08 agosto
2006 - DF, México — Es racista e inaceptable
la posición de la Profepa-Acapulco, que sostiene
que la calidad del agua de la región es “congruente”
con el tipo de turismo.
Al no tomar medidas contra los
vertidos de aguas negras y permitir la exposición
de la sociedad a la contaminación en las
playas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) infringen sistemáticamente
la ley y violan nuestro derecho a un medio ambiente
sano, denunciaron las organizaciones Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín¬Pro Juárez
y Greenpeace México.
Las leyes de Aguas Nacionales
y General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA) y los reglamentos internos
de Conagua y Profepa son los cuerpos legales que
regularmente desacatan Conagua y Profepa al permitir
a municipios costeros, hoteles e industrias de todo
tipo verter aguas negras a través de desagües
ilegales que rebasan la normatividad vigente.
Según la Ley de Aguas Nacionales,
la Conagua, órgano desconcentrado de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
tiene toda la facultad de inspeccionar, clausurar,
suspender, sancionar administrativamente e inclusive
denunciar ante el ministerio público las
descargas de aguas residuales que incumplan las
condiciones particulares de descargas, sin embargo
no actúan.
Por su parte, la Profepa incumple
por no formular denuncias y aplicar sanciones que
sean de su competencia. Una lamentable muestra de
esto la dio el delegado de Profepa en Acapulco,
Eloy Urroz Jiménez, quien afirmó que
“el problema de la contaminación en las aguas
de la playa de Caletilla está fuera de su
competencia, así como de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales”, con lo
que claramente evidencia muestra su desconocimiento
de la ley. Y sin embargo, más grave aún
que su ineptitud, fue su comentario racista acerca
de la calidad de las playas en ese importante destino
turístico: “la calidad del agua de mar en
Acapulco es congruente con el tipo de turistas que
tenemos”, en referencia a la población local
y al turismo nacional, y que “si se desea turismo
extranjero, deben mejorarse los estándares
de calidad”.
“Si ésta es la mentalidad
que prevalece en un funcionario responsable de perseguir
los delitos ambientales, ahora se entiende por qué
el medio ambiente del país se encuentra en
un estado tan lamentable. Como somos los mexicanos
quienes vivimos aquí, no vale la pena castigar
los ilícitos ambientales, pues la contaminación,
según Urruz Jiménez, es congruente
con nosotros y no tenemos derecho a un buen ‘estándar
de calidad’”, criticó Alejandro Olivera,
coordinador de la campaña de océanos
de Greenpeace México.
Cabe señalar que el vertido
de aguas negras puede incluso sujetarse al código
penal federal en donde se mencionan penas de uno
a nueve años de prisión y de 300 a
tres mil días multa, al que ilícitamente
descargue aguas residuales u otro tipo de contaminantes
en aguas marinas.
“Es muy delicado que las dependencias
del Comité de Playas Limpias no sepan hacer
su trabajo o no lo quieran hacer. Se pasan la bolita
con el problema. Es urgente que este Comité
se legalice formalmente y se establezcan reglas
de operación, para que a todos les quede
claro lo que deben hacer y para que se finquen responsabilidades
en caso de no hacerlo”, afirmó Olivera.
“La contaminación de las
aguas costeras de nuestro país por el vertimiento
de las aguas residuales (por la cual se ocasionan
daños al ecosistema ya sea de manera dolosa
o culposa, a través de acciones u omisiones,
por parte de autoridad o servidor público
directamente o mediante su autorización o
anuencia para que la realice un tercero) constituye
una violación al derecho humano a gozar de
un ambiente sano en perjuicio de la salud, la vida,
el trabajo y la información de los habitantes
de los municipios costeros y de los visitantes nacionales
y extranjeros. Con esto, se está vulnerando
el artículo 4° de la Constitución,
el artículo 26 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos, el artículo 11 del
Protocolo de San Salvador, el 34.1 de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos
y el 15 de la Carta Democrática Interamericana”,
afirmó Luis Arturo Macías del Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín¬Pro
Juárez.
Las organizaciones finalizaron
exigiendo a las dependencias involucradas que acaten
las leyes correspondientes para sancionar todas
las descargas que se vierten a las playas mexicanas.
