Investigar
las causas de las crisis del 89, 95 y 2000 podría
ser una herramienta para avanzar en la prevención
11 agosto 2006 - Madrid, España
— Greenpeace ha consultado las hemerotecas para
constatar que la peor ola incendiaria de la historia
reciente del Estado español tiene antecendentes.
Galicia sufre una cada 5 o 6 años. Este carácter
recurrente debería suponer también
una herramienta para poner en marcha mecanismos
efectivos de prevención.
1989: En los 8.243 incendios declarados
en Galicia ardieron 205.392 hectáreas (93.116
ha eran arboladas). Se estimaron unas pérdidas
de 15.000 millones de pesetas. Fueron detenidos
30 incendiarios, pero no se llevó a cabo
ninguna investigación. En los medios de comunicación
se acuño el término "terrorismo
incendiario".
1995: En el mes de abril, entre
el jueves y sábado santo, Galicia se vió
afectada en sólo tres días por unos
600 incendios forestales, con un saldo de 2.000
hectáreas quemadas. Fueron detenidos cuatro
incendiarios. Fraga afirmó: "Lo que
no se puede evitar es que haya algún terrorista,
unos políticos y otros medioambientalistas,
que aprovechen estas circunstancias".
Ese mismo año, entre el
25 y el 30 de agosto, se registraron más
de un millar de siniestros. El 26 de agosto se contabilizaron
280 focos diferentes. El 29 de agosto, en los alrededores
de Pontevedra, ardían los montes del Salgueiral,
Tenorio, Pontesampaio, Vilar, Marón, Xeve
y Castelo en 20 puntos diferentes. El fuego también
afectaba a la comarca de Santiago, O Morrazo (con
incendios en cinco municipios), el Parque Natural
de Corrubedo o Vimianzo y las llamas rodearon O
Courel. El 30 de agosto, 350 incendios mantenían
en vilo a los servicios de extinción de Galicia,
donde luchaban 4.000 personas. El suministro de
energía de Pontevedra quedó cortado
durante varias horas, con cortes en carreteras y
líneas telefónicas. Fueron desalojadas
viviendas en A Coruña y ardieron casas en
el Concello de A Merca. El balance, una vez terminada
la ola incendiara, fue de 4.289 focos de fuego y
de 49 detenciones. Ese año ardieron 46.669
ha.
La Xunta calificó de "terrorismo
incendiario" la profusión de fuegos
en Galicia. El fiscal jefe de Galicia afirmó
que "bandas organizadas de incendiarios han
convertido Galicia en una inmensa hoguera".
2000: Las intensas lluvias de
julio retardaron ese año la ola incendiaria.
Las condiciones metereológicas óptimas
se produjeron en la primera quincena de septiembre.
Las províncias de Lugo y Orense fueron las
más afectadas. Diez aldeas de Lugo tuvieron
que ser desalojadas el 17 de septiembre por un incendio
en Navia de Suarna (Lugo). Galicia vivió
la peor plaga de incendios desde 1995, el fuego
había arrasado hasta septiembre 30.000 hectáreas.
Al final del año habían ardido 45.952
ha.
Los incendios fueron especialmente
intensos en los alrededores de Ourense. A principios
de agosto el fuego quemaba montes de Santa Cruz
de Arrabaldo, Quintela, Reza, Velle y Os Peares.
El Delegado Provincial calificó este fenómeno
de "incendios de escaparate" y de estar
"planificados por el mismo cerebro".
"En septiembre de 2000 los
responsables de la Consellería de Medio Ambiente
señalaron al BNG y a la CIG como los "beneficiarios
del fuego" por "intentar rentabilizar
politicamente las consecuencias que tuvo la insistente
acción incendiaria".
Es un clásico atribuir
los episodios de olas incendiarias a la presunta
rentabilidad política. Se han acuñado
términos como “gente dispuesta a quemar Galicia",
"nuevo terrorismo forestal" "nueva
tipología de incendiarios", "organizaciones
incendiarias", "incendiarios organizados",
"organizaciones que intentan rentabilizar políticamente
los incendios", "trama organizada",
"incendiarios de escaparate". Un antiguo
informe del ICONA del 93 determinó que diez
de los fuegos que se produjeron en Galicia durante
el verano estuvieron provocados por "grupos
políticos para crear malestar social o como
forma de protesta".
"Resultaría peligroso
creer la teoría de que las olas incendiaria
buscan desgastar al Gobierno de turno. Si en el
año 2000 la sospecha recaía sobre
los partidos en la oposición, ¿sobre
quién debe recaer ahora la sospecha?",
ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable
de la camapaña de bosques de Greenpeace.
"Resulta cada vez más
claro que la política forestal y la política
antiincendios sólo puede abordarse desde
el consenso y un pacto político similar a
otros que han dado paz y estabilidad a otros asuntos
de la vida política" ha señalado
Soto. "Es necesario que nadie pueda pensar
que el fuego puede desgastar a ningún gobierno
o alcalde. Es vital que todas las energías
para poder afrontar las verdaderas prioridades de
la lucha contra incendios".
