pesar de poseer el 80
por ciento de nuestros bosques y selvas apenas reciben
el 20 por ciento de los apoyos destinados al sector
forestal”, señaló Magallón.
Estudios realizados por
el Instituto de Geografía de la UNAM en comunidades
que hacen buen manejo forestal en Quintana Roo y
Guerrero demuestran que, a pesar de la extracción
de madera que realizan, la tasa de deforestación
en estas zonas es equiparable a la de zonas mejor
conservadas de las áreas naturales protegidas.
Debido a esto, 41 de estas comunidades han recibido
un certificado internacional otorgado por la organización
internacional Forest Stewardship Council (FSC),
que garantiza que la madera que venden no es ilegal,
no destruye el bosque y que se hace un reparto justo
de los beneficios entre los integrantes de la comunidad.